La Fiscalía pide 98 años de cárcel para ‘El Toba’, el frutero pederasta de Valdeavero

El juicio contra Cristóbal L. por agredir sexualmente a diez menores, de entre 3 y 13 años, amigos de sus hijos, debía haberse celebrado hace casi un año, pero una baja médica de su abogada lo aplazó hasta este miércoles, cuando se habrán cumplido entre cinco y siete años de los hechos que se le imputan, ocurridos entre 2018 y 2020. El Toba, como es conocido popularmente este pederasta que se encuentra en prisión por una violación anterior a otro menor, era el propietario de una frutería en la localidad madrileña de Valdeavero (1.800 habitantes), donde presumiblemente agredía a los niños.

“Se aprovechaba de la amistad de uno de sus hijos con esos chicos a quienes solía saludarles tocándoles los genitales por encima de la ropa. Luego, cuando iban a la frutería o a su casa con sus hijos, lo hacía por debajo de la ropa”, defiende la Fiscalía, que pide para él 98 años de cárcel. No consta que sus hijos tuvieran conocimiento del comportamiento de su padre. Los niños solían jugar al fútbol en la misma plaza del pueblo, donde estaba emplazada la frutería, adonde solían acudir los niños a buscar a sus amigos.

El Ministerio Público le imputa cinco delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con violencia o intimidación (y le pide diez años por cada uno), tres delitos continuados de abuso sexual sobre menor de 16 años (seis años por cada uno) y dos delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con acceso carnal cometido con violencia o intimidación (15 años).

Privado de libertad

El acusado ha estado privado de libertad por esta causa desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 18 de octubre de 2021, con la prohibición de entrar y residir en Valdeavero y de aproximarse a menos de 500 metros de los menores. Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía le reclama 154.000 euros para estos diez menores.

Según lo previsto en la vista oral frustrada hace casi un año, el juicio se extenderá previsiblemente a lo largo de tres jornadas en las que se podrá escuchar la declaración del acusado y de los menores, sometidos a una fuerte presión psicológica para enfrentarse a estos dolorosos recuerdos. En este caso, la jueza de instrucción no aceptó que se practicara una prueba preconstituida, es decir, un interrogatorio previo a la vista oral para víctimas especialmente vulnerables —como los niños—, en un entorno más agradable que un juzgado y acompañados por un psicólogo. Esta será previsiblemente la única vez que declaren los menores en todo el proceso, para evitar la revictimización con sucesivos interrogatorios.