Un testigo revela a la jueza de la dana que Mazón “mandaba” en el Cecopi

“El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mandaba en el Cecopi”. Con esta aseveración se ha despachado este viernes A. Mira, técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra. El funcionario ha indicado que el barón popular asumió la responsabilidad en el dispositivo tras su desembarco en el centro que coordinó la crisis que dejó 229 muertos, según fuentes presentes en su intervención.

Mazón aterrizó en el Cecopi que coordinó la tromba del pasado año, que arrancó a las 17.00 horas, a las 20.28, 17 minutos después de que este organismo autorizara el envío de la alerta masiva a móviles. Y tras haber asistido a un enigmático almuerzo en el céntrico restaurante de Valencia El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, que se desarrolló durante más de tres horas y media mientras se inundaba parte de la provincia de Valencia. Y donde el dirigente popular despachó a distancia cuatro de las siete llamadas que mantuvo con la exconsejera imputada que gestionó la crisis, la extitular de Justicia e Interior Salomé Pradas. Los detalles de estas comunicaciones siguen siendo una incógnita.

En su comparecencia durante cuatro horas en calidad de testigo, una condición que le obliga a decir la verdad, el técnico forestal ha expuesto ante la jueza que Pradas tuvo un papel capital en la coordinación de la emergencia. Una tesis que reconoció la propia Generalitat tras admitir al juzgado que la exdirigente, que fue cesada por Mazón cuatro semanas después de la gota fría de 2024, asumió el mando único.

En un relato salpicado de lagunas, el técnico forestal ha relatado que la exconsejera fue la encargada de “dar la palabra” a los participantes en el Cecopi durante los momentos más críticos de la tragedia. Y que su protagonismo duró hasta el desembarco en este dispositivo de emergencias de Mazón, que llegó a las instalaciones de L’Eliana (Valencia) a las 20.28. Durante su declaración como imputada el pasado abril, Pradas se desvinculó de las decisiones relevantes, descargó su responsabilidad en los técnicos y exculpó a Mazón. La extitular de Justicia e Interior compareció entonces como imputada, una condición que le permite no decir la verdad.

El testigo también ha tenido que lidiar con preguntas sobre uno de los episodios más surrealistas de la catástrofe natural: la retirada anticipada de los bomberos del Consorcio Provincial del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento sepultó decenas de municipios como Paiporta, donde la dana de 2024 dejó más fallecidos (46 muertos). Los agentes dejaron de monitorizar esta rambla a las 15.00 horas. Su entonces jefe, José Miguel Basset, ya jubilado, justificó que se fueron anticipadamente del Poyo “porque había ganas de comer”. Y, tras arreciar la bronca política y pedir disculpas, enmarcó la retirada en un descenso del caudal. Una hora y cuarenta minutos después, decenas de llamadas colapsaban el 112 –la centralita telefónica de emergencias de la Generalitat- advirtiendo del peligro tras desbordarse el Poyo a la altura de municipios valencianos como Chiva o Cheste.

En el juzgado, el técnico forestal no ha sabido explicar esta decisión. Y ha reconocido que nadie se preocupó por monitorizar cómo estaba la cuenca alta de los barrancos que afectaban a las poblaciones cercanas al Poyo. Y que dicho que tampoco pidieron a los bomberos que volvieran a los puntos de riesgo para una revisión más exhaustiva.

Caos y falta de decisión

El testigo, que pertenece al cuerpo de bomberos de la Diputación de Valencia, que controla el PP, ha relatado que echó en falta más determinación en la toma de decisiones del Cecopi. “En los cecopis de incendios forestales, las decisiones son rápidas y tajantes. Aquí [en el dispositivo del 29O de 2024] veías pasar el tiempo, no funcionaba”, ha confesado.

Conocer el desarrollo minuto a minuto del Cecopi se ha revelado como uno de los objetivos de la jueza Ruiz Tobarra. El órgano de emergencias, en el que participaron 29 representantes de administraciones municipales, estatales y autonómicas, desconectó tres veces a los participantes que entraban por videoconferencia. Entre ellos, figuraban la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé; y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. En distintos autos, la instructora, se ha negado a imputar a los responsables de estos organismos estatales y ha centrado el foco de sus pesquisas en Pradas y Argüeso. Y también en Mazón. Como el president es aforado, sólo puede ser citado a declarar como investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencina (Tsjcv) tras el razonamiento de la instructora. Las dos veces que la magistrada ha ofrecido al barón popular esta posibilidad, el dirigente se ha negado.

El técnico forestal que ha comparecido este jueves en el juzgado de Catarroja ha acudido en calidad de testigo. Por esllo, estaba obligado a responder a todas las partes: jueza, fiscal, acusaciones populares y particulares y defensas de los dos exaltos de la Generalitat imputados: la exconsejera Pradas y quien fuera su segundo durante la mortífera riada, Emilio Argüeso. Las pesquisas indagan los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.