Burocracia, voracidad y pobreza

Más de 1,4 millones de ciudadanos –la mayoría mujeres– sufren pobreza energética en Cataluña. No pueden mantener sus pisos a la temperatura adecuada: ni calefacción ni ventilador. Los métodos ensayados hasta ahora para combatir esta situación se han revelado insuficientes. Tanto la burocracia de la administración como la escasa –nula, en la mayoría de los casos– sensibilidad de las grandes compañías impiden hallar soluciones. Los datos son elocuentes, pues el bono social del Gobierno central –que desde 2020 impide cortes de luz por impago– llega únicamente a 185.473 catalanes, cuando casi 700.000 personas están en situación de privación material severa, según el Idescat. Desde 2021, se han instalado –únicamente por parte de Endesa, mayoritaria en Cataluña– 104 contadores sociales. La cobertura de las administraciones se queda corta y la racanería de las eléctricas es larga.

A pesar de la ayuda de los servicios sociales, para muchas personas resulta una quimera acceder al bono social. En Cataluña se han ensayado fórmulas novedosas para combatir la pobreza energética, como el convenio suscrito en 2021 entre Endesa, Generalitat y entidades sociales. La idea era buena: se incluía la condonación de la deuda contraída por los más vulnerables con la compañía entre 2015 y 2020. En virtud de ese acuerdo, Endesa también se comprometía a instalar contadores sociales –sin carga económica– para las familias bajo tres condiciones: que obtuvieran el aval de vulnerabilidad de los servicios sociales, que estuvieran empadronadas y que contaran con el preceptivo visto bueno de la inspección sobre la instalación.

Como todas estas viviendas estaban en régimen de ocupación, el contador social no debía tener la oposición del propietario, casi siempre un gran tenedor. Pues bien, en casi cinco años de convenio y sin el veto de ningún propietario se han instalado en toda Cataluña los citados 104 contadores de electricidad, contra, por ejemplo, un millar muy largo de contadores similares de agua. Endesa consideró que el documento de petición no era suficiente con que fuera firmado por la familia solicitante. Así que trabajadoras sociales, jefes de servicio e incluso algún concejal son quienes han acabado como peticionarios del citado contador en la mayoría los 104 casos en que se ha materializado tan rala ayuda, que contribuye a evitar las peligrosas conexiones directas a la red. Endesa asegura, por su parte, que ha dado luz verde a todas las solicitudes de contadores sociales recibidas.

La muerte de Rosa –la mujer de 81 años fallecida en 2016 en Reus al incendiarse su vivienda iluminada con velas– permitió pensar que el sistema se reformaría. Pero casi nada ha cambiado. Las tarifas eléctricas han aumentado un 146% desde 2010. Este 2025, además, concluye el acuerdo Endesa-Generalitat, desde 2021 han vuelto a acumularse impagos y no se ha creado el fondo de solidaridad para hacerle frente que preveía el pacto. Al margen de la voracidad del dividendo, cada cambio de Gobierno catalán vuelve a reiniciarlo todo. Desde 2021 ha habido al menos cuatro relevos de responsables. Y el pacto contra la pobreza energética no se despliega: ni el suscrito con Endesa, ni el que debería estar por venir –y no llega– con las demás compañías, denuncian tanto la Taula del Tercer Sector como la Alianza contra la Pobreza Energética.

El año pasado, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve (la antigua CEPSA) obtuvieron beneficios de más de 11.000 millones de euros. Este año las grandes compañías están de enhorabuena, porque la derecha –desde Vox hasta Junts, pasando por el PP y el PNV– han decidido acabar con el impuesto a las empresas energéticas, en vigor desde 2022 y que ha supuesto en dos años unos 3.000 millones de euros. Vuelve la normalidad. La burocracia, la voracidad y la pobreza siguen ahí.