La Guardia Civil registra el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este lunes a las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia en el marco del caso Azud, que investiga la presunta trama de cobro de comisiones en el que está imputado el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, entre otros.

Los investigadores reclaman documentación de Servicios Sociales, de la delegación del Ciclo Integral del Agua y sobre la compraventa de suelo del Ayuntamiento entonces presidido por Rita Barberá, en el periodo investigado, entre 2005 y 2010. Los agentes de la UCO ya hicieron un registro en el Consistorio poco después de que se abriera la causa, en 2017, y dejaron varias cajas de documentación precintadas en 2018, cuando se comenzaron a realizar las pesquisas por las que se ha detenido también al exsubdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio.

Además de este registro, el juzgado, que trabaja en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha cursado diferentes comisiones rogatorias para buscar dinero en el extranjero, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, para tratar de dilucidar si alguno de los arrestados pudo esconder dinero en el extranjero.

La causa, declarada secreta, suma ya cerca de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que instruye el caso, envió la noche del sábado a prisión provisional sin fianza tanto al exvicealcalde del PP de Valencia, Alfonso Grau —número dos de Rita Barberá durante 20 años—, como al hasta hace cuatro días subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, histórico socialista y concejal de la oposición durante el Gobierno de la alcaldesa ya fallecida. Los dos políticos están investigados en la causa, en la que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores entre los años 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia, así como en otros consistorios valencianos, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Además de estos dos, se decretó el ingreso en prisión de dos empresarios, Jaime Febrer y Mónica Montoro, y el del presunto urdidor de la parte financiera de la trama Joaquín Pastor.

El candidato a presidir el PP valenciano, Carlos Mazón, ha esquivado este lunes valorar el caso y se ha limitado a defender a Rita Barberá: “No contribuiré a la estigmatización de la mejor alcaldesa que ha tenido la Comunidad Valenciana”, ha proclamado. Además, Mazón ha remarcado que el exvicealcalde Grau “ya no está en el PP”.

La causa, declarada secreta, suma ya cerca de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.