La Generalitat entrega a los Maragall el dinero para sufragar los cuidados del expresidente
El Govern modificó la ley que regula las prerrogativas de los exlíderes del Ejecutivo catalán para adaptarlas a las necesidades de sus beneficiarios


La familia de Pasqual Maragall se encargará, a partir de ahora, de contratar directamente los servicios necesarios para cuidar del expresident, que sufre de Alzheimer. Así lo ha acordado este martes el Ejecutivo catalán en su reunión semanal. Hasta ahora, la propia Generalitat se encargaba de contratar directamente a los cuidadores, una función que ahora asume el entorno de Maragall.
Cada uno de los expresidentes catalanes tiene derecho por ley a contar con una oficina, cuyos gastos pueden ascender hasta casi los 70.000 euros anuales. Después de que Maragall anunciara en 2007 que estaba enfermo y se retirara de la vida pública, la continuidad de su oficina de expresidente (con chófer y tres personas) quedó en entredicho. Hace 17 meses, el Govern anunció que haría una modificación de la norma que regula las prerrogativas de los expresidentes para garantizar su “vida digna” y adaptar la pensión a sus necesidades actuales.
El cambio normativo permite entonces blindar que el dinero que antes gastaba Maragall en su oficina lo pueda utilizar en los cuidados que requiere su enfermedad. En su momento, la entonces portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi, justificó el cambio para garantizar “la atención y el apoyo necesario para asegurar el derecho de los expresidentes a vivir dignamente en todas las etapas de la vida”
La actual portavoz, Meritxell Budó, ha recordado este martes que el cambio no implicará ningún sobrecoste para la Generalitat. Jordi Pujol es el único expresident que no tiene oficina, pues renunció a ella una vez se destapó el escándalo de su herencia oculta en Andorra y la sistemática evasión de impuestos. La oficina de José Montilla también ha estado bajo el foco mediático, por su decisión de quererla mantener pese a fichar como consejero independiente de Enegás, una empresa cotizada pero con participación pública.
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