Un camino de espinas

No será fácil. Lo que viene ahora tras los indultos de los dirigentes independentistas no será un camino de rosas, sino más bien de espinas. Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el de Pere Aragonès tendrán que sortear grandes obstáculos en sus propias retaguardias.

El programa del Gobierno de coalición del PSOE con Podemos y sus confluencias para abordar el conflicto catalán era el siguiente: primero, desinflamar una situación política muy tensa, dominada durante demasiados años por emociones de signo contrapuesto. Segundo, recuperar la relación política e institucional entre los gobiernos de España y de Cataluña rota desde 2017 y asegurar la estabilidad parlamentaria para la legislatura. Tercero, abrir vías de diálogo político para afrontar el fondo del asunto.

Pronto se vio, sin embargo, que nada de esto era posible sin sacar antes a los presos independentistas de las cárceles en las que ingresaron hace tres años y medio. Esta era una condición previa que requería una solución inmediata, sin la cual no habría ni normalidad institucional ni posibilidad de diálogo fructífero sobre las causas del conflicto.

Casado desprecia el aval a la medida de gracia dado por los obispos catalanes, las patronales y los sindicatos

Casado desprecia el aval a la medida de gracia dado por los obispos catalanes, las patronales y los sindicatos

El fondo del asunto es que Cataluña, que lleva más de 150 años porfiando por el autogobierno, viene rigiéndose desde 2010 por un Estatuto de Autonomía rebajado que no es el votado por sus ciudadanos. El rechazo y la protesta contra esta situación es lo que generó la espiral de despropósitos que culminó en el otoño de 2017 con la destitución y el encarcelamiento del Gobierno de la Generalitat y los dirigentes de los partidos independentistas. Y en el exilio de su expresidente, Carles Puigdemont, junto a un puñado de políticos.

Aquella conmoción alteró drástica y significativamente el mapa político catalán. El catalanismo pactista y reformista que apoyó la Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006 se dividió profundamente y una parte muy importante del mismo abrazó el independentismo. Es la que ahora sostiene que la autonomía es una página pasada, a la que no hay que volver. Es también la parte que sigue reclamando la amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Esquerra Republicana juega ahí un papel esencial. Apoya en las Cortes el programa de Sánchez para Cataluña y ahora preside el nuevo gobierno catalán. Aragonès se ha visto obligado a hacer equilibrios en la coalición que le sustenta en el Parlament para facilitar la distensión, poner su parte en la recuperación de la relación institucional con el gobierno de Sánchez y asumir positivamente el indulto de los presos. Pero una buena parte del independentismo no cree que esa vía tenga posibilidades de éxito. Las experiencias vividas por el catalanismo desde la aprobación y posterior desmoche del Estatut de 2006 han asentado en esta amplia franja del electorado catalán una enorme desconfianza en cualquier negociación con el Gobierno de España. Su convicción es que incluso si se llega a acuerdos positivos sobre lo que realmente importa, la distribución del poder, la cuota de autogobierno, vendrá luego lo que llaman “el Estado profundo”, donde está sólidamente instalado el PP, y los echará abajo.

Esa es una dificultad con la que tendrá que lidiar también Pedro Sánchez. Las derechas que se oponen al Gobierno de coalición han intentado convertir los indultos en un instrumento de agitación nacionalista contra la mayoría parlamentaria progresista que le apoya. El líder del PP, Pablo Casado, ha despreciado el aval a los indultos dado por los obispos catalanes, las patronales, los sindicatos y otras entidades de la sociedad civil argumentando que esas son cuestiones políticas que deben ser debatidas en el parlamento, sede de la soberanía nacional. Lo dijo con osadía la misma semana en que el Congreso de los diputados rechazó por 190 votos contra 152 una moción del propio PP contra la concesión de los indultos. O sea que, siguiendo el argumento de Casado, la soberanía nacional ha apoyado ya los indultos.

Esta votación dejó las cosas claras, si es que no lo estaban. Sánchez cuenta con apoyos firmes para avanzar en la vía del diálogo con la Generalitat, pero las derechas no se lo van a poner fácil. El PP utiliza contra los indultos la misma estrategia que le permitió recortar el Estatut de 2006. En aquella batalla el PP perdió todas las votaciones sobre la reforma estatutaria tanto en el parlamento catalán como en el Congreso y el Senado. Pero ganó la única que le interesaba, la de 2010 en el Tribunal Constitucional, tras maniobrar en su composición para asegurarse una mayoría afín.

Ese es el pasado que pesa como una losa y el que Sánchez y Aragonès deben superar entre el inmovilismo del PP y la incredulidad de los independentistas.