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La jueza de la dana pide a El Ventorro la factura y una foto del reservado donde comieron Mazón y Vilaplana

La magistrada solicita al dueño del restaurante la comanda de los dos comensales

Joaquín Gil

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, quiere desgranar todos los detalles de la comida que el 29 de octubre de 2024 celebraron durante casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro de Valencia el ahora presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana.

Tras escuchar la declaración como testigo el pasado viernes de Alfredo Romero, dueño de la casa de comidas, la magistrada ha acordado pedir a este empresario una foto del reservado que acogió el almuerzo y las medidas del espacio. La instructora le requiere también la factura de la cuenta y los detalles de la comanda de un ágape que se desarrolló mientras la catástrofe más letal del siglo dejó 229 muertos y un reguero de destrucción en Valencia.

El almuerzo —según declaró Romero en el juzgado— se desarrolló en un reservado en la primera planta del restaurante con capacidad para cinco comensales. Consistió en un menú cerrado e incluyó una botella de vino, “probablemente una caña inicial” y varias botellas de agua. Concluyó a las 17.00. Y los clientes extendieron la sobremesa hasta las 18.45 y salieron “no más tarde de las 19.00″. La Generalitat hizo la reserva “dos o tres días antes” y el PP de Valencia abonó la cuenta a través de una transferencia, según apuntó ante la instructora el restaurador, que al comparecer como testigo tenía la obligación de decir la verdad.

La jueza justifica en un auto pedir la imagen del reservado con el argumento de que resulta clave para analizar si Vilaplana pudo escuchar las conversaciones de Mazón sobre la crisis. El jefe del Consell mantuvo ocho llamadas entre las 17.37 y las 18.30 horas desde la casa de comidas con personalidades como la entonces consejera de Justicia e Interior y principal imputada en la causa, Salomé Pradas, o el presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicente Mompó. “Con idéntica motivación, y dado que la fotografía por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala, es preciso que se facilite por el titular del restaurante las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida”, responde la instructora a esta solicitud que ha hecho la acusación popular que ejerce Ciudadanos.

Para sostener la petición de solicitar al restaurador la factura de la cuenta, la magistrada apunta que se enmarca en la necesidad de precisar “la extensión de dicho ágape”. La comida se prolongó, según la periodista, que ha cambiado tres veces de versión en un año, entre las 15.00 y las 18.45 horas. Y la jueza justifica que, a raíz de iniciar la investigación sobre el almuerzo —que arranca después de que la Audiencia Provincial de Valencia diera luz verde a tomar declaración como testigo a Vilaplana— ha acordado las comparecencias de los escoltas, el chófer y seis altos cargos de Mazón, entre los que figura el sucesor del barón popular y secretario general del PP de Valencia, Juanfran Pérez Llorca, que desfiló por el juzgado de Catarroja como testigo el pasado viernes. “No es lo mismo que la comida hubiera terminado, que los clientes estuvieran en la sobremesa. También justificaría lo consumido una salida más tardía del restaurante y en qué momento los escoltas pudieran haber sido testigos de comentarios y conversaciones relativas a la emergencia”, añade la instructora.

La solicitud de requerir la factura de la cuenta fue solicitada por la acusación popular que ejerce en la causa Acció Cultural del País Valencià.

La instructora investiga la factura del sucesor de Mazón

Tras escuchar también el pasado viernes la comparecencia como testigo de Pérez Llorca, la magistrada ha solicitado el cotejo de los mensajes de WhatsApp que el día de la dana cruzó el sucesor de Mazón con los dos investigados en la causa: la exconsejera Pradas, y quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso. La instructora requiere también la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), donde es alcalde Pérez Llorca. Desde este terminal, el también secretario general del PP de Valencia llamó a las 18.57 horas al barón popular. Y estableció comunicación con Pradas (18.57, 18.58 y 18.59). La magistrada quiere saber si las llamadas son entrantes o salientes y su duración. Y da cinco días al candidato del PP a la presidencia de la Generalitat para que aporte este documento, después de que él mismo se ofreciera a entregarlo.

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Sobre la firma

Joaquín Gil
Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.
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