Condenada una mujer que hace 14 años provocó un incendio forestal en la sierra de Madrid por quemar rastrojos en pleno verano
La causa estuvo paralizada hasta que reapareció al realizar “labores de ordenación de procedimientos” en el juzgado. La autora deberá pagar 1,4 millones de euros
El día 12 de julio de 2012, una mujer decidió limpiar su finca de El Vellón, en la sierra de Madrid, de rastrojos y malas hierbas. La señora, que en ese momento tenía 69 años, se puso a cortar el pasto y recoger los restos a una hora de máximo calor, las dos y media de la tarde. Después, arrojó todo a un bidón y le prendió fuego. Unas horas después, las llamas habían consumido 430 hectáreas de monte (cuatro veces el parque del Retiro), afectó a diversos hábitats protegidos y tuvo un alto impacto en el acuífero de Torrelaguna, el término municipal colindante con El Vellón. 14 años después, la señora ha sido condenada a un año y medio de prisión y al pago de casi 1,4 millones de euros, después de que la causa anduviera perdida en el juzgado durante varios años.
El día de los hechos, había unas tremendas rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y el termómetro marcaba los 34 grados. Con esas condiciones meteorológicas, la normativa establece que el uso del fuego en terrenos forestales requiere la autorización de la dirección general de protección ciudadana, algo que, en este caso, no sucedió. Las rachas de viento provocaron que las llamas se extendieran con gran velocidad e incluso llegaran a afectar a los terrenos en los que se encontraban dos viviendas habitadas. Por suerte, el incendio se detuvo en el vallado de la parcela, aunque se quedó a escasos metros de las casas. Aunque en las informaciones periodísticas del momento fue un hombre el que se hizo responsable de la quema de rastrojos, finalmente la condenada ha sido la señora. El letrado de la defensa se acoge al secreto profesional para no explicar este extremo.
El fuego provocó el despliegue de brigadas terrestres, bulldozers, brigadas helitransportadas, hidroaviones, helicópteros bombarderos y de coordinación. Todo este operativo tardó 21 horas en extinguir por completo las llamas, además de las labores de control que se prolongaron los días posteriores. La sentencia estima en casi 123.000 euros los costes de todo este despliegue.
Lo peor es el daño ambiental causado por el incendio. La resolución judicial indica que fue “significativo” y que afectó a “diversos ecosistemas y hábitats”. El fallo hace un listado de todas las especies que ardieron esas 21 horas de fuego: encinas, enebros, chopos, álamos, olmos, cornicabras… Los técnicos calcularon que para que el medio volviera a ser el de antes, habrían de pasar al menos 25 años. La pérdida económica se cifró en 860.000 euros.
También impactó tremendamente en un acuífero de Torrelaguna en el que existen sondeos del Canal de Isabel II que se usan para el abastecimiento urbano. La investigación estimó que 115.200 metros cúbicos se habían visto afectados por el incendio. Las llamas llegaron hasta otro acuífero, en esta ocasión de menos uso en el que solo había pozos aislados de los que se obtenían pequeños caudales. La Confederación Hidrográfica del Tajo cifró las pérdidas en 35.000 euros.
La investigación de este incendio sucedido en 2012 se prolongó hasta 2017. En julio de ese año empieza un vacío que se prolongó hasta agosto de 2022 en el que la causa se quedó en un limbo. El 8 de agosto de ese año una funcionaria de justicia reavivó el proceso y dejó constancia de que “realizando labores de ordenación de procedimientos se ha encontrado la presente causa”. Esta circunstancia ha provocado que la acusada pueda acogerse a la atenuante de dilaciones indebidas, que son aquellos retrasos injustificados que solo se pueden atribuir al funcionamiento de la justicia. Estos retrasos suponen una rebaja en la condena.
De este modo, 14 años después y ya cumplidos los 83 años, la mujer fue condenada a un año y medio de prisión, aunque no tendrá que entrar en la cárcel, y una multa de 360 euros. En concepto de responsabilidad civil se le impone el pago de 859.500 euros a la Comunidad de Madrid, 35.000, a la Confederación Hidrográfica del Tajo; 122.000 a la Dirección General de Protección Ciudadana y 8.900 a diferentes cotos de caza en los que se perdieron piezas de caza mayor y menor. La sentencia no se puede recurrir pues la acusada aceptó los hechos y su abogado pactó una conformidad con la Fiscalía.
