La crisis que se avecina

La inflación se mantiene desbocada desde el inicio de la invasión de Ucrania. Cierta economía financiera engrosa sus beneficios a partir de la escasez de determinadas materias primas como el gas, el petróleo, los cereales y algunos metales. Los bancos centrales elevan los tipos de interés, tal como la ortodoxia económica requiere, para frenar la inflación. En nuestro país ha crecido el empleo, aunque es previsible que pasada la estacionalidad estival y con la recesión provocada se perderán muchos puestos de trabajo. Según la nueva encuesta anual del Idescat, el Instituto de Estadística de Cataluña, la tasa de pobreza se ha reducido el último año un escaso 0,8%, aunque se mantiene en un inasumible 25,9%, su máximo histórico. Por otra parte, el mismo informe apunta que aumenta del 9,4% al 15,9% la población que no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, por lo que calentar la casa este invierno va a ser un lujo inaccesible para cada vez más hogares.

Se hablaba de un pacto de rentas para que las personas trabajadoras perdieran menos poder adquisitivo, pero de momento el acuerdo no ha llegado. La escasez de mano de obra durante unos meses ha tranquilizado conciencias. Pero las decisiones de bloqueo económico a Rusia, las consecuencias de los acuerdos de la OTAN reorientando el gasto hacia un aumento de la inversión en armamento y la vuelta a la contención presupuestaria, después de unos años de tolerancia del incremento del déficit preocupan, sino alarman, a quienes promovemos la acción social.

En este contexto, ¿quién piensa hoy en los más vulnerables?

Las políticas reactivas keynesianas pueden paliar algunos efectos de la crisis que se avecina, pero son imprescindibles medidas estructurales. Deben activarse cuanto antes acciones como la promoción real de un mayor nivel educativo de toda la población, empezando por una verdadera exigencia en la formación de maestros y profesores. Debe favorecerse la liberación de suelo para que en determinadas condiciones la iniciativa privada pueda ofrecer vivienda a precios concertados, así como el apoyo efectivo y la desburocratización de las relaciones con a administración de la economía productiva, de la economía social. Es imprescindible la inversión en salud, incluyendo la fragilidad mental.

Solo acciones contundentes, estructurales, harán posible que los más débiles de la sociedad no sufran acumulativamente las consecuencias de una crisis que cada vez es más recurrente. La verdadera equidad en la distribución de la riqueza requiere de cambios profundos en lo más esencial. Solo una fiscalidad que grave los beneficios financieros, quizás algunas medidas impositivas anunciadas recientemente por el Gobierno en los sectores de la banca y las grandes compañías energéticas, redistribuirá verdaderamente la riqueza y aportará los recursos para los cambios necesarios. De no intervenir de forma radical cuando antes, la próxima crisis tendrá nuevamente graves efectos para los más vulnerables.

Josep Oriol Pujol Humet es director general de la Fundació Pere Tarrés

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