El déficit y las facturas impagadas en Salud demandará buena parte de los 4.700 millones de euros de Cataluña de la nueva financiación

A los casi 4.700 millones de euros que pueden llegar a Cataluña si sale adelante la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ya les están saliendo muchas novias. Aunque las patronales, organizaciones empresariales y sindicatos piden mejoras en la propuesta para que sea más ambiciosa, todos los agentes económicos admiten que lo anunciado por el Gobierno tras pactarlo con ERC representa un paso adelante con respecto al modelo actual, caducado desde 2014. Es un dinero extra que ahora no se tiene, y la pregunta es qué hacer con él. Una parte de los empresarios querría que sirviese para bajar impuestos, otros piden priorizar las inversiones, especialmente en vivienda, movilidad e infraestructuras, mientras que Pimec reclamó esta semana que se use para aumentar el gasto en salud y atajar el aumento de las listas de espera y las bajas laborales. Por otro lado, los sindicatos piden que el dinero se destine a revertir de una vez por todas los recortes sociales. A todos estos deseos se le añade la cruda realidad: una parte importante de los nuevos recursos podría acabar sirviendo para cubrir facturas desplazadas del sistema sanitario y parte del déficit público de la Generalitat.

El nuevo reparto de la financiación autonómica prevé un desembolso, a partir de 2027, de 21.000 millones de euros más para todas las comunidades autónomas. La propuesta fue presentada el pasado 8 de enero en La Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y está por ver si consigue el consenso necesario para salir adelante, no solo de la parte catalana que pide más concesiones —especialmente Junts, que ha encontrado cierto eco en sus reivindicaciones en las organizaciones empresariales catalanas— sino también de los gobiernos autonómicos de PP y PSOE que son contrarios a que Cataluña reciba más recursos, pese a que muchas más comunidades puedan verse beneficiadas. Según los cálculos de Fedea, Cataluña será la tercera comunidad que más recursos recibirá, y se estiman en cerca de 4.700 millones de euros, o lo que es lo mismo: Cataluña podría tener, en 2027, un 12% más de recursos que el techo de gasto aprobado para este año 2025, de 40.254 millones.

Estos recursos de más pueden servir para muchas cosas, pero no para todas a la vez. Por una parte, el nuevo modelo quiere mitigar parte del impacto del déficit fiscal, pero según los cálculos que elaboró la propia Generalitat en relación con el ejercicio de 2021, cuando determinó que la diferencia entre lo que Cataluña aportó y recibió de España ese año era de unos 22.000 millones de euros. Con independencia de que este déficit haya podido reducirse en los últimos años, los nuevos recursos que pueden llegar se presentan como insuficientes para cubrir toda la diferencia, que ha constituido uno de los argumentos independentistas durante todo el procés. El partido de Carles Puigdemont sigue apuntando a este objetivo y por esto pide un concierto fiscal y controlar y gestionar todos los impuestos que se generan en Cataluña.

El montante de 4.700 millones de euros tampoco serviría para cubrir el déficit de infraestructuras, que según Foment del Treball es de 2.900 millones de euros cada año (con un acumulado de 42.500 millones entre 2009 y 2023). No serviría para ello porque este es un déficit de inversiones del Estado hacia Cataluña, mientras que el modelo de financiación autonómica trata solo de los recursos que tiene la comunidad autónoma para gastar. Sin embargo, ambas cosas se confunden en el debate político, ya que otra de las medidas que están negociando el Gobierno y ERC es la creación de un Consorcio de Infraestructuras para hacer seguimiento sobre la ejecución de las promesas en inversión en infraestructuras.

Lo más previsible, según explican fuentes conocedoras, es que los nuevos recursos no se destinen a una rebaja de impuestos —sobre todo teniendo en cuenta la actual composición del Parlament en esta legislatura que termina en 2028— sino a tres necesidades acuciantes en Cataluña. Por un lado, a inversión en vivienda, que sí corre a cargo de la Generalitat y es uno de los problemas más importantes actualmente; por otro, a reducir dos o tres décimas el déficit público, que actualmente es del 0,41% del PIB catalán, es decir, 1.227 millones de euros. Que se tenga que usar parte de los nuevos recursos a reducir déficit depende de la exigencia que el Gobierno central ponga a las comunidades en cuanto al tope, después de haber desembolsado los 21.000 millones para el sistema autonómico.

Y finalmente, parte de estos recursos tendrán que dedicarse al sistema sanitario, muy presionado en Cataluña. Concretamente, a pagar el gasto desplazado en salud. Esto son las facturas que la Generalitat tiene pendientes con el sistema sanitario y que va trasladando de ejercicio en ejercicio ante la imposibilidad de pagarlas. Esta ya fue una de las prioridades del exconsejero Antoni Castells cuando se aprobó el modelo de financiación anterior.

El sindicato Metges de Catalunya ya lleva años advirtiendo que la Generalitat no dimensiona correctamente sus presupuestos, y asigna a Salud unas partidas que luego no son suficientes para hacer frente a todas las necesidades del sistema, lo que da lugar a gastos desplazados al presupuesto siguiente. En 2022, según consta en el último informe disponible de la Sindicatura de Comptes, este gasto desplazado creció un 32% hasta los 3.662 millones de euros, una cifra que puede haber aumentado en los últimos años y que, una vez proyectada a las previsiones de 2027, cuando debería entrar en vigor el nuevo modelo, coparía buena parte de los nuevos recursos.