El Ayuntamiento de Girona, en manos de la CUP, endurece los trámites para acceder al padrón

El Ayuntamiento de Girona, en manos de la CUP, ha endurecido los trámites para acceder al padrón municipal, lo que ha supuesto que al menos 150 personas vulnerables hayan quedado excluidas de ese derecho, puerta de acceso a servicios sociales, salud o educación. Así lo constata la defensora de ciudadanía local y diversas entidades, que han criticado el cambio de criterio impuesto por el equipo del alcalde de la izquierda anticapitalista e independentista, Lluc Salellas.

Marta Alsina, abogada y defensora de la ciudadanía de Girona, ha recibido 42 quejas por el endurecimiento de los trámites para empadronarse, que ha afectado a 1.350 expedientes pendientes de resolución. Los cambios que han tenido más incidencia tienen que ver con el padrón social: el consistorio ya no permite empadronar en direcciones alternativas como La Sopa, un centro de acogida y de servicios sociales. Las entidades sociales y la defensora de la ciudadanía aseguran que tienen pruebas del endurecimiento de criterios del padrón social desde después del verano, que deja a mucha gente desamparada, cosa que la edil de Atención a la Ciudadanía, Queralt Vila, niega.

Las quejas de vecinos han llegado también a entidades sociales, que critican que se está dando “una problemática de lentitud en resolver y de desamparo de la gente más vulnerable, con riesgo de vulnerar derechos fundamentales”. Esas entidades piden una rectificación al consistorio, que niega la mayor: admite que hay lentitud en la tramitación (que atribuye a bajas laborales sobrevenidas), pero niega que no esté garantizando el padrón social. El gobierno de la CUP admite, sin embargo, que está extremando las precauciones y las comprobaciones para evitar casos de fraude. Las entidades y la defensora replican que tienen pruebas del endurecimiento de criterios del padrón social desde después del verano.

Toda persona que vive en un municipio debe empadronarse y el ayuntamiento tiene la obligación de inscribir, pues el padrón se entiende como un censo. “El padrón no puede servir para obstaculizar derechos fundamentales”, recuerda Alsina, mientra las entidades lamentan que se focalice el control “en determinados colectivos”.

Los casos más problemáticos, dice Alsina, son los de personas que están ocupando viviendas; los comprueban servicios sociales o la policía y si se confirma la residencia efectiva en el lugar se admite el empadronamiento. También casos de personas que viven en la calle; las usuarias del centro La Sopa se empadronan pero se ha dejado de hacer a las que no son usuarias y no pueden acreditar domicilio fijo. Otro caso es el de personas que realquilan habitaciones; aunque no las dejan empadronar allí, si la policía confirma que viven allí, las empadronan.

El problema, destacan entidades y la defensora, es que “en muchos casos el que vaya la policía echar atrás a personas que no quieren tener problemas con la policía ni con quien les alquila la habitación y hay riesgo que dejen de empadronarse a pesar de vivir en la ciudad”. También han detectado que se deja de empadronar en La Sopa a los menores que estaban en pisos de entidades y llegaban a la mayoría de edad, que seguían empadronados en estos pisos a pesar de ya no vivir allí. Ahora no se les empadrona ni en los pisos ni en la sopa. “Quedarán sin padrón a pesar de vivir en Girona sin domicilio fijo y tendrán problemas en el futuro para acreditar su arraigo”, apunta Núria Palomar, portavoz de la Coordinadora de ONG solidarias.

Tanto Palomar en representación de las entidades, como Alsina, sostienen que “quizás como se hacía hasta ahora no era la mejor solución, pero era legal”, y piden urgentemente “sentarse todos a buscar soluciones para los más vulnerables porque se está dejando desamparada a mucha gente”. En este sentido Palomar, sostiene que, a pesar que uno de los argumentos del cambio del consistorio ha sido la “lucha contra las mafias”, se están encontrado casos de “gente desesperada que está pagando hasta 900 euros a quien les facilita poder empadronarse”. Lamenta que Junts use el padrón “como arma electoral” y mantiene que el consistorio no miente, solo dice verdades parciales”.

Por su parte la edil reconoce cierta lentitud, -que atribuye puntualmente a bajas laborales- y que ha habido, por consejo del secretario municipal, un cambio en cuanto a “intentar extremar precauciones y comprobaciones para evitar el fraude del padrón”, pero insiste que, “de cualquier tipo, también de la escolarización”. Y aunque niega que se hayan endurecido los criterios, si apunta que “quizás en los casos de mayor vulnerabilidad se les debe saber acompañar mejor”. “Intentamos ser más garantistas para que todo aquel que viva en Girona se pueda empadronar y quede reflejado en el padrón, viva donde viva, en una habitación o bajo un puente, pero que no haya lugar para las mafias”, especifica.

Antes, en los casos que no generaban dudas, los padrones ordinarios, el empadronamiento era instantáneo y se entregaba un volante, ahora en todos los casos hay un trámite, un funcionario revisa la información facilitada y debe emitir un informe. Vila asegura que cuando todo el personal esté trabajando se resolverá en una semana, ahora tardan un poco más, aunque por ley pueden ser tres meses. Esta demora, según las entidades, perjudica al derecho a la educación, acceso a la sanidad pública, regularizaciones, reagrupamientos o permiso de residencia, aunque Vila asegura que

En casos de urgencia médicos o de escolarización se resuelve en días. A pesar que el Ayuntamiento niega que apliquen nuevos criterios para empadronar, y dicen que simplemente han aplicado el trámite que necesariamente debían hacer, para Alsina “sí ha habido cambio de criterios y se están aplicando trámites que en la práctica son obstáculos para el padrón”. Por ello pide una rectificación inmediata y que se busquen soluciones a las distintas casuísticas detectadas.

“Si la voluntad del consistorio es reflejar la realidad, -apunta Palomar-, deberían analizar sus propios datos, que estiman en 20.000 las personas que vivían en Girona en 2025 sin empadronar”.