La Universidad pública Rey Juan Carlos, condenada por dos casos de acoso laboral a una catedrática y a un profesor

Cuando el profesor Salvador Perelló, Director del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), habla de la catedrática de su departamento Clara Muela, usa términos como: “Esta tipeja”, “Esta inepta”, “esta corrupta”, “esta mentirosa patológica”, “esta tarada”... y un rosario interminable de apelativos despectivos. Lo mismo hace con su compañero, Luis Miguel Ramero, profesor titular de Gestión y Dirección de Comunicación Estratégica. Se refiere a él como “un delincuente, un fascista y un corrupto”, y añade sin empacho: “Como su esposa”. Lo hace así y se jacta de ello: “Me ratifico en todos mis calificativos, palabra por palabra, ponlo cuando lo escribas, por favor”, insiste, a la par que les ridiculiza e insulta en la red social X. Dos sentencias, recurridas en su día por la universidad, han dado sin embargo la razón a los profesores y condenan a la institución académica a indemnizarles con miles de euros y a aplicar el protocolo antiacoso, porque no lo hicieron cuando conocieron los hechos.

“La universidad ejecutará las sentencias”, asegura un portavoz, que recuerda que tras las elecciones a rector de finales de mayo pasado “el equipo de gobierno y de gestión se ha renovado completamente. ”El nuevo equipo rectoral pretende buscar una solución a este conflicto y lamenta que se haya llegado a esta situación". No obstante, tras tres años de baja, Clara Muela se ha tenido que reincorporar hace un mes a su opuesto de trabajo con su “acosador” como jefe. Luis Miguel Romero, cuya sentencia también recurrió la universidad y aún no es firme, lo hizo en septiembre de 2024, tras 12 meses de baja, y ahora anda eludiendo los encuentros con su supuesto acosador, porque a su vez este (Perelló) le ha denunciado por acoso. Las sentencias lo dejan claro: “La universidad no afrontó el problema”, con la excusa de que el proceso estaba judicializado.

El origen del conflicto es el nombramiento el 23 de julio de 2021 de la catedrática Clara Muela como directora en funciones del departamento de Ciencias de la Comunicación, tras la renuncia de Perelló y de su segunda en antigüedad, la profesora María Rosa Berganza. Pero, en cuestión de días, lo que parecía una decisión acordada internamente, se convirtió en una guerra abierta de poder por la constitución y organización del propio departamento. Perelló y Berganza consideraban que la la directora en funciones debía convocar inmediatamente elecciones a director de departamento. Pero Muela entendía que legalmente era necesario esperar a que estuviera constituido el departamento como tal con la participación preceptiva de los estudiantes, como así se demostró después que debía ser. Tres meses después de desatarse esa conflictividad con Perelló, en diciembre de 2021, hasta 16 profesores solicitaron el cambio de departamento.

En total, para Clara Muela fueron nueve meses de mensajes ofensivos, desplantes y humillaciones privadas y públicas, denunciados en distintos departamentos de la Universidad sin que se produjese actuación alguna. Hasta que la catedrática interpuso una denuncia por la vía judicial. Hubo múltiples, reiteradas y desesperadas denuncias de ambos profesores ante las constantes faltas de respeto y la montaña de mensajes ofensivos de Perelló. Acudieron a todas las ventanillas universitarias posibles sin que nadie actuara. “La universidad, como empleadora, no ha garantizado eficazmente la seguridad y la salud de la demandante tomando las medidas para evitar los riesgos psicosociales, pese a que disponía de un instrumento para encauzarlo, pues tenía un protocolo de prevención y actuación frente al acoso”, reza la sentencia firme de Muela. “Debería haberse realizado una propuesta de reacción en el plazo de dos meses con unos pasos claramente marcados en ese protocolo”, asevera. “Pero lo que nos encontramos es un intercambio de correos, Defensor Universitario, Inspección de Servicios, Rectorado, vicerrectorado, en los que se va trasladando un problema que no se afronta”.

Perelló es constantemente aludido en estas sentencias junto a su metralleta de mensajes peyorativos y humillantes lanzados en todos aquellos meses (“estás mal de la cabeza”, “vete a tomar por el culo”, “nadie ha demostrado ser tan torpe”, “eres un fraude”, “estás desnortada”, “eres una inútil, acomplejada”, “pareces una enajenada”, “cambia de psicóloga”...) se hace el sueco en este asunto. Dice que él no sabe nada de esas sentencias: “Yo no soy parte de ese procedimiento, la condenada es la universidad, que habrá actuado con más o menos acierto, yo no he podido explicarme ni se me ha dado traslado nunca de nada”, argumenta. Y recuerda que las denuncias que presentó inicialmente Muela por lo penal acusándolo de “acoso” (él también la denunció, en respuesta) fueron archivadas al entender el tribunal que el asunto no tenía entidad penal, sino que era “una cuestión de ”discrepancia administrativa”. “Ninguna sentencia ha establecido nunca que yo sea un acosador”, matiza Perelló. Sin embargo, en uno de aquellos correos cruzados entre departamentos universitarios, la inspección universitaria reconoce que hay “indicios de acoso”, aunque nadie actuó.

