Condena pírrica para el técnico de Hacienda que se quedó con dinero de devoluciones de la renta

El funcionario de la delegación de la Agencia Tributaria de Santiago juzgado este miércoles por quedarse con dinero procedente de las devoluciones de la renta de varias empresas no irá a prisión al haber confesado los hechos, a pesar de que la Fiscalía solicitaba para él una condena de 13 años de cárcel. La defensa del funcionario, el fiscal y el abogado del Estado alcanzaron un acuerdo de conformidad que deja sin efecto la pena de privación de libertad que conlleva la pérdida del empleo como informático, todo ello supeditado a que el ya exfuncionario no vuelva a delinquir en los próximos cuatro años.

La vista por este caso que iba a celebrarse en la sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago, se quedó en un acuerdo de conformidad entre las partes. El acusado ha reconocido que, además de sustraer devoluciones de la renta falsificando documentos, cobró créditos utilizando para ello un perfil con una identidad falsa y suplantando la un compañero de trabajo. También ha aceptado el pago de las cantidades robadas con los intereses pendientes y una multa.

En la sentencia de conformidad, en la que se ha tenido en cuenta la reparación del daño con la devolución de las cantidades sustraídas y las dilaciones indebidas en el proceso, se le imponen al acusado trabajos en beneficio de la sociedad para suspender la pena de prisión. También incluye la pérdida del empleo como funcionario, así como 11 años de inhabilitación para cargo público. El hombre ha admitido ser autor de un delito de estafa, que ahora se ha tipificado como no agravada, uno de falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales y cinco delitos de acceso no autorizado a perfil público.

Según el acuerdo, por los delitos de estafa y falsedad ha sido condenado a un año y un mes de prisión y multa de 360 euros; por el delito de blanqueo de capitales, a dos meses y 29 días de prisión (sustituidos por trabajos a la comunidad) y una multa de 5.681 euros; y por cada uno de los delitos de acceso no autorizado al sistema informático de Hacienda, a 18 meses y 10 días de multa. Todas las partes han estado de acuerdo en suspender las penas de cárcel si el procesado abona los 7.800 euros de intereses y las multas, y no delinque en los próximos cuatro años. Además, se le han impuesto otros 190 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Según el escrito de acusación del ministerio público que ha reconocido el acusado, este creó una identidad falsa con la que abrió dos cuentas bancarias y tres líneas de teléfono, y aprovechó sus credenciales como trabajador de Hacienda para acceder a varios expedientes tributarios que se tramitaban en la delegación de Santiago de la Agencia Tributaria. Así, cobró cinco devoluciones de declaraciones de la renta de otras tantas empresas por un total de 11.900 euros y pidió un crédito de 31.000 euros. Todas estas cuantías fueron abonadas en la cuenta bancaria creada por el acusado. Además, solicitó supuestamente otros dos créditos a nombre de un compañero por un montante de 35.000 euros que, otra vez, fueron a parar a la cuenta bancaria a nombre de la identidad falsa generada por el procesado.