El Govern aprueba una figura para dotar de autonomía jurídica a las personas con discapacidad

El Govern ha aprobado este martes un proyecto de ley para modificar el libro II del Código Civil Catalán que permitirá asistir jurídicamente a personas con discapacidad psíquica. La norma, que empezará ahora su recorrido parlamentario, beneficiará a unas 10.000 personas que podrán gozar de un asesor jurídico cuando se les haya diagnosticado una enfermedad y deban tomar decisiones en actos jurídicos como la firma de una hipoteca o la formalización de una compra-venta de una casa. El objetivo del Govern es dotar de recursos la aplicación de esa norma.

Tras la celebración del Consell Executiu, la consejera portavoz Sílvia Paneque ha sostenido que el cambio se ajusta a los cánones de la Convención de Nueva York en 2006 que estableció sustituir los procedimientos de incapacitación y las figuras de tutela por el basado en el respeto de las personas. “Es un sistema de apoyo y no de sustitución en la toma de decisiones”, ha apuntado la consejera. En 2021, el Govern ya aprobó un decreto similar, pero Paneque ha matizado que el proyecto actual tiene la particularidad de dotar de asistencia a las personas de manera preventiva, esto es, con la posibilidad de acompañarlas, si es ese su deseo, justo después de que se les diagnostique la enfermedad.

El texto de modificación plantea tres tipologías diferentes de apoyo: apoyos no formalizados, la alternativa a la vía judicial; los poderes preventivos y asistencia. La diferencia relevante es que misma persona interesada es la que toma las decisiones con la ayuda que sea necesaria, a diferencia de lo que contempla el Código civil español, que es la figura de la curatela. “Es un cambio y una mejora. Los recursos se activarán cuando hagan falta”, ha asegurado la consejera preguntada por los recelos que han mostrado diversas entidades sociales que han mantenido en el Palau de la Generalitat una reunión con el president Salvador Illa. El Govern confía en recabar los apoyos necesarios en el Parlament y que la modificación no se demore más allá de lo estrictamente pautado en la tramitación parlamentaria.

Las entidades impulsoras de la modificación Dincat, Encaix y Coordinador Tutelar han aplaudido el cambio. Tras reunirse con Illa y los consejeros Ramon Espadaler (Justicia) y Mónica Martínez (Derechos Sociales e Inclusión), Victòria Monell, presidenta de Encaix, ha descrito la ley como un “cambio de paradigma para las personas con discapacidad” y ha explicado que lo más destacado es la eliminación de la incapacitación, que permitirá que las personas con discapacidad reciban los apoyos necesarios según sus voluntades. “No nace con los recursos necesarios. Faltan en el ámbito judicial y notaria”, ha lamentado Monell, que confía en que la norma se apruebe cada año.