“Ese fue mi error”, reconoce Muela, ante la inacción de la universidad, “utilicé, por ignorancia, una vía judicial errónea para mi caso; he aprendido que los casos de acoso deben de resolverse con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la mano, por la vía civil, ahí sí he ganado, porque nadie nos ha protegido de nuestro acosador, han renunciado a actuar pese a existir los protocolos adecuados para hacerlo”, advierte.

Los jueces le han dado la razón y exigen ahora que, aparte de alejarla de su acosador y de realizar un seguimiento de su caso y de su salud mental, la universidad debe indemnizarla económicamente. Inicialmente, el tribunal falló una indemnización de 122.963 euros. Sin embargo, tras el recurso presentado por la institución académica, la indemnización ha quedado reducida a 9.830 euros. Ya han pasado los dos meses de plazo para ejecutarla y no solo no ha cobrado sino que ha tenido que volver a trabajar con Perelló como jefe de su departamento.

“Para mayor abundamiento, la universidad, en junio de 2024, al cumplirse 700 y pico días de baja, no me concedió más licencias”, cuenta Muela, “Al no tramitar licencias, MUFACE no me ingresaba el subsidio y la universidad me retiró los complementos salariales, es decir, durante un año, he estado cobrando el sueldo base, un tercio de mi salario. Y ahora me toca reclamarlo todo. Tuve que pedir cuatro anticipos de mi plan de jubilación que tendré que reponer con un incremento del 3%”, detalla la catedrática, que lleva tres años sometida a tratamiento por “una reacción adaptativa en relación a una problemática laboral cuya evolución depende de la resolución el tema laboral por vía judicial”, señalan los informes médicos aportados a la causa. “Existe una causalidad directa entre los hechos denunciados y la presencia del trastorno”, remacha el informe forense.

Multas coercitivas

En el caso del profesor Romero, llovía sobre mojado porque él siguió la estela judicial de Muela. Actualmente, está a la espera de que su sentencia sea firme, tras haber sido también recurrida por la universidad. El juzgado de lo Social número 3 de Móstoles le dio las mismas razones que a la catedrática y solicita para él una indemnización de idéntica cuantía; 9.830 euros. Romero regresó al trabajo en septiembre del año pasado por consejo de su médico y de su psiquiatra, ya que todo el año que estuvo de baja estaba afectando al desarrollo de su carrera profesional y “pensaron, además, que la universidad tendría que tomar de manera preventiva las medidas dictadas en la sentencia”. Pero la única medida que tomaron fue realizarle una revisión médica, como a cualquier persona que tiene una baja de más de 60 días. El pasado 3 de junio, la jueza de Móstoles, tras comprobar que la solicitud para la ejecución provisional de las medidas no se había llevado a cabo, advirtió a la universidad de la posibilidad de imponerle multas coercitivas, además de solicitar por segunda vez la ejecución provisional de las medidas.

“Yo no tengo ni idea de la sentencia de la que me hablas. No soy parte ni tengo nada que ver. Ni la universidad me comunicó nunca nada. Además, ni siquiera es firme”, insistía Perelló a las preguntas de este periódico. “Me enteré de su existencia porque este corrupto [en referencia a Ramos] fue a El Español a publicar lo mismo que os quiere colar a vosotros”, agregaba dando por hecho que el profesor era el informante y calificando, de paso, al periodista de la citada publicación de “muy limitado”. Según él, pronto el departamento que él dirige será el único de la Universidad, ya que se producirá una fusión de los otros dos con este y, “entonces”, anuncia la jugada, “tendrán que convocarse elecciones a director”.

Entre tanto, la universidad ha respondido a las demandas de la catedrática Clara Muela de usar sus vacaciones para no tener que volver a encontrarse cara a cara con Perelló en estos términos: “Estimada Clara”, encabeza el mensaje del pasado 27 de mayo la responsable de personal, “el permiso de vacaciones lo tienes que tramitar en tu Departamento. En el Servicio de Personal docente investigador (PDI) no llevamos la gestión de las vacaciones”. Es decir, debe ser Perelló, la persona por la que se ha mantenido tres años fuera de la institución universitaria, distanciada de su trabajo, en terapia y sumida en una lucha judicial, quien le dé permiso, pese a que existe una sentencia firme del pasado 21 de abril que le da la razón y obliga a la universidad a alejarla de su supuesto acosador.