Inversiones de alto vuelo revisadas con lupa
Aerolíneas y constructoras estudian la letra pequeña del plan de ampliación de aeropuertos ideado por Aena, que requiere una enorme fuente de financiación

El plan de inversiones anunciado por Aena el pasado septiembre, que supone casi 12.900 millones de euros para la red de aeropuertos, ha entrado recientemente en el proceso de consulta con las aerolíneas. Un paso que dará lugar al próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 3), que se publicará el año que viene y definirá las inversiones entre 2027 y 2031, periodo en el que la red debería alcanzar la neutralidad en emisiones. Respecto a la cifra anunciada, Madrid y Barcelona concentran más de la mitad del presupuesto (4.000 y 3.200 millones, respectivamente), aunque la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat queda condicionada por los acuerdos alcanzados en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible.
Como señalan fuentes de Aena, el volumen de inversiones en ambas ubicaciones responde, sobre todo, a un fuerte repunte de la demanda: “El tráfico en ambos aeropuertos está marcando récords mensuales en 2025, y para no llegar a traspasar su capacidad límite se han puesto en marcha sus ampliaciones”. Y es que, hasta agosto, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas había recibido un 2,7% más de pasajeros que en 2024 —récord absoluto— y casi un 10% más de mercancías, mientras que los registros del aeropuerto barcelonés fueron un 4,1% y un 7% superiores, respectivamente, en dicho periodo.
En cuanto al calendario, Aena confirma que la cuantía anunciada “se ejecutará íntegramente entre 2027 y 2031”. Al mismo tiempo, precisa que las grandes ampliaciones, por su envergadura, podrán prolongarse varios años más en su ejecución. Aunque se planificarán por fases, para ir poniendo en servicio subsistemas de forma paulatina y minimizar el efecto en la operativa.
En este sentido, el DORA 2 (en vigor entre 2022 y 2026) marcaba unas “moderadas” inversiones reguladas de 2.250 millones de euros, con el objetivo de recuperar los niveles de tráfico previos a la pandemia. Sin embargo, para Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), en la última década “hemos disfrutado de una sobreinversión en capacidad aeroportuaria, con instalaciones que probablemente estaban sobredimensionadas en algunos casos; pero es cierto que muchos aeropuertos ya están llegando a su límite”, admite.
Ahora, de los casi 12.900 millones anunciados por Aena, Gándara recuerda que unos 10.000 corresponden a inversiones reguladas que, en último término, se financian vía tasas; esto es, por parte de las compañías aéreas y los pasajeros. Para ALA, ese dato condiciona las prioridades de inversión: “Las obras deben ser necesarias y ejecutadas con la máxima eficiencia, no por decisiones de imagen”, reclama.
Recursos bien dirigidos
Así, Gándara pide centrar los recursos en resolver cuellos de botella reales —lo que incluye pistas, terminales y plataformas logísticas—, y en partidas operativas como ciberseguridad y energía fotovoltaica que reduzcan los costes a futuro. Advierte además de la diferencia entre incidencias puntuales, como las recientes huelgas, y un verdadero problema estructural de congestión. “Que los aeropuertos españoles no tienen, más aún en comparación con los del resto de Europa”.
En línea con la opinión de Gándara, en Vueling se acoge con cautela el paquete de Aena hasta conocer los detalles. Fuentes de la aerolínea, que es el operador líder en Barcelona-El Prat, señalan que, si bien se valora cualquier mejora operativa y de servicio que impulse la conectividad, esto “no puede traducirse en pérdida de competitividad ni en subidas de tarifas que repercutan en el precio del billete”. Asimismo, reclaman que las inversiones se ajusten a criterios de sostenibilidad y eficiencia económica.
A este respecto, destacan que el resultado de las tarifas aeroportuarias para el siguiente quinquenio “viene determinado no solo por el volumen de la inversión, sino también por la previsión de tráfico y los costes operativos”. Esperan, por tanto, que estas vayan alienadas con las estimaciones de organismos como ACI (Airports Council International), que prevé para España un crecimiento anual medio del 3,7% en los próximos 20 años.
Por su parte, Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), apunta a la fase de contratación y ejecución, destacando que, si bien “las obras anunciadas mejorarán la capacidad y la competitividad turística, su magnitud exige modelos de compra pública distintos a los habituales”. Núñez aboga por un sistema que aminore el riesgo económico de las ofertas, proponiendo limitar el peso del precio como criterio, valorar aspectos técnicos y sociales y adoptar modelos colaborativos de coste objetivo, para “transferir riesgos, preservar la capacidad industrial y garantizar plazos y presupuestos”.
En lo que respecta a las inversiones anunciadas, Seopan destacó en su Análisis de la Inversión Prioritaria en Infraestructuras en España, publicado en 2024 que las partidas previstas para los aeropuertos en los próximos años ascendían a 4.490 millones de euros, frente a los más de 51.000 para la red ferroviaria y los casi 27.000 para carreteras. Así, Núñez destaca que el modelo de contratación vigente en Aena registra la mayor baja ponderada en adjudicaciones entre los principales órganos de contratación del Ministerio de Transportes.
El efecto en el bolsillo de los viajeros
Pere Suau-Sánchez, catedrático en Gestión del Transporte Aéreo en la Universitat Oberta de Catalunya, sintetiza las consecuencias del DORA 3 en tres paradojas que afectarán no solo a las aerolíneas, sino también a los viajeros. La primera, derivada de un incremento inmediato de las tasas aeroportuarias, es que “los viajeros pagarán desde el inicio del periodo regulatorio, aunque los beneficios de las ampliaciones no se materializarán hasta finales del mismo periodo o incluso después”.
La segunda alude al mecanismo del Ingreso Máximo Anual por Pasajero, que supone implícitamente que los aeropuertos más rentables “subvencionan los regionales o los deficitarios”. Y la tercera: las aerolíneas financian la red regulada pero no participan de los beneficios comerciales que genera el mayor tráfico. “Esos ingresos no regulados revierten íntegramente al gestor”.
Suau-Sánchez recuerda que existen modelos híbridos, como en Ámsterdam o París, en los que parte de los ingresos comerciales se emplean para reducir tasas. Una vía que, según él, “merece ser explorada para alinear incentivos entre Aena, aerolíneas y pasajeros”.
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