La Pompeu Fabra archiva la causa de los sobresueldos de dos catedráticos, aunque admite irregularidades

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) ha decidido archivar el caso de los sueldos cobrados irregularmente en empresas privadas por los catedráticos de Economía José García Montalvo y Teresa Garcia-Milà, aunque la investigación interna confirma, como hizo la Oficina de Antifraude, que tenían que haber solicitado la compatibilidad al rectorado y haber reducido la jornada. Durante años, Montalvo y Garcia-Milà percibieron sueldos cercanos a los 300.000 euros anuales por ser miembros del consejo de administración de Abanca y Repsol, respectivamente. En febrero, Antifraude dictó una resolución asegurando que había “indicios de fraude o corrupción compatibles con responsabilidades muy graves” y que el caso suponía una posible “infracción disciplinaria” e instaba a la UPF a abrir un “procedimiento sancionador”.

En marzo, la UPF abrió un procedimiento de información reservada sobre el caso. El instructor, un catedrático de Derecho, presentó su informe en julio y “proponía el archivo argumentando que, siendo cierto que tenían que haber pedido la compatibilidad, no se cumplía el criterio de culpabilidad que tiene que acompañar la comisión de infracciones disciplinarias”, explica la universidad. Pero la rectora quiso esperar a emitir su resolución, prosigue el campus, “hasta disponer del informe del caso de Jaume Casals para poder valorarlos conjuntamente por tratarse de temas similares”. Pero el informe sobre el exrector no ha llegado. Y como hace unos días la rectora supo que todavía iba a tardar, optó por archivar el caso la semana pasada para no retrasar más la resolución de los catedráticos y cerrarla antes de final de 2024.

La UPF también tuvo que abrir una investigación sobre Jaume Casals, después de que Antifraude alertara que el exrector había estado compaginando, de forma irregular, su cargo en la universidad con el de director del Instituto de Humanidades de Barcelona, una fundación privada vinculada a la Diputación. Casals ostentaba este cargo desde 1993 y percibía un sueldo de 15.000 euros (que se había reducido con los años). Antifraude resolvió en julio que el exrector había cometido una “infracción disciplinaria”, ya que ambos cargos no eran compatibles, y pedía al campus que iniciara “un procedimiento disciplinario”. La universidad, por su parte, optó por iniciar también un procedimiento informativo reservado, que todavía se está tramitando.

En medio del revuelo generado por la investigación de Antifraude, que reveló EL PAÍS, Jaume Casals cesó como presidente del patronato de la Barcelona School of Management (BSM), cargo que asumía desde mayo de 2023 y que despertó polémica entre parte de la comunidad educativa del campus, ya que tradicionalmente este cargo lo asume el rector de turno, pero la UPF cambió sus estatutos para permitir colocar a Casals. Algunas cuestionaban su idoneidad a raíz de las sospechas de su participación en la operación para destronar Oriol Amat como rector y por las irregularidades destapadas por Antifraude. Según la universidad, Casals presentó su renuncia en julio, alegando motivos personales, y actualmente la rectora ocupa la presidencia del patronato, recuperando la tradición.