La receta de Carme Trilla para el alquiler: garantizar el cobro a los caseros a cambio de que bajen precios
La experta en vivienda considera que el control de las rentas debe hacerse de forma concertada con los propietarios


La brecha creciente entre el alza de los precios del alquiler y la subida de salarios, el pírrico parque público de vivienda de protección, y la falta de suelo y financiación para producir los miles de unidades que se necesitan centraron este miércoles la primera de tres jornadas del Foro de Vivienda y Rehabilitación (Fhar, en sus siglas en catalán) que organiza el Ayuntamiento de Barcelona. La presidenta de la Fundación Habitat 3 y experta en vivienda Carme Trilla alertó de las tres cuestiones citadas y defendió la regulación de precios del alquiler, pero concertada con los propietarios. “Con un sistema de garantía de pago [por parte de la administración] ante insolvencias, a cambio de bajar o controlar precios y no retirar pisos del mercado”, defendió y argumentó. “Si queremos tener alquiler asequible con propietarios dispuestos a entrar [en el mercado], no puede ser resbaladizo, porque se extiende la idea de que no es un buen negocio ni una apuesta de futuro, y es un atentado contra tener un parque de alquiler”, señaló.
Trilla, que también preside el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, y ha trabajado en el sector público, privado y el de las entidades, ya había apuntado esta receta, la de habilitar ayudas a los propietarios ante las insolvencias, desde antes de aplicarse el control de rentas. Tras un año de vigencia de la regulación en Cataluña, los precios han caído ligeramente, pero también se han desplomado los contratos y ganan peso los alquileres de temporada, con los que los caseros esquivan la legislación. En Barcelona los contratos de corta estancia ya son el 26% de los nuevos contratos.
En una de las mesas, titulada El futuro de la vivienda, desigualdades en el acceso a la vivienda de compra y alquiler, Trilla lamentó que al diseñar políticas públicas de vivienda “confundimos las consecuencias con las causas”. “Hemos de pensar más en las causas que nos llevan a las situaciones”. Y situó varias: la brecha entre salarios y precios, la presión demográfica en la que ganan peso colectivos vulnerables como los migrantes, el choque entre demanda y oferta tras la parálisis que siguió al estallido del ladrillo, y la dificultad y lentitud de poner en marcha la maquinaria de producción. Entre sus recetas Trilla también apostó por “una estabilidad en la financiación de la construcción de vivienda pública” como la que existió en otras épocas, o los operadores del tercer sector, tanto de construcción como de gestión, habituales en Europa.
La falta de financiación para aumentar el parque público
La falta de financiación fue otro de los temas recurrentes en las mesas. El economista Agustí Jover, en la conferencia inaugural de diagnosis sobre el parque de vivienda protegida en Cataluña, apostó “por un marco de seguridad donde la aportación de recursos públicos y privados se pacte en un marco a muy largo plazo”. “Los 50.000 pisos no se pueden hacer con 1.500 millones de euros, es necesario mucho más”, y alertó de la necesidad de “rearmar a la Generalitat como ejecutor, porque más allá de los operadores privados, nadie se puede imaginar que la promoción la asuman los Ayuntamientos”, a quienes sobrepasa tanto la inversión como la construcción y gestión de un parque público llamado a crecer. También apuntó que la partición de la banca pública (ICF o ICO) es positiva, pero pidió que el interlocutor con los promotores sean las entidades con las que ya trabajan y conocen cada empresa y sus circunstancias.
Por parte del Gremio de la Construcción, su presidente, Josep Antoni Martínez, además de pedir financiación para construir, instó a generar suelo disponible para edificar, mejoras en la fiscalidad y agilización de los trámites para disponer de licencias. “Estamos muy preocupados por la generación de suelo, la sostenibilidad económica de la financiación, lo que tardamos en recibir licencias y una fiscalidad muy alta en todo el proceso: los privados no somos transatlánticos como las administraciones”, alertó.
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