Arranca el juicio contra Toño Sanchís, acusado de apropiarse de dinero de Belén Esteban
La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exrepresentante de la colaboradora televisiva y que indemnice a su empresa con casi 340.000 euros

La Audiencia Provincial de Madrid comenzará este lunes, 13 de octubre, el juicio contra Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, por apropiarse ilegalmente de más de 300.000 euros de la colaboradora televisiva durante varios años. El pasado viernes la Fiscalía ya anunció que pide que sea condenado a tres años y medio de cárcel por estos hechos. El Ministerio Público solicita, además, que A.S.G. indemnice a la sociedad de la afectada, Bem Imaging S.L., con 339.549 euros, que es la parte obtenida ilegalmente y que Sanchís aún no habría devuelto, y a pagar una multa de 3.600 euros. Bem Imaging S.L. es una empresa administrada por Belén Esteban, que es la perjudicada en el proceso, según datos recabados del Registro Mercantil y como han confirmado a la agencia Efe fuentes jurídicas.
El escrito de Fiscalía de cara al juicio sostiene que el acusado cometió un delito continuado de apropiación indebida entre 2009 y 2015. Fue en diciembre de 2015 cuando Belén Esteban rompió su relación laboral con Toño Sanchís después de encontrar supuestas irregularidades en sus cuentas. Una separación entre representante —en cuya carteta de clientes había otros famosos, como Terelu Campos, Álvaro Muñoz Escassi o Ylenia Padilla— y representada, que también mantenían una amistad, muy sonada y que ocupó varias horas de televisión, sobre todo en Sálvame, donde Esteban era colaboradora. Por ejemplo, Esteban contó que al recopilar facturas y documentación se encontró con que en ciertos trabajos no había cobrado nada o había recibido mucho menos de lo pactado. “Llevo años intentando recuperar lo que es mío y ha sido imposible porque dice que es insolvente, pero esto ya está en manos de mis abogados y voy a por él (…) Este no se va de este mundo sin devolverme lo que es mío”, dijo recientemente Esteban en un programa de televisión.
La Fiscalía relata en su escrito que el 13 de mayo de 2009 se firmó un contrato entre la perjudicada, que actuaba en nombre propio y en representación de Producciones Bem S.L. (que explotaba sus derechos de imagen), y la Agencia de Servicios Lorant S.L. (dedicada a la actividad de representación artística). El acusado era socio de esa agencia al 50%, junto con la persona que firmó ese contrato. En virtud del acuerdo, que se renovaba anualmente, la artista designaba a la citada agencia como su representante exclusivo para España y el mundo, de modo que la agencia recibía los pagos por los trabajos que hacía la clienta. Luego, la agencia pagaba a la artista, quien para ello tenía que emitir facturas a través sociedad Bem Imaging S.L., con el acuerdo de que la agencia cobraba un 20% sobre la cantidad en bruto que había recibido la clienta.
Según la Fiscalía, “por la confianza existente entre las partes”, era el acusado el que confeccionaba las facturas emitidas por la sociedad Bem Imaging, S.L. para presentarlas al cobro ante la agencia, y se aprovechó de esta situación para “obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial”. Lo hizo, detalla, aplicando una comisión superior a la del 20% estipulada en el contrato, obteniendo así ilícitamente un total de 362.248 euros, más el IVA correspondiente.
Finalizado el contrato, “y ante la negativa del acusado a rendir cuentas de su labor”, se interpuso una demanda por parte de la colaboradora de programas y participante de realities como Gran Hermano VIP, de Ben Imaging S.L. y de Producciones Bem S.L., contra la agencia de servicios Lorant, S.L., reclamando la entrega de esa cantidad. La demanda fue estimada en su integridad por sentencia de un juzgado de Torrejón de Ardoz y confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, de modo que se condenó a la agencia a pagar un total de 388.868 euros. Pero el acusado no pagó y la parte demandante solo consiguió recuperar 49.318 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de una vivienda en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo que “estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros”, detalla la Fiscalía.
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