La Fiscalía archiva la denuncia contra la marca juvenil de Vox por el presunto desvío de los fondos recaudados para las víctimas de la dana
Dos antiguos miembros de Revuela acusaron a finales del año pasado a la directiva de la entidad de irregularidades
La Fiscalía provincial de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta el pasado diciembre contra tres dirigentes Revuelta, la marca juvenil de Vox, por las sospechas de desvío de las donaciones de decenas de miles de euros recaudadas para ayudar a los damnificados de la dana. El ministerio público encargado de delitos económicos ha concluido que la denuncia presentada “no aportaba datos sustanciales, era muy genérica” y ha considerado archivarla, según ha adelantado este martes elDiario.es y han confirmado fuentes judiciales a este periódico. La entidad es conocida por impulsar durante semanas las protestas frente a la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz, entre finales de 2023 y comienzos de 2024.
La crisis de Revuelva comenzó a finales del año pasado, tras las dimisiones de varios miembros de la junta, entre las que se encontraban el vicepresidente de la asociación, Arturo Villarroya; el miembro de la Junta Directiva Javier Esteban Bejarano y la exportavoz Elsa Almada. Un mes antes, los dos primeros presentaron una denuncia ante la Fiscalía “por presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados” contra el presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga, y sus dos hombres de confianza, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca.
Los denunciantes afirmaban que Revuelta recaudó “cientos de miles de euros” en donaciones solidarias con el reclamo de enviar esos fondos a Valencia para paliar los efectos causados por las inundaciones, pero esas “aportaciones no se destinaron a las víctimas de las riadas” como se les prometió. “Han sido engañados”, aparecía en el escrito en referencia a los donantes. Los denunciados siempre han negado el desvío de dinero y han sostenido que las acusaciones eran un pretexto de la dirección de Vox para tomar el control de Revuelta.
En el momento en el que la denuncia fue presentada, Villarroya y Esteban Bejarano aseguraban que Revuelta disponía en sus cuentas bancarias 105.000 euros que aún no se habían destinado a las víctimas de la dana, a pesar de que ya se había cumplido más de un año de la tragedia. Entre otras irregularidades, aparecía en el escrito, la organización no cumplía con sus obligaciones fiscales de la venta de camisetas y se acusaba a Hernández de haber registrado a su nombre la denominación y el logo de la asociación. Además, los denunciantes también sospechaban que el presidente utilizó su empresa Picaporte para beneficiarse cargando una factura falsa de unos 5.000 euros y disfrutó para su uso personal de una furgoneta que la asociación compró por 35.000 euros.
La denuncia señalaba que Revuelta, que nunca llegó a inscribirse como asociación (los responsables utilizaron para recaudar fondos una asociación preexistente de mayores, de nombre Asoma), nunca convocó una “asamblea general ni junta directiva ni se han aprobado cuentas anuales” ni se han aprobado en su máximo órgano de dirección “la celebración de contratos de ningún tipo”. Los inscritos, señalaban los denunciantes, no se les reconocía la condición de afiliados, sino que se les denominaba donantes periódicos y sus cuotas se contabilizaban como donativos. No tenían, por lo tanto, derecho a la información de las cuentas de la organización ni a votar en los procesos de elección en los órganos directivos.
Los exmiembros que presentaron la denuncia lo hicieron después de solicitar sin éxito al presidente la entrega de toda la documentación económica. Tras hacerse pública la noticia, Vox presentó otra ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por el presunto desvío.
Y es que, según unos audios publicados el 17 de diciembre por El Mundo y El Plural, el líder del partido ultra, Santiago Abascal, conocía estas acusaciones antes de que se presentase la denuncia y le preocupaba que las acusaciones sobre la supuesta apropiación de esas donaciones salpiquasen al partido, ya que varios miembros del partido forman o han formado parte de Revuelta.
Las grabaciones se hicieron durante las dos reuniones que mantuvo Jorge Buxadé, parlamentarista europeo de Vox, tanto con los implicados como con los que después denunciarían ante la Fiscalía las presuntas irregularidades. En los audios se escucha a Buxadé debatir con González Gasca (secretario general de Revuelta y por entonces responsable de marketing digital de Vox, aunque de baja) acerca de firmar un documento para disolver la asociación y destinar los remanentes a entidades sin ánimo de lucro.
Sin embargo, González Gasca se negó, a pesar de la insistencia de Buxadé: “Yo digo qué es lo que hay que hacer y qué espera Vox de vosotros: una actuación responsable, porque trabajáis para nosotros y esa buena fe sí que se puede pedir”, se escucha decir al europarlamentario. Tras la publicación de dichos audios, González Gasca fue expedientado por el partido ultra y finalmente expulsado este enero.
