Los educadores sociales de Cataluña ante la precariedad: “Si hay tanta gente que renuncia a su vocación es porque algo no va bien”

Los educadores sociales están por todas partes, pero se sienten olvidados por todos. Hay educadores sociales en escuelas e institutos, en centros sanitarios, en bibliotecas, en centros de menores, en residencias de mayores, en prisiones y en muchas otras instituciones. Pero estos profesionales creen que su función no está suficientemente reconocida —ni simbólicamente, ni mucho menos salarialmente—, y que solo se habla de ellos cuando pasa algo grave, como el reciente caso de pederastia de una niña que sufrió abusos mientras estaba dentro del sistema de protección a la infancia. El Colegio de Educadores Sociales de Cataluña (CEESC) ha lanzado un grito de alerta ante un sistema que está demasiado atomizado —más del 60% de servicios públicos están externalizados, y hay hasta 35 convenios que regulan las condiciones laborales—, muy precarizado —con salarios bajos y con mucha diferencia entre los trabajadores de las entidades y los que emplea la propia Administración— y en el que las situaciones de violencia de los usuarios contra los educadores se han “normalizado”.

“Si hay tanta gente que renuncia a su vocación es porque algo no va bien”, afirma Xavi Campos, gerente del CEESC, en un encuentro con medios de comunicación para analizar la situación de la profesión. La excusa es el Día Internacional de la Educación Social, que se celebra este jueves, pero las advertencias que lanza el colegio profesional llevan años sobre la mesa, sin que haya habido muchos cambios. El último estudio del colegio sobre la realidad del sector, de 2023, muestra datos desalentadores: aunque cada año hay promociones abundantes de nuevos educadores sociales, la media de edad en el sector es de 35 años. Es decir, que los profesionales abandonan muy pronto la carrera laboral en la educación social, expulsados por las malas condiciones laborales. Dos de cada diez educadores necesita más de un trabajo para llegar a final de mes, y a veces más de dos empleos. El 36,6% de los profesionales encuestados en ese estudio dice que no volvería a estudiar Educación Social, porque no hay salidas, y más de la mitad de los trabajadores que se dan de baja en el colegio es porque dejan la profesión.

“La propia Administración es la primera que no nos tiene en cuenta. Somos una profesión que trabaja en servicios públicos muchas veces externalizados y en condiciones muy precarias”, lamenta Campos. El colegio no puede dar datos concretos de salarios, por normativa, pero es que además son tan dispares que se hace imposible: hay hasta 35 convenios que regulan a estos profesionales. El más grande es el de Acción Social, pero lleva desde 2018 caducado, sin que patronales y sindicatos hayan logrado un acuerdo para renovarlo completamente, más allá de un acuerdo parcial alcanzado en abril de este año. Un ejemplo de una educadora social colegiada demuestra las diferencias salariales entre trabajar directamente para entidades públicas o para externalizadas: “En un servicio externalizado por el Ayuntamiento cobraba 1.500 euros netos al mes con las pagas prorrateadas; ahora como funcionaria de un servicio en el mismo Ayuntamiento son 2.100 euros en 15 pagas”.

La diferencia salarial entre servicios externalizados y públicos es del 28,8%, según los datos del CEESC. El sector privado, que da trabajo a seis de cada diez educadores sociales, gestiona el 55% de la masa salarial de estos profesionales, con lo que la retribución media por persona es más baja que en el sector público (donde se gestiona el 45% de la masa salarial para el 38,5% de los profesionales).

Unos 2.800 educadores sociales están colegiados, una proporción pequeña con respecto al conjunto de profesionales de este sector. Al CEESC y a los sindicatos también les cuesta que haya movilizaciones con mucha participación. “Tiene que ver con la atomización del sector, tanto de ámbitos, territorial como salarial, dependemos de demasiadas entidades diferentes”, dice Campos, quien además lamenta que en el sector hay mucho intrusismo laboral. “La profesión de educador social se trata como un cajón de sastre, la Administración cree que cualquiera puede hacer este trabajo”, resume. Además, una de las reivindicaciones que tiene ahora el colegio encima de la mesa es el recorte de la plantilla de educadores sociales en las escuelas e institutos públicos, un recorte de 130 integradores y educadores sociales para este curso.

La alta rotación y la pérdida de profesionales a los pocos años de iniciar las carreras laborales tiene un correlato grave en los usuarios: el vínculo entre educador y usuario se pierde y hay que volver a empezar. Campos explica que esto coincide con un incremento de las situaciones de violencia que sufren los educadores: “Puede ser un escupitajo o un golpe, pero todo es violencia”, explica. El informe destaca que uno de cada tres profesionales sufre acoso o violencia laboral, y que de estos, un 28% ha necesitado atención sanitaria. “Son situaciones que hasta se normalizan, y la Administración no vela para que esto no ocurra”, señala Campos.

Solo es cuando ocurren situaciones graves, como la de la red de pederastia que captó a una menor de la que la antigua DGAIA tenía la guarda, los educadores salen a la conversación pública. Ese caso llevó a la administración a querer refundar el sistema de protección a la infancia y la adolescencia, dando más prioridad a la prevención y al acompañamiento con las familias. Pero los educadores, que fueron informados de estos cambios, creen que de momento no ha habido una transformación significativa del sistema, que ahora ha pasado a llamarse Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA). “Más allá del cambio de nombre, todo sigue igual”, asegura Damas Vidal, vocal de la junta del CEESC y educador social de un centro de menores tutelados. “El modelo de centros, que debería ser el último recurso, tendría que cambiar y ser más integral”, propone.