El juzgado tiene abiertas dos causas por la venta irregular de cadáveres en Valencia

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia tiene abiertas dos causas por un delito de falsedad en documento privado y en documento oficial por la supuesta venta de cadáveres detectada por la policía. La primera de ellas, iniciada en abril de 2023, se refiere al caso de un ciudadano francés, fallecido en diciembre de 2022, cuyo cadáver fue recogido en el hospital La Fe y posteriormente se entregó para estudio a una universidad. La segunda se sigue por el caso de un hombre que estaba ingresado en una residencia geriátrica y que, al parecer, autorizó la donación de su cuerpo tres días antes de morir. Según la policía, que realizó un atestado ampliatorio a finales del año pasado, “los investigadores pudieron constatar que el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación”.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los dos casos se investigó a las mismas cuatro personas, el administrador de una pequeña funeraria, el gerente de la misma y dos trabajadores. Sobre la primera causa, la del ciudadanos francés, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional para los dos responsables después de tomarles declaración el pasado mes de julio y al “no apreciar indicios delictivos suficientes respecto a ellos”. Y mantuvo la imputación de los trabajadores al entender que existían “indicios suficientes contra ellos de la elaboración de documentos inexactos con el fin de lograr un lucro económico”. Respecto a la segunda, según las mismas fuentes, el procedimiento aún no se ha sustanciado judicialmente y no se ha podido acumular debido al momento procesal en el que se encuentra el primer caso, a punto de que se decrete la apertura de juicio oral. En cualquier caso, la apertura del juicio no se decretará hasta que la Audiencia de Valencia resuelva el recurso de la Fiscalía que creen que debían ser encausados los cuatro investigados.

Según las mismas fuentes, en la segunda causa, la investigación habrá de dirimir no solo sobre la donación firmada por el hombre ingresado en la residencia geriátrica sino también por “presuntas irregularidades en incineraciones de más cadáveres”.

Según informó la policía, la operativa consistía en falsificar documentación con el objeto de “poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver”. El comunicado policial informa de que llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos que ya habían sido estudiados; pero esas cremaciones no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.

La entrega de cuerpos a las universidades para su estudio solo está permitida a través de la donación, aunque los centros abonan unos 1.200 euros a las funerarias por el traslado de los cadáveres y de la posterior incineración. Según la investigación, los acusados falsificaban documentos tanto en la recogida como en la entrega de los cuerpos.