El juez del caso de violación contra el exjefe de la Policía critica las “ventajas” que las mujeres tienen para denunciar
El magistrado David Maman señala en una conferencia la facilidad con la que se dan medidas de protección a las denunciantes
David Maman Benchimol, el juez encargado de la denuncia por violación de una subordinada contra el comisario José Ángel González, exjefe de la Policía, “entiende” que las mujeres acudan a los juzgados a pedir una orden de protección contra sus parejas o exparejas porque tienen “tantas ventajas” para denunciar: “Se le da asistencia jurídica gratuita; aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra (...)”. “¿Pero qué pierde?”, se preguntaba el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid en una conferencia en el Colegio de la Abogacía de Madrid el 18 de febrero. Un mes después de sus palabras, el magistrado rechazó la petición de la denunciante de prohibir a José Ángel González comunicarse con ella.
En la charla, centrada en el procedimiento penal y especialmente en las competencias de los juzgados, Maman se muestra crítico con que los juzgados de violencias contra la mujer —que tienen no solo competencias penales, sino también civiles— se hayan convertido ”en un camino casi forzado” y especialmente con la facilidad con la que se otorgan las órdenes de protección a las denunciantes: “Los abogados tienen una gran afición a visitarnos; me enfada, pero lo entiendo, se intenta forzar una vía”. “Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?“, se pregunta.
“Conocidas las declaraciones del magistrado instructor, discrepamos profundamente con las mismas, por entenderlas desafortunadas y esperando que se encuentren delimitadas al derecho de libertad de expresión del magistrado, que respetamos como respetó el de la acusación particular”, afirma a este periódico Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante del exDAO. Y añade: “No obstante, si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta arbitraria por sesgo machista, este letrado se verá obligado a solicitar la recusación en defensa y protección de su cliente víctima de agresión sexual en un contexto de violencia sobre la mujer”. Informa Irene Dorta.
Según el relato de la víctima, los hechos bajo sospecha ocurrieron en abril de 2025, cuando la agente “se encontraba de servicio” y “recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo”. Entonces, según añadió el letrado a través de un comunicado, le ordenaron llevarlo a su “vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior”, donde el querellado la agredió sexualmente “con penetración”.
La denunciante asegura que el director adjunto operativo se valió de su “autoridad” para cometer la presunta agresión, que le “causó lesiones” y que se prolongó “hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial”. “Posteriormente, la víctima fue coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos, lo que la ha llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio”, añadía el abogado Jorge Piedrafita.
Custodia compartida
“Si yo fuese abogado, diría: ‘Tú cuéntame todo’ y, entonces, yo cojo y presento la denuncia, aunque tenga poco sentido”, subraya Maman en la charla. El magistrado también critica que la denuncia ante el juzgado permita a las mujeres quitarse “de en medio” la guardia y custodia compartida de sus hijos, una figura respecto a la que “la mujer es enemiga acérrima”: “No entiendo yo todavía por qué esa animadversión de la mujer a la guarda y custodia compartida cuando el Supremo ha dicho 300 millones de veces que es la deseable”. E insinúa que la denunciante en estos procesos “piensa que con la guardia y custodia compartida [el denunciado] ya no le va a pagar la pensión”.
El Código Civil descarta en su artículo 92.7 la custodia compartida si hay un procedimiento de violencia abierto o si el juez aprecia indicios de él. Esta disposición se llevó ante el Tribunal Constitucional, que rechazó anularla en 2022. “El 92.7 no prevé ninguna excepción y es mortal”, sentencia el juez en la charla. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid dice que los jueces se encuentran en “una encrucijada”: entre padres que la quieren “muchas veces por tema económico” y mujeres que tienen “animadversión” a la custodia compartida.
El magistrado añade que la lentitud de los procesos beneficia a las mujeres en casos que deberían sobreseerse “desde el minuto uno”, pero que acaban en apelación en la Audiencia. Mientras esos recursos se resuelven, se lamenta Maman, ellos no pueden dar la custodia compartida y el proceso “se eterniza”: “Y, mientras tanto, ese niño, pues poco a poco la madre le va a hacer el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente y luego es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”.
Mamam se muestra, con todo, crítico con otros aspectos de la ley o de la jurisprudencia que perjudican a las mujeres. En su conferencia, de más de dos horas de extensión, el juez afirma que el delito de impago de pensiones “no solo lo sufren los hijos, lo sufre la madre, porque lo que no paga [el padre], lo paga la madre”. Por ello, defiende, deberían ser competentes los juzgados de violencia contra la mujer. La Audiencia Provincial de Madrid entiende que esta cuestión solo es competencia de estos juzgados especializados cuando el impago vaya acompañado de un delito de violencia.
En declaraciones recogidas por EFE, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado este jueves que esas palabras, adelantadas por La Sexta, son “de una gravedad y de un machismo impresionante”. “Esto es lo que hay que combatir: el machismo está instalado en nuestra sociedad y en nuestras instituciones”, ha añadido.
