Una jueza investiga si la Generalitat fue negligente en el asesinato de un preso a manos de otro

Paula Lombao preparaba una barbacoa en el jardín de su casa cuando recibió una inquietante llamada del director de la cárcel de Brians 1. “Tienes que venir”. No le explicó por qué. Su padre, José Ángel Lombao, un albañil de 57 años, llevaba un mes en prisión preventiva. Sumido en una espiral autodestructiva por el consumo de drogas, había intentado incendiar la casa de unos vecinos, a la que había accedido armado con un cuchillo. El teléfono sonó a mediodía del domingo 11 de febrero de 2024. Paula, de 23 años, preguntó por qué tenía que interrumpir su único día de descanso y pasar tres horas en transporte público para llegar hasta Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). “¿Es que ha muerto?”, preguntó casi sin querer. “Sí”, respondió el director.

Paula pasó el día “de duelo” pensando que su padre había “fallecido de un infarto”. Al día siguiente, lunes, en una tensa reunión con los responsables de Brians, supo parcialmente lo ocurrido: su padre había sido asesinado por otro preso, Abdeslam Brada, su compañero de celda en la unidad psiquiátrica del centro penitenciario. Los funcionarios descubrieron por la mañana el cuerpo de José Ángel. Estaba en el suelo, entre dos camas. Alrededor del cuello tenía una cuerda de ropa “muy apretada y hundida en la piel” y una funda de cojín. Abdeslam lo había estrangulado, confesó enseguida a su psiquiatra, por un delirio religioso crónico que nublaba su mente. “Era Satanás. No tenía nuez, por eso lo tenía que matar. Es culpa de Satanás, que mató a mi familia y por eso estoy en prisión”, declaró, según el sumario de la causa judicial abierta por el homicidio, al que ha accedido EL PAÍS.

Diagnosticado con trastorno esquizoafectivo (que combina las alucinaciones e ideas delirantes propias de la esquizofrenia con otros síntomas), Abdeslam cumplía condena en Brians por triple asesinato. El 11 de octubre de 2010, apuñaló en un piso de Reus (Tarragona), mientras dormían, a su exmujer y a los dos hijos de ambos, de dos y seis años. De nada le sirvió a la mujer, Saida El Fas, la orden de protección que tenía vigente. El hombre metió sus cuerpos en la bañera y la llenó de tiza, cemento y escombros para intentar destruir pruebas. Después huyó a Bélgica, hasta que regresó a Barcelona y se entregó a la policía.

Diagnosticado con cluster b (un trastorno de la personalidad caracterizado, entre otros, por conductas impulsivas e inestables), José Ángel estaba en prisión preventiva a la espera de juicio. Por la naturaleza del delito, su estancia entre rejas no iba a prolongarse, presumiblemente, mucho más. Su encarcelamiento fue un “alivio” para sus hijos, Paula y Marc, cuyas vidas convirtió a ratos en “un infierno” por un proceso de deterioro que comenzó tras divorciarse de su madre, a la que había sometido a malos tratos. Su caída (depresión, consumo de tóxicos, conflictos con quien se le pusiera delante, entradas y salidas del psiquiátrico) culminó con el asalto a la casa de los vecinos. Si Abdeslam, en el delirio, vio en él a un demonio, los hijos no niegan que su padre no era un ángel.

Pero en prisión, por primera vez en mucho tiempo, José Ángel parecía mejorar. La medicación en la unidad psiquiátrica, que depende del hospital Sant Joan de Déu, le había dado cierta paz y estabilidad. Las comunicaciones con él por teléfono eran “esperanzadoras”. “Volvía a reconocer a mi padre”, cuenta Paula. El sábado por la tarde, horas antes de morir, la llamó una última vez. “Estaba contento. Me dijo que estaba tomando café, me preguntó la dirección de mi trabajo para venir a verme… Él se veía fuera, por eso me da rabia que le arrebataran esa posibilidad”, dice Paula.

“No se han disculpado”

Sentados en una terraza de la Rambla de Barcelona, Paula y Marc se han personado en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 3 de Martorell (Barcelona) para aclarar los hechos. Lamentan el silencio de la Administración. “Ha pasado más de un año y no nos han dado información ni nos han pedido disculpas. Ha habido mucha opacidad y poca empatía”, lamenta Marc, comercial de 27 años, quien recuerda que el Departamento de Justicia de la Generalitat tenía la custodia de su padre y debía mantenerlo con vida. “Esto se podría haber evitado”. Los hermanos critican que un preso primerizo y preventivo como su padre compartiera celda con otro interno que había cometido un triple asesinato y que, además, había dado señales inquietantes la víspera de los hechos.

Las declaraciones de los testigos en el juzgado que investiga el caso ―en especial, de dos funcionarios de prisiones que prestaban servicio ese día― han arrojado “indicios de negligencia en la actuación del personal sanitario del centro”, según un escrito de la abogada de la familia. La letrada ha pedido a la jueza que llame a declarar, como investigadas, a ocho personas: el director de Brians 1, la psiquiatra de Abdeslam y otros seis responsables de los equipos multidisciplinares que atendieron a víctima y verdugo. Pretende aclarar así cómo se tomó la decisión de que compartieran celda y por qué no se les separó.

Contradicciones y omisiones

El funcionario 3722 declaró ante la jueza que, el día anterior al crimen, Abdeslam había “tenido desvaríos en el patio” y llegó a encerrar en el lavabo a un interno: “Dijo algo de que el diablo estaba dentro”. El incidente fue comunicado a la psiquiatra, pero no implicó su traslado a una celda individual. “Cuando hay incidentes graves, van a habitaciones individuales”, añadió el funcionario. La abogada reprocha que, en su declaración, la profesional “omitió oportunamente” ese detalle. “No había ningún episodio de heteroagresividad aguda que justificara que no compartiera habitación”, afirmó. A la luz de los testimonios, esa supuesta estabilidad de Abdeslam es “falsa”, una forma de justificar la decisión de que compartieran habitación, considera la abogada.

En su declaración, la psiquiatra intentó expulsarse de cualquier responsabilidad. Dijo que no podía “individualizar quién decidió que compartieran habitación” y afirmó que “desconoce el proceso” de toma de decisiones, pero que “no depende del psiquiatra”. La respuesta oficial que Brians 1 envió al juzgado contradice esa versión: la decisión corresponde al equipo multidisciplinar y, como mínimo, a dos responsables: los de psiquiatría y enfermería.

El escrito denuncia que la vigilancia fue nula o insuficiente la noche de los hechos (el cadáver fue hallado por la mañana) y critica la “falta de control” en el consumo de drogas de Abdeslam: según el historial clínico, había consumido cannabis antes de episodios conflictivos o violentos y “no se tomaron medidas al respecto” ni se comunicó a los funcionarios de vigilancia. Los sanitarios “tendrían que haber tomado alguna medida” ante los riesgos y, al no hacerlo, abundaron en la supuesta negligencia.

La muerte de José Ángel pasó desapercibida, todo lo contrario que otro crimen en prisión ocurrido solo un mes después: el asesinato Núria López, de 48 años y cocinera de la cárcel de Tarragona, a manos de un preso. Conscientes del olvido, Paula y Marc piden que, al menos, la administración “reconozca el error” y “se haga responsable”, les compense y puedan empezar a pasar página. “Más que culpas”, tercia Marc, “queremos entender qué ha pasado y evitar que vuelva a suceder”.

Preguntado por la investigación judicial, el Departamento de Justicia ha declinado pronunciarse porque el asunto “está judicializado”, aunque “lamenta” que la familia haya echado de menos más acompañamiento y se pone “a su disposición”.