La oposición de València reclama a la alcaldía un informe que revise la permuta de 39 pisos protegidos

Los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, han solicitado a la alcaldía del Ayuntamento de València un informe completo sobre el expediente de la permuta que ha dejado sin vivienda de protección pública a 39 familias. El objetivo es que se revise tanto la operación aprobada por el gobierno de María José Catalá como la documentación aportada por las familias afectadas, donde se acredita que las viviendas estaban ya prerreservadas y, por tanto, comercializadas antes de culminarse la adjudicación.

El grupo municipal socialista, que ha llevado el caso a la Fiscalía, desveló hace una semana la permuta de varios solares de propiedad municipal —con capacidad para construir más de 200 VPP— por un edificio de 39 pisos de protección pública en el barrio de Patraix que, según su portavoz, Borja Sanjuan, ya estaban prerreservados por otras tantas familias a pesar de que el concurso público de la permuta exigía que esos pisos no estuvieran previamente comercializados.

“Le hemos pedido a la Abogacía que revise tanto el expediente de la permuta como los documentos presentados por los afectados, en el que ponían en conocimiento que las viviendas tenían una prerreserva y, por tanto, estaban comercializadas”, ha declarado el portavoz socialista, a quien no le basta el anuncio del Gobierno local, de PP y Vox, de que solicitará un informe a los servicios jurídicos municipales sobre la operación.

“Aquí hablamos de 39 familias que ya tenían asignada una vivienda de protección pública y que ahora se ven en la calle por una operación que huele a pelotazo urbanístico”, ha denunciado la portavoz de Compromís, Papi Robles. “Lo mínimo exigible es un informe jurídico riguroso, con toda la información sobre la mesa, no un trámite a medida para tapar responsabilidades políticas”.

Los socialistas sostienen que el Ayuntamiento de València sabía que esas viviendas de protección pública que la promotora Domio entregó al Ayuntamiento a cambio de varios solares públicos en la ciudad y una compensación de 1,5 millones de euros, estaban apalabradas a particulares, algo que no permitía el concurso público para la permuta.

Sanjuan aseguró que hay representantes de las familias afectadas que hace un tiempo —citó un caso de julio de 2024— hicieron varios registros de entrada en el Ayuntamiento para acreditar que eran depositarios de un derecho respecto a las viviendas protegidas incluidas en la permuta.

“Se puede demostrar que la fecha en la que tenía conocimiento el Ayuntamiento [de los derechos de esas familias] es anterior a la fecha en la que la empresa depositó el anexo en el que declaraba que esas viviendas no estaban comercializadas, en julio de 2025″, subraya Sanjuan.

El Gobierno local ha requerido a la promotora para que acredite que la declaración responsable que hizo para optar a la permuta, atendía a las bases del concurso público y ha pedido además un informe sobre su corrección a los servicios jurídicos municipales. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ya ha anticipado que la operación fue “impecable” porque se llevó a cabo “con todos los informes a favor”.

La polémica operación añadió en el pleno municipal del pasado martes otra denuncia más de los socialistas. Sanjuan explicó que a esa permuta se presentó “solo una empresa” porque otra que concurrió “no acabó de entregare los papeles”, además de afirmar que la empresa elegida está relacionada con “una abogada de la Generalitat” a la que “el PP nombró abogada coordinadora de la Generalitat en 2023”.