Comuns pide crear una unidad independiente que impulse las multas contra el fraude de alquiler en Cataluña
Govern y la formación de izquieras retoman los contactos para allanar un acuerdo presupuestario
El Govern y Comuns han reactivado los contactos para allanar un futuro acuerdo presupuestario, a la espera de que el Ejecutivo cierre primero un pacto con Esquerra, imprescindible para garantizar la mayoría en el Parlament. El movimiento prepara el terreno para que, si finalmente llega la luz verde republicana, las negociaciones con el Ejecutivo se concreten lo antes posible. Los comunes pretenden poner el foco en las políticas de vivienda y reclaman la creación de una Dirección General de Disciplina de Vivienda que centralice a los inspectores que deben aplicar el régimen sancionador contra el fraude en el alquiler.
Las conversaciones se encuentran actualmente en un marco informal, según ha podido saber EL PAÍS, que dará paso luego a un primer intercambio de documentos. Esta primera fase implica contactos con la consejería de Economía, encabezada por Alicia Romero; y la de Territorio, Vivienda e Infraestructuras, con Sílvia Paneque. Con esta última, titular de la materia de vivienda, el diálogo ha sido mayor. El Ejecutivo catalán trabaja con la idea de cerrar un acuerdo con sus dos socios de investidura y aprobar los Presupuestos antes del 31 de julio.
El objetivo ahora es doble: por un lado, preservar el acuerdo alcanzado en febrero entre Comuns y Govern, y por otro, adaptarlo a la nueva realidad socioeconómica derivada del conflicto en Oriente. A la vista de las dificultades que el Ejecutivo tiene para conseguir un apoyo para sus proyectos presupuestarios (en 2025 fracasó y prorrogó las cuentas vigentes de 2023), los comunes defienden que el nuevo presupuesto debe tener carácter “de legislatura”.
La carpeta de vivienda seguirá siendo uno de los platos fuertes. Comuns busca la forma de optimizar la tarea de los 100 nuevos inspectores de vivienda que el Govern ha incorporado en los últimos meses. Este nuevo cuerpo, aún en fase formativa y articulado principalmente con plantilla interna, forma parte de la Agència Catalana de l’Habitatge, y los comunes consideran que debe depender de una nueva Dirección General. “Si dependen de la Agencia, quedan diluidos y no intervienen de la forma que creemos que deben de hacerlo”, defienden fuentes del partido de Jéssica Albiach. Ubicarlos bajo el paraguas de una nueva Dirección General implica dotarles de más fuerza.
En una entrevista en L’Hemicicle de Catalunya Ràdio, el portavoz de Comuns, David Cid, ya reclamó “una dirección política” para fortalecer a los inspectores. El grupo liderado por Albiach en el parlament entiende que los fondos de inversión necesitan “sanciones ejemplarizantes” para limitar su actividad especulativa. Comuns quiere que esta nueva unidad dependa de la Secretaría de Vivienda, liderada por Lídia Guillén. Govern y Comunes ya pactaron una modificación de la Ley de Vivienda para incorporar multas de hasta los 900.000 euros para los casos de fraude, acuerdo que facilitó cerrar el acuerdo de febrero.
El pacto de febrero incluía un amplio paquete de medidas de carácter social y de intervención pública, con especial peso en la vivienda, la movilidad y los servicios públicos. Entre los compromisos figuraban el incremento de los recursos destinados a políticas de vivienda hasta 1.250 millones de euros anuales, la ampliación de las ayudas al alquiler hasta alcanzar al 25% de los hogares en dos años, o el impulso a la construcción de vivienda protegida y cooperativa.
La reactivación del diálogo llega tras el giro del Govern en la polémica sobre las bajas laborales, un punto que había tensado la relación con los Comunes y puesto en riesgo su apoyo a los presupuestos. El Ejecutivo había vinculado una parte de los incentivos económicos a centros y profesionales sanitarios a la duración de las incapacidades temporales en patologías de salud mental y osteomusculares, con el objetivo de contener su incremento. Los Comunes criticaron la medida por entender que introducía presiones indebidas sobre la práctica médica y podía penalizar a los pacientes, al supeditar criterios clínicos a objetivos económicos. El Ejecutivo rectificó formalmente hace dos semanas y los dejó sin valor.
El Govern sigue poniendo sus esfuerzos en convencer a ERC. Más de un mes después de retirar su proyecto de presupuestos en el Parlament por el rechazo de los republicanos, las negociaciones dan síntomas de bloqueo. Los republicanos flexibilizaron sus pretensiones en la gestión del IRPF, materia que depende de Madrid, pero reclaman cuestiones que tengan “el mismo o más” valor que el tributo. Esquerra apela a avances en “soberanía” y el Govern aspira a constituir el Consorcio de Inversiones, propuesta que ya aparecía en el acuerdo de investidura de 2024.
