Abusos, castigos y hacinamiento: la cara oculta del sistema de acogida en Canarias
Tras años de denuncias ignoradas, un juzgado especializado en violencia contra la infancia ha desencadenado una investigación que remueve los cimientos del sistema de protección de menores migrantes en Canarias.
¿Qué ha ocurrido exactamente? La justicia ha clausurado dos centros gestionados por la ONG Quorum Social 77, la organización que más menores migrantes acoge en Canarias.
- La policía autonómica detuvo ayer a la presidenta de la ONG, Delia García, y su director de centros, Enrique Quintana.
- Las actuaciones judiciales están bajo secreto de sumario, pero se investigan presuntos delitos de lesiones, amenazas, odio y omisión del deber de impedir delitos.
¿Por qué es relevante esta ONG? Porque atiende a cerca de 2.000 menores —más de un tercio del total— repartidos en unos 30 centros de acogida.
- Y desde 2019 ha recibido 23 adjudicaciones por valor de 22,1 millones por parte del Gobierno canario.
¿Qué denuncian los menores? Agresiones físicas, amenazas y castigos extremos.
Un ejemplo: en un centro del norte de Tenerife, varios adolescentes describieron cómo eran encerrados en la “habitación del pánico”, aislados, sin móvil, vigilados las 24 horas y obligados a comer y dormir en la cama.
¿Por qué se habla de descontrol en el sistema? Canarias acoge actualmente a más de 5.700 menores migrantes no acompañados.
- La masificación, la falta de personal formado y las adjudicaciones urgentes han creado un contexto propicio para la negligencia y los abusos.
¿Qué obstáculos enfrentan los menores que denuncian? Las víctimas deben seguir conviviendo con sus presuntos agresores. Este miedo ha silenciado durante años los abusos... hasta ahora.
©Foto: Ángel Medina G. (EFE)