Ciudadanos lleva a la Fiscalía el acuerdo del Govern para proteger “jurídicamente” a los profesores

Ciudadanos ha anunciado este miércoles su intención de interponer acciones legales contra el Govern por haber aprobado un acuerdo titulado Sobre la defensa del catalán, de las escuelas y de la cohesión social en el que defiende el actual sistema de inmersión y anuncia que dará amparo jurídico a los profesores de posibles “ataques al catalán”. Carlos Carrizosa, líder del partido en Cataluña, sostiene que del texto se deduce que el Govern está proclamando “su voluntad de no implantar el 25% de enseñanza en castellano, destinando recursos para vulnerar los derechos de ciudadanos amparados por el TSJC e induciendo a funcionarios a vulnerarlos también”.

Miembros del partido han señalado que la formación naranja presentará la denuncia ante la Fiscalía. En su parte dispositiva, el acuerdo -que no es un decreto, como dice Ciudadanos- cuenta con tres puntos; el primero reafirmar el compromiso del Govern con la defensa del catalán, de las escuelas y la “cohesión social a todos los niveles y por todas las vías institucionales, políticas y jurídicas” a su disposición y promover el máximo consenso posible; proteger a todo el personal de los centros educativos ante “cualquier ataque ilegítimo” y a partir del principio de indemnidad poner los servicios jurídicos de la Generalitat a su servicio.

El acuerdo concluye con un tercer punto que establece que se exigirán responsabilidades por la vía política, penal o administrativa a todas las personas que ataquen “injustamente” a personas o colectivos por la defensa del uso del catalán y sus funciones. Además de la denuncia en la Fiscalía, Ciudadanos ha presentado preguntas en el Congreso en las que pide al Gobierno si ha previsto pedir al Govern que cumpla la sentencia; que qué medidas ha previsto para que se impartan las clases el 25% o qué piensa hacer para evitar que el Govern no destine fondos para evitar que se cumpla.

En un hilo en la red, Carrizosa ha advertido a los profesores que ignoren la sentencia que el Govern no podrá protegerles. “En caso de que algún funcionario aún confíe en la poción de indemnidad encargada por el Govern al profesor Bacterio”, sostiene con ironía en diputado, “hacemos un llamamiento a que no se dejen tomar el pelo: las consecuencias por incumplir la ley y las sentencias las paga quien incumple. De nada”.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictó en noviembre una sentencia, firme desde que el Supremo rechazó un recurso de la Generalitat, que fija que al menos se impartan en un 25% en castellano. El fallo afecta a todo el sistema porque partió de un recurso de la Abogacía del Estado. El Gobierno tiene hasta final de febrero para pedir o no la ejecución de ese fallo. Los partidos soberanistas defienden el modelo actual mientras los constitucionalistas lo rechazan. El PSC es partidario de revisarlo.