Una ‘cárcel’ de mujeres maltratadas en Madrid: “Nos amenazan con expulsarnos”, “nos insultan”

Hay una casa en Madrid a la que llaman, coloquialmente, Guantánamo, dentro de la red de casas de acogida. Tiene el aspecto de una casa por fuera, habitaciones, baños, salones... pero es “una cárcel” por dentro, según los testimonios de sus vulnerables inquilinas y de un buen número de trabajadoras y educadoras sociales, que la Fiscalía ha puesto ahora en manos de un juzgado de Arganda del Rey para que depure responsabilidades si lo considera oportuno.

Se trata de un lugar secreto, que no debe de ser desvelado por motivos de seguridad. Un refugio por un máximo de tiempo de un año para 22 personas: mujeres que huyeron de la violencia de sus parejas con sus hijos. Sin embargo, leyendo y escuchando sus relatos anónimos... “Nos amenazan constantemente con expulsarnos”, “nos insultan”, “nos ponen motes despectivos”, “nos cuestionan como madres”, “nos enfrentan entre nosotras”, “si llegas cinco minutos tarde, amonestación”, “si no has puesto la hora en la que has fregado el suelo, amonestación”, ”si no te comes la comida, amonestación”, “si te quejas por algo, venganza...”, “Si no vas a una actividad...”, recogidos por la Casa de las Mujeres de Vallekas, cualquiera entiende el sobrenombre que le dan a ese lugar que dirige desde hace diez años con puño de hierro la psicóloga Patricia Horcajo. “Si me disculpa, me voy a acoger a mi derecho a no declarar”, contesta por teléfono, al ser preguntada por el asunto.

Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, de la que depende este recurso gestionado por la asociación Trama con una licitación de casi un millón de euros, aseguran que la Dirección General de la Mujer dio traslado también a Fiscalía de las decenas de denuncias remitidas hace meses por la asociación vallecana, pero “se archivó por no hallarse indicio alguno de delito”.

La Fiscalía de Madrid confirma, sin embargo, que el caso está ahora en manos de un juzgado de Arganda del Rey, pendiente de que se admita o no a trámite la denuncia de la Fiscalía de Alcalá de Henares. Entre tanto, algunas de esas mujeres que superaron el miedo y se atrevieron a denunciar y a contar su experiencia en Guantánamo, han preferido volver con sus agresores a seguir en el centro, otras se han buscado la vida en casas de amigas o conocidas, y las más afortunadas han encontrado un trabajo estable y una vivienda para reiniciar su vidas. Huyendo, de nuevo. Solas, de nuevo. Aisladas, de nuevo. Asustadas, de nuevo.

“Permanecían aterradas, encerradas en sus habitaciones con miedo a que se les recriminara cualquier cosa, se les amonestara y se les sancionara: con no salir el fin de semana, con turnos de limpieza o de comida incompatibles con sus empleos... Y al caer la noche, cuando se iba la educadora de la tarde, comenzaban a abrir las puertas: ”¿Se ha ido ya?“, preguntaban en voz baja por el pasillo”, recuerda una de las trabajadoras que ha permanecido en el centro hasta este mismo año y durante tres. Solo entonces, en la penumbra y en voz baja, comenzaban las confesiones, los desahogos, decenas de cuchicheos convertidos en un sonoro eco de miedo envasado al vacío. Hasta que una rompió el hielo: “Una sola no puede hacer nada, pero todas juntas quizá sí”. Y comenzaron a escribir sus historias anónimamente, para no ponerse en peligro ellas ni sus hijos y las hicieron llegar a la Asociación de Mujeres de Vallekas, que la escuchó, las compiló y les dio trámite legal.

“Hace meses que acudimos a la Dirección General de la Mujer para contarles lo que nos estaba llegando”, relata Carmen Diez, de la Asociación de Mujeres de Vallekas. “Sin embargo no fue hasta que tramitamos la denuncia por Fiscalía que reaccionaron”, agrega.

Motes vejatorios

A una la llamaban “la pena mora”, a otra “el lamento boliviano”, otra era “la supermadre”, otros “los negros”... Los testimonios de usuarias y trabajadoras de este recurso de la Comunidad de Madrid, coinciden en los innumerables motes con los que se refería el equipo directivo a las mujeres y a sus familiares. Pero también en los malos tratos recibidos por lo que llaman el “núcleo duro” de profesionales (psicólogas, educadoras, trabajadoras sociales y hasta la cocinera) responsables del funcionamiento de la casa: Amenazas de expulsión, sanciones arbitrarias, prohibiciones constantes, alimentos en mal estado, desatención grave en cuestiones de salud, registro de pertenencias y habitaciones, controles de movimiento, obligación de salidas y de talleres contrarios a la conciliación, rigidez horaria, encierros... “No podíamos fiarnos ni de la psicóloga porque usaban la información en nuestra contra”, relatan.

“Soy una madre de tres hijos”, arranca una de las cartas, “me he sentido maltratada, cuestionada como madre, invisibilizada y estresada, haciendo mi proceso de recuperación más complicado y duro de lo que ya es de por sí”. “Me he sentido amenazada y todo el tiempo con miedo a ser expulsada y verme en la calle con mis hijos”, asegura otra usuaria. “Nos sentimos anuladas e invisibilizadas, nos quitan voz”, escribe una tercera. “No tienen en cuenta nuestro espacio ni el descanso, ni respetan nuestras decisiones con respecto a la crianza de nuestros hijos. Tenemos una sensación de control constante y cuestionamiento de cada cosa que hacemos”, señala una tercera... Los testimonios escritos se suceden: “Estamos desbordadas de actividades que no nos dejan espacio personal”. “Si nos ven en grupo, les molesta que estemos unidas, están creando constantes rivalidades en las cuales no somos participes. Da la sensación de que quieren dividirnos porque todo lo que hacen va en contra de que nos apoyemos, nos organicemos y nos ayudemos unas con otras. La directora es quien nos dice que deberíamos estar agradecidas y que ya sabemos dónde está la puerta si no nos gusta”. “Nuestra sensación es de estancamiento, que no avanzamos porque estamos constantemente conectando con las conductas del maltratador”. “A las [educadoras] que se portan comprensivas con nosotras les quitan el puesto y las que nos tratan como si estuviéramos pagando una condena las dejan”. “La única salida es irse y abandonar los objetivos que nos plantean en la red”, concluye otra.

Las trabajadoras que, “a riesgo de sufrir represalias”, confirman esas denuncias, señalan: “He podido ver como se aísla a las mujeres, se las vigila y controla de manera excesiva, se las juzga como madres y como mujeres”. Y también: “no se tiene en cuenta los procesos personales de cada una de las mujeres y existe una tendencia excesiva a amonestar”, “el trato es denigrante y les hablan mal”. “Se respira una ambiente triste en ese centro, todo es sombrío y silencioso, las mujeres suelen permanecer en sus habitaciones, evitan salir y muestran incomodidad”. “Hacen burlas, menospreciándolas y haciéndoles el vacío”...

La Comunidad de Madrid, conocedora de los hechos desde hace meses y preguntada por los medios de comunicación por el asunto en los días previos, ha anunciado este miércoles que han remitido una carta a la directora general de Mujer de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes, para que de explicaciones sobre la causa judicial abierta, las dos investigaciones que mantiene abiertas la Comunidad de Madrid y el por qué esa empresa sigue recibiendo dinero de la Comunidad de Madrid.

Decenas de testimonios de usuarias y trabajadoras están ahora en menos de un juzgado de Arganda que tiene que decidir si investiga lo denunciado por la Fiscalía o lo archiva.