Más de 130.000 personas han reclamado la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid

Hace apenas seis meses, los madrileños empezaron a pagar un nuevo impuesto: la tasa de basuras, desembolso que varía según el municipio. En la capital, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) tuvo que corregir la ordenanza un mes y medio después de ponerla en marcha a raíz de las quejas de los vecinos y las críticas de la oposición para que se tuviera en cuenta el número de empadronados por vivienda. El resultado: los ciudadanos de la ciudad pagaron de media unos 142,6 euros al año por hogar para sufragar el servicio de recogida y tratamiento de los residuos, como calculó el Gobierno local. El descontento vecinal por la disparidad de tarifas entre barrios ―de los 60 euros en algunos a más de 200 en otros― se ha traducido en 130.187 reclamaciones presentadas ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) o a la Agencia Tributaria a 9 de febrero de 2026, según informa a EL PAÍS un portavoz del área de Hacienda, y ha señalado la delegada, Engracia Hidalgo, este lunes. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y Más Madrid recurrieron la ordenanza ante el Tribunal Superior de Justicia de la región, que aún debe dictar sentencia sobre el tributo.

“La inmensa mayoría de los recursos y reclamaciones interpuestas se basan en modelos difundidos por grupos políticos que se fundamentan en la impugnación de la validez de la Ordenanza”, señala el portavoz. Se refiere a las campañas que Más Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) impulsaron para animar a los ciudadanos a recurrir en masa el pago del “basurazo”, por considerarlo “injusto, desproporcionado y poco transparente”. En el área de Hacienda señalan que “ni la Agencia Tributaria de Madrid ni el TEAMM tienen competencia para pronunciarse sobre la validez de la ordenanza, potestad que corresponde únicamente a los tribunales”.

La Aedaf denunció a finales de enero que el TEAMM estaba “desistamando las reclamaciones presentadas por los contribuyentes de forma acelerada, sin esperar al pronunciamiento de los tribunales de justicia sobre la legalidad de la Ordenanza Municipal”, según expusieron en una nota de prensa, en la que también acusaron al órgano económico de resolver las reclamaciones en plazos “excepcionalmente breves —dos meses, frente al plazo medio de dos años reflejado en sus memorias— y de priorizarlas sobre miles de procedimientos pendientes". En el área Hacienda del Ayuntamiento indican que no tienen por ahora el dato de cuántas reclamaciones ha desestimado o aceptado a trámite el TEAMM.

El Consistorio estima que el cobro de la polémica tasa de basuras supone el ingreso de unos 300 millones de euros anuales en las arcas públicas. Si el TSJM anula la ordenanza, la tasa ya no podrá cobrarse con los parámetros actuales y el Ayuntamiento deberá modificarla o diseñar una nueva. Una vez anulada, el Consistorio no puede emitir nuevos recibos y solo quienes hayan pagado y recurrido el cobro a la Agencia Tributaria de Madrid o el TEAMM tienen derecho a recuperar lo abonado, salvo si la sentencia establece una devolución general.

Almeida dijo el pasado jueves que “de la sentencia sobre la tasa de basuras espera seguridad jurídica”. Para el alcalde, el fallo servirá para orientar y establecer “los parámetros de la tasa de basuras y los elementos que determinen su cuantía”. “Confiamos en que la sentencia sea favorable. Y, si no lo fuera, al menos permitirá que el TSJM marque los criterios que deben aplicarse. No solo para el Ayuntamiento de Madrid, sino para todos, porque la realidad es que cada uno ha adoptado un modelo distinto, y eso demuestra que el Gobierno de España no ha regulado adecuadamente esta cuestión”, añadió en la rueda de prensa semanal posterior al consejo de gobierno.

Desde que entró en vigor la ordenanza, el Ayuntamiento ha defendido que la culpa es del Gobierno de Sánchez por aprobar la Ley 7/2022, que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a cobrar un tributo que refleje “el coste real” de la gestión de los residuos. La norma es una transposición de una directiva europea aprobada en 2018 para alcanzar los objetivos de gestión de residuos urbanos: la UE exige llegar al 55% de reutilización y reciclaje de residuos para 2025. Los grupos políticos de la oposición esgrimen ante el argumento del Consistorio que el Ejecutivo municipal dispone de autonomía para diseñar el sistema de recaudación y que el aplicado por el PP municipal es injusto porque no tiene en cuenta la renta de sus habitantes, si reciclan o no, o la presión de los pisos turísticos en los barrios del centro.

La tasa aprobada por Almeida varía para cada propietario en función del valor catastral de su vivienda y de dos indicadores: el volumen de basura generada en el barrio y una medida de la “calidad de separación” en el reciclaje, si los residuos se separan bien o no. Además del número de personas empadronadas en la vivienda, novedad que se introdujo tras las quejas vecinales y políticas. Quienes residan en un domicilio diferente al del padrón podrán notificarlo para que se les aplique la tarifa que les toca en función del barrio.

La líder de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, considera que la tasa de basuras del Gobierno de Almeida es “una chapuza administrativa y legal” porque “no tiene en cuenta el fomento de la separación y reciclaje de residuos” y “se aleja del espíritu de quien contamina paga”. Y añade: “En algunos barrios con saturación turística son los vecinos los que acaban pagando el exceso de residuos que genera el turismo, mientras, por cierto, se niega a aplicar una tasa turística”. Maestre señala el municipio de Rivas como “ejemplo” en la gestión de residuos, donde los vecinos llevan décadas pagando el tributo, unos 55 euros al año, un tercio que la media de la capital. “Advertimos que tal como se estaba planteando era injusto y podría ser un problema. Veremos qué dice la justicia”, concluye la concejala.