El juez cita al empresario que abrió las puertas de Rusia al entorno de Puigdemont

El juez de Barcelona que investiga el caso Voloh -el supuesto desvío de fondos públicos al procés- ha citado a declarar, como investigado, al empresario ruso que ejerció presuntamente de enlace del expresidente Carles Puigdemont en Rusia. Alexander Dmitrenko, al que se le negó la nacionalidad española por sus supuestos contactos con los servicios secretos rusos, viajó a Moscó junto al jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay, también investigado en la causa.

Dmitrenko tendrá que explicar la naturaleza de esos viajes ante el juez Joaquín Aguirre el próximo 31 de mayo. La intervención del teléfono móvil de Alay mostró que Dmitrenko participó presuntamente en una operación de compraventa de petróleo entre compañías rusas y chinas. El empresario, afincado en Cataluña desde hace muchos años, fue según la Guardia Civil un hombre clave en los contactos que el entorno de Puigdemont buscó con sectores cercanos al Kremlin. La hipótesis de los investigadores es que esos viajes buscaron apoyos al proceso independentista. Alay lo ha negado públicamente y sostiene que obedecían a intereses académicos.

El juez sospecha que el empresario -fundador de un lobby bautizado como Catrus- puede tener contacto con servicios de inteligencia rusos -el Estado le denegó la nacionalidad española en 2021 en base a unos informes del CNI sobre esa cuestión- y pudo haber abierto el camino en Moscú a Josep Lluís Alay. El jefe de la oficina de Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, mantuvo al menos cinco reuniones con contactos rusos entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Tres de las reuniones se celebraron en la capital rusa.

El magistrado indaga, entre otras cosas, si el negocio de compraventa de petróleo sirvió para financiar el proceso independentista. En esas negociaciones intervino, presuntamente, Artem Lukoyanov, hijo adoptivo de Vlasilav Shurkov, apodado el cardenal gris, un influyente exasesor personal del presidente ruso, Vladimir Putin. El juez encontró similitudes entre esa operación de compraventa y otra efectuada por Rusia a favor de una empresa vinculada al líder de la Liga Norte Matteo Salvini y que sirvió para la financiación ilegal de la formación de extrema derecha italiana.

La llamada “trama rusa” que investiga el juez no tiene, sin embargo, el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido archivar la causa contra Alay. El ministerio público considera que no hay indicios de delito en las conversaciones ni en los viajes.

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