El sistema educativo inicia la labor de equiparar pública y concertada en Cataluña

En los últimos años, han arreciado las críticas por la discriminación que sufre la escuela pública a la hora de hacer la planificación escolar. En un contexto de descenso de alumnos, el Departamento de Educación cierra preventivamente aulas públicas antes de que se abran las inscripciones. Las aulas concertadas, en cambio, solo se pueden revisar por ley después de la matriculación. La solución a esta y otras desigualdades solo se puede encontrar, coinciden las administraciones implicadas, equiparando las condiciones de pública y concertada.

El Govern de Salvador Illa ha empezado a hacerlo con la creación de comisiones. Una de ellas, la económica, se reúne este lunes con un objetivo, aunque sin fecha marcada: llegar a la gratuidad de la concertada. “Valoramos que se retome el trabajo para avanzar hacia la gratuidad porque, de hecho, así lo reconoce la LEC y porque un sistema no gratuito fomenta la segregación”, asegura Meritxell Ruiz, secretaria general de la Fundación de Escuelas Cristianas, que agrupa al 66% del sector.

La consejera de Educación, Esther Niubó, ha reiterado que su intención es trabajar para ese objetivo. El 12 de junio, en una conferencia en Nueva Economía Fórum, planteó una revisión de la planificación escolar con el fin de eliminar la segregación. “Hay que actuar en la sobreoferta. Todos los centros financiados con fondos públicos han de compartir responsabilidades y deberes y vocación de servicio público, pero también recursos equivalentes. Hay que avanzar hacia la equiparación de las condiciones de escolarización, y ello implica hablar de recursos, de plantillas, de planificación conjunta y de jornadas, pero es un camino que queremos recorrer”. Niubó aseguró más tarde, en el Parlament, que ya han empezado a hacer números con el Departamento de Economía.

El Departamento de Educación explica a este diario que, desde hace semanas, las direcciones generales de centros públicos y concertados “trabajan para hacer una planificación conjunta”, basada en “buscar el equilibrio entre centros públicos y concertados”, repartiendo de forma equitativa los alumnos vulnerables, “evitar nuevos conciertos en zonas con oferta educativa suficiente”, equiparar las ratios en la pública y tener en cuenta la demanda de escolarización de los últimos cursos. Educación no pone fecha a la culminación del proceso, porque además asegura ello se debería recoger en el decreto de conciertos guardado en el cajón del Departamento desde hace años.

La concertada aplaude la equiparación, pero eso sí, reclama solucionar toda una serie de elementos antes. Sin duda, el principal caballo de batalla es la financiación, en diferentes frentes. El primero, los conciertos educativos. Actualmente, la Generalitat aporta mil millones para pagar al profesorado y 173 millones en concepto de mantenimiento y funcionamiento de los centros, según los Presupuestos de 2023, los últimos aprobados. El sector de la concertada asegura que esto es insuficiente porque no se cubre el coste de la plaza (lo ha reconocido el Síndic de Greuges), de modo que la parte restante la asumen las familias en forma de cuotas. Las patronales calculan que sería necesario aumentar este módulo de mantenimiento en 127 millones más para lograr la gratuidad y no tener que cobrar cuotas.

El segundo frente de la financiación son las conocidas como mochilas escolares, que son las ayudas —de 988 euros por plaza y curso— que recibe la escuela concertada para acoger a alumnos vulnerables de forma gratuita. En este punto, las patronales reiteran que el importe es insuficiente y calculan el déficit en 65 millones para cubrir la escolarización de estos alumnos. El Departamento espera al nuevo estudio del coste de la plaza que está haciendo el Síndic, que podría estar listo en julio, y que será la base para recalcular las mochilas y el módulo del concierto.

Déficit de profesores

Otro eje clave en la negociación es la plantilla. La concertada denuncia que desde 1995 tienen la misma plantilla y calculan un déficit de 3.000 profesores. A ello se añade la carga laboral, ya que los maestros de primaria de estos centros hacen dos horas lectivas más, brecha que en la ESO aumenta hasta las seis horas. La USOC, el sindicato con más presencia en el sector, también denuncia que las bajas no se cubren hasta pasados 15 días, que Educación no se hace cargo del salario del personal administrativo y reclama la creación de una mesa sectorial específica para la concertada. “En la actual se deciden cosas sobre la concertada por parte de sindicatos con un mínimo peso en el sector; nosotros, que somos el mayoritario, no tenemos voz porque no estamos representados”, lamenta Ernest Relaño, secretario de acción sindical de la USOC.

El tercer eje gira en torno al personal de apoyo educativo para la escuela inclusiva. “A los centros concertados les cuesta más contar con una SIEI o con aulas de acogida, comparando centros públicos y concertados con el mismo perfil. También tenemos menos personal de apoyo y hay perfiles que no recibimos, como integradores sociales o técnicas de educación infantil”, explica el sector.

“El Departamento siempre se pone el sombrero de la pública, en temas de formación o programas de mejora; la concertada es la cenicienta del sistema. Si nos creemos el Sistema de Educación de Cataluña lo tenemos que hacer en todos los sentidos. La Administración se ahorra mucho dinero con la concertada porque el coste de la plaza es menor y los padres pagan una parte. Si la pública se gestionara con los criterios y recursos de la concertada, la Administración se ahorraría mucho dinero”, abunda Carles Camí, presidente de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Cataluña.

En una línea parecida se expresa Oriol Blancher, presidente de Agrupación Escolar Catalana, quien también defiende un sistema educativo concertado similar al sanitario. “Un alumno debe acceder a la escuela sin saber cuál es la titularidad, igual que hace cuando va a Sant Joan de Déu, por ejemplo”. Asimismo, Blancher apuesta por que la gratuidad se extienda a otros aspectos, como las becas comedor. “Las becas no cubren el coste real, que en la concertada es mayor porque nosotros debemos asumir la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, que en la pública queda en manos del ayuntamiento. Por cada beca comedor, la escuela concertada debe poner dinero para cubrir la parte donde no llega la beca”.

Las patronales de las concertadas tienen ya preparada toda la documentación, cifras y puntos a debatir para lograr esa deseada equiparación, esperando a empezar las negociaciones con el Departamento. De momento, ya se ha decidido crear una comisión económica, que se reunirá el 30 de junio, y una de programación y planificación, que empezará a trabajar en julio.

Frenada la evaluación de la sexta hora

A la hora de abordar el mantenimiento de la sexta hora —que hacen la concertada y centros públicos de máxima complejidad—, el anterior Govern de ERC decidió encargar a Ivàlua una evaluación de la medida, pero el actual Ejecutivo lo ha frenado. “Hemos priorizado otros estudios más urgentes, veremos si en el futuro se retoma el encargo o no”, asegura el Departamento.

La sexta hora es seguramente el elemento que más discordia genera. Niubó y el PSC siempre han defendido recuperarla en la pública, pero ante la oposición de los sindicatos, optó por aplazar el debate. En este punto las patronales tampoco se ponen de acuerdo. Algunas entienden que “si hay igualdad tiene que haberla en todos los aspectos”, mientras otras reclaman poder mantenerlas porque supone “un sello de identidad y de calidad de la concertada”.