El comisionado del Gobierno para la dana niega irregularidades para ser funcionario pero no aclara el origen de un título falseado

José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la dana, ha comparecido a última hora de este martes para negar la comisión de cualquier irregularidad para acceder a la función pública en la Diputación de Valencia, tras trascender esta mañana que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias por su supuesta falsificación de un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de València de 1983.

Ángel Batalla se ha centrado en aportar la documentación que entregó para cumplir con los requisitos, según ha explicado en un largo comunicado. Y no ha hecho ninguna mención ni ha dado explicaciones sobre la citada titulación, ni sobre las alusiones en algunos currículos a la Universitat de València o a que es “diplomado en Archivos y Bibliotecas. Biblioteca Nacional”, como se apuntaba en la información aportada por el Gobierno cuando fue nombrado el pasado 10 de diciembre para el cargo.

“Los requisitos formativos para poder presentarse” a la convocatoria de 1983 de la plaza de funcionario de carrera como Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteca en la Diputación de Valencia, “eran estar en posesión del título de enseñanza media, bachillerato o equivalente” además se podían presentar méritos entre los cuales figuraban titulación complementaria a la exigida. Aportó su título de Bachiller Superior y como “acreditación de los méritos”, “copia de los títulos de cinco cursos y formaciones complementarias, además del título de valenciano, y acreditación de experiencia previa en la función pública y de colaboraciones en publicaciones”, apunta en su comunicado.

Para promocionar en 1986 a ayudante técnico de Archivos y Bibliotecas (Grupo A2), “los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito”. “Un proceso que superé satisfactoriamente y que concluyó con mi nombramiento y toma de posesión el 11 abril de 1986″,

El entorno del presidente del PSPV-PSOE, exalcalde de L’Eliana, exsenador y exsecretario autonómico de Emergencias con el gobierno de la Generalitat, presidido por el socialista Ximo Puig, ya había negado rotundamente a primera hora del día cualquier irregularidad en un proceso de selección que a principios de los años ochenta del pasado siglo no era tan exigente como en la actualidad. También evitaba aludir a la titulación investigada. Pero conforme avanzaba el día y el veterano político socialista, de 68 años, con fama de resolutivo y rápido en sus réplicas, se mantenía en un silencio impuesto desde La Moncloa, la posibilidad de presentar la renuncia tomaba más cuerpo. Pero finalmente no ha sido así.

El comisionado ha anunciado que está dispuesto “a emprender las acciones administrativas y legales que considere necesarias para que la verdad se abra camino y defender mi nombre, mi honestidad y mi honorabilidad tras más de 40 años de servicio público y carrera profesional”.

Sin embargo, la investigación desarrollada por la Agencia Valenciana Antifraude, cuyas conclusiones trasladó al ministerio público, deja muchos interrogantes abiertos en torno al título esgrimido y que forma parte esencial del expediente. El organismo sostiene en un informe que “el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso”, según adelantó este martes El Mundo. En un currículum difundido por el PSPV-PSOE a principios de la pasada década sí se aludía a estudios de Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València.

La Agencia, que trasladó a la fiscalía su investigación, señala que se entregó una copia de una diplomatura que no llegó a completar y que fue validada por los funcionarios de entonces de la corporación provincial. Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia anónima recibida el pasado mes de abril. En mayo, el informe del área de Evaluación, Comprobación e Inspección de la Agencia concluyó que “el Sr. Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia, por lo que el título universitario que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso, ya que, además, no constan evidencias de que dicha titulación sea real”.

Además, apunta a dos funcionarios de la Diputación que, “mediante una actuación negligente en el ejercicio de sus funciones, no realizaron las comprobaciones oportunas”. De este modo, Batalla podría haberse beneficiado del reconocimiento “de emolumentos superiores (sueldo, grado consolidado y trienios) a los que le corresponderían como funcionario del grupo D (actual C2)”, añade el informe.

