Varios altos cargos del Gobierno de Mazón se aprestan a certificar sus estudios tras los escándalos de las titulaciones

Los escándalos y renuncias por las falsas titulaciones de cargos públicos ha provocado movimientos en los diferentes escalones del Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón por acreditar los estudios y méritos que recogen sus currículos. El asunto no es menor; solo en los últimos 10 días han dimitido por irregularidades o falsedades en la lista de esos méritos tres políticos de ámbito nacional y autonómico vinculados al PP, PSOE y Vox.

En la Comunidad Valenciana, desde que estallara la crisis en torno al comisionado del Gobierno para la Reconstrucción tras la dana, José María Ángel Batalla, por un título falso de diplomado —que el político asegura desconocer— en su expediente como funcionario de la Diputación de Valencia, tres cargos del Consell han solicitado certificaciones de sus titulaciones al Ministerio de Universidades o han subido el título en la web GVA Oberta. Al menos otros siete altos cargos siguen, sin embargo, sin acreditar los títulos que dicen tener a pesar de los dos años de gobierno transcurridos, según ha podido consultar este diario la mañana de este lunes.

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, de 2022, obliga a los cargos y asimilados del Ejecutivo autonómico a publicar “la información relativa a las funciones atribuidas por razón de su cargo o función, así como su perfil y trayectoria profesional, incluida la reproducción gráfica acreditativa de los principales méritos de su currículo”. El incumplimiento de esta norma puede acarrear apercibimientos e incluso multas.

En el más de centenar de altos cargos que conforman el Ejecutivo valenciano, una mayoría ha aportado los títulos acreditativos de sus licenciaturas o grados en derecho, ingeniería, medicina o como técnicos superiores, pero cerca de una veintena, según adelantaba la semana pasada ElDiario.es, no estaban al día con su obligación de acreditación en esta web de acceso público donde cualquier ciudadano puede consultar su formación, agendas o retribuciones económicas.

Tres de estos altos cargos subieron a la web entre el 31 de julio y el 1 de agosto la certificación del Ministerio de Universidades: es el caso de Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón; de Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia; o de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo, según aparece en la web de transparencia. El caso de José María Ángel saltó a la opinión pública el pasado martes, 29 de julio.

Pero hay, al menos, otros siete cargos que siguen sin aportar sus titulaciones en la GVA Oberta como exige la ley de Transparencia. Es el caso del secretario autonómico de Economía, Jesús Gual, licenciado en Derecho en 2004, pero no adjunta el título. O de Francisco Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, cuyo currículo recoge que tiene la FP de Auxiliar Administrativo y un Máster de Alta Dirección de Fundesem, pero no los ha incorporado.

Un caso parecido sucede con Montserrat Tello, directora del Instituto de Cartografía Valenciano, que no acredita la Ingeniería Industrial por la Universidad de Zaragoza que pone en su expediente de formación. Tampoco lo hace Davinia Bono, directora general de Igualdad y Técnico Superior de Administración y Finanzas. O Bárbara Congost, directora general de las Personas con Discapacidad, que es licenciada en ADE, de acuerdo a su currículo, pero no ha subido el documento que lo acredita.