Los juzgados declaran como fallecida a la última persona desaparecida el día de la dana

Siete meses después de la dana, la última de las tres personas que permanecían desaparecidas tras la catástrofe ha sido declarada fallecida, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La cifra de muertos asciende así a 228. Los juzgados de Valencia, Picassent y Requena han resuelto en los últimos meses otorgar esta condición a los últimos desaparecidos, según las mismas fuentes.

Tres meses después de la riada, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían en su radar como objetivo prioritario la localización de José Javier, un vecino de Pedralba (3.124 habitantes) que durante la dana se encontraba con su hija, cuyo cadáver fue hallado; Elisabeth, que desapareció en Chiva (17.245); y Francisco, un abuelo que protegió a sus dos nietos tras colocarlos en el techo de un coche y al que la inundación sorprendió en Monserrat (7.301). Fuentes de la Guardia Civil indicaron a este diario en enero que las posibilidades de hallar con vida a estas víctimas eran nulas.

La declaración como fallecido del último de los tres desaparecidos ha conllevado la supresión del Centro de Integración de Datos (CID), que se constituyó en Valencia el día de la aciaga jornada, el pasado 29 de octubre. El órgano computó que la inundación se llevó la vida de 136 hombres y 91 mujeres. Y, entre sus labores, destacó la identificación de los cadáveres. Para ello, se cotejaron las huellas dactilares (171 casos) y muestras de ADN (48) de los cuerpos. Decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han participado en estos trabajos junto a los responsables del Instituto de Medicina Legal.

Para hallar a los desaparecidos, los agentes ejecutaron decenas de batidas en las áreas próximas al barranco del Poyo, detonante de la tragedia tras provocar las inundaciones a consecuencia de su desbordamiento. Este diario asistió a una de ellas, en el polígono industrial de Loriguilla, en Quart de Poblet (26.304 habitantes). Los funcionarios usaron bastones, drones y perros especializados en detectar cadáveres en unas jornadas en las que peinaron hasta cinco veces las zonas de riesgo.