El mencionado título no era tal. Al menos, no era oficial. La Universitat de València “no ofrecía ninguna titulación oficial con esa denominación en esa época”, señalaron fuentes de la institución académica a este periódico. En la década de los 90, en el cambio de plan de estudios, se incorporó la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación”, añadieron.

Ángel Batalla es muy crítico con la actuación de Antifraude en su nota. “Resulta del todo sorprendente el haber tenido conocimiento de la existencia de una supuesta investigación y expediente de la Agencia Antifraude a través de un medio de comunicación, sin haber recibido ninguna notificación formal o informal ni mucho menos habérseme requerido en el que entiendo sería preceptivo trámite de audiencia en el curso de una investigación, cercenando de forma irreparable el principio de contradicción, mi derecho de defensa y por supuesto mi honorabilidad, la cual se ha querido poner en entredicho atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política y obviando toda veracidad”.

Y añade sobre la Agencia presidida desde el pasado año por el inspector de Hacienda Emilio Beüt gracias a los votos del PP y Vox: “Creo que es nuestro deber condenar esta utilización política de instituciones como la Agencia Antifraude para dañar la reputación y el buen nombre de personas”.

Al contrario que en otras polémicas, en La Moncloa se han cuidado mucho este martes de poner la mano en el fuego por José María Ángel Batalla durante la jornada, una semana después de que la diputada del PP Noelia Núñez dimitiera de todos sus cargos por falsear su currículum y se desatase una virulenta batalla en la guerra del “y tú más” que mantienen los políticos populares y del PSOE.

En la ficha que el Gobierno facilitó sobre Ängel, y que aún puede consultarse en Internet, figura como “diplomado en Archivos y Bibliotecas. Biblioteca Nacional” y “Diploma en Función Gerencial de administraciones Locales, ESADE”. “El Ministerio ha pedido información y cuando tengamos la respuesta, informaremos con toda la transparencia”, se ha limitado a responder la ministra portavoz, Pilar Alegría, cuando le han preguntado este martes por la titulación del comisionado.

La relación de Batalla con la Administración Pública se remonta, según un informe de su vida laboral facilitado por la Diputación de Valencia, a 1981. Tras obtener “la máxima puntuación” en la oposición, empieza a ejercer como “ayudante técnico de archivo y biblioteca” en el archivo provincial de la diputación. En 1983, según el mismo informe, fue nombrado “funcionario de carrera” y tomó posesión como “auxiliar técnico de archivo y biblioteca, grupo C”. Dicho grupo solo precisa disponer del título de bachiller, luego su primer contrato con la Diputación es legal, según fuentes sindicales consultadas por este diario. El problema viene en 1986, cuando “mediante acuerdo de la comisión de Gobierno” de la Diputación, Batalla pasa de ser C a B. Para ello, según fuentes jurídicas, era necesario disponer de una diplomatura de entonces o una formación profesional 3. También valdría acreditar tres cursos en una licenciatura superior.

La falsificación de un título académico, es decir, de un documento público, es un delito castigado en el Código Penal con penas que van de los seis meses a los tres años de cárcel, pero prescribe a los cinco años. En 1986, cuando la Diputación acordó que Batalla pasara de ser funcionario de tipo C a B, su presidente era el socialista Antoni Asunción, ya fallecido.

El presidente de la Diputación, Vicente Mompó, del PP, ha cargado contra Ángel y su “engaño continuado” a lo largo del tiempo y ha anunciado que la corporación provincial estudiará personarse si se abre una causa judicial, además de exigir su dimisión y la devolución “de lo cobrado por ocupar un cargo que no tenía que ocupar”. Mompó ha sido la avanzadilla del ataque lanzado por sus correligionarios a lo largo de todo el día.

El portavoz del PSPV-PSOE, Jordi Mayor, ha salido a contrarrestar ponderando a Ángel como “un servidor público ejemplar”, cuestionando que la filtración de la investigación de la Agencia Antifraude se produzca “justamente hoy, cuando se cumplen nueve meses de la dana” y ni siquiera ha sido sido comunicada al interesado” para alegar en su defensa.