El veto al senador autonómico de Vox enfrenta al PSC con el independentismo y los comunes

La 13ª legislatura catalana echó a rodar con un gran acuerdo más allá de los bloques independentistas: un cordón sanitario para limitar la presencia y acción del discurso de odio de Vox en el Parlament. El texto del acuerdo, que fue firmado por ERC, Junts, CUP, En Comú Podem y socialistas, entre otras cosas, fijaba compromisos como evitar la llegada de los de Ignacio Garriga a la Mesa de la Cámara y a otros sitios de representación, aunque respetando su derecho a la iniciativa política. La designación de los senadores autonómicos, sin embargo, está poniendo a prueba esa unidad pues el independentismo y los comunes creen que se debe evitar dar una silla a Vox en la Cámara territorial mientras el PSC considera que el veto vulneraría la ley. Para forzar a las filas socialistas, el resto de partidos piensa llevar el documento del cordón sanitario al pleno en forma de propuesta de resolución. Los de Salvador Illa no la han firmado.

“No queremos legitimar la acción política de la extrema derecha”, ha asegurado la diputada de Junts Aurora Madaula. “En el Parlament no tienen cabida ciertos comportamientos”, ha añadido la representante de la CUP, Basha Changue Canalejo. El Parlament tiene derecho a designar ocho senadores autonómicos, que se reparten de manera proporcional a la representación de los partidos. Los nombres, sin embargo, tienen que ser sometidos a votación por el pleno. Vox es la cuarta fuerza de la Cámara catalana, con lo cual le correspondería un escaño en la Cámara alta. Los independentistas y los comunes entienden que el veto tiene cabida, puesto que el documento fija “evitar, siempre que sea posible, la presencia de las formaciones de extrema derecha en los nombramientos [sobre los] que el Parlament tiene potestad estatutaria o legislativa”.

El PSC hace una lectura distinta. “No compartimos la estrategia de poner a Vox en el centro del debate político”, ha asegurado el diputado del PSC Raúl Moreno. El socialista ha insistido en que su partido se mantiene en la defensa del compromiso del texto inicial, pero se separa de la manera como el resto de formaciones quiere llevarlo a cabo. “No nos saltaremos la ley, negar la representación a una formación no es democrático”, ha insistido el representante.

Los partidos independentistas y los comunes registrarán dos propuestas de resolución con las que quieren blindar el cordón sanitario y generar un espacio de debate para saber cómo combatir la estrategia de Vox en la Cámara. Los socialistas estudiarán si firman los textos, pues dudan por ejemplo de que se hable de “cambiar el reglamento” para combatir a Vox sin especificar claramente cuál sería la modificación. Tampoco ven viable jurídicamente, por ejemplo, que se pongan multas por los discursos de odio.