Los controvertidos mensajes del juez Peinado al procesar a Begoña Gómez: de Fernando VII a “esposa de”

El juez Juan Carlos Peinado ha investigado durante dos años a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en una causa que ha estado marcada por decisiones controvertidas y escritos con frases grandilocuentes. El magistrado llegó a decir en una de sus resoluciones tras la toma de declaración al presidente del Gobierno que podía sacar “conclusiones” del “silencio” de Pedro Sánchez y trató de escalar la investigación hasta la imputación del ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños. Un paso que el Tribunal Supremo frenó en seco. El auto de 39 páginas conocido este lunes es el equivalente al procesamiento de Begoña Gómez en una causa por jurado popular y propone sentar en el banquillo a la esposa del presidente por cuatro delitos. El escrito no se aleja del estilo del instructor y contiene también mensajes crípticos y recados controvertidos.

La condición de “esposa de”. El juez basa el auto con el que acerca al banquillo a Begoña Gómez en que el desarrollo de la actividad laboral de la esposa del presidente del Gobierno despegó una vez él ocupó la Moncloa. Lo cierto es que Gómez ya trabajaba con la Universidad Complutense desde el año 2013, años antes de la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno, pero el magistrado remarca que su “actividad privada” despegó a partir de 2019 cuando Sánchez llegó al cargo y se creó la cátedra extraordinaria de Transformación Social y Competitiva y un máster con el mismo nombre. Peinado llega a exponer que “la sola condición de ‘esposa de” ya sirvió supuestamente a Gómez para lograr reuniones al más alto nivel que pudieran financiar su cátedra. La defensa de Gómez lo refuta y señala que desde que su marido accedió al cargo “dejó su actividad privada mucho más rentable, quedándose únicamente” con la actividad en la Complutense por la que cobraba 15.000 euros anuales. La cátedra era gratuita y cobraba por las clases impartidas en el máster.

La “presión moral”. El magistrado ha decidido que debe sentar en el banquillo también a la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Sobre la participación de la primera en un supuesto delito de tráfico de influencias, Peinado expone que ella fue parte activa en la captación de fondos para el máster, que mantuvo interlocución con Google y con otras empresas para financiar el software y que era reconocida por terceros como integrante del equipo de la cátedra. El auto dice que la influencia de Álvarez “puede calificarse provisionalmente como presión moral ante quien debía decidir”, así que le otorga el papel de cooperadora necesaria en este delito.

Más responsables en La Moncloa. Peinado apunta a un delito de malversación por la actividad de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez, al servicio de Begoña Gómez. El juez cree que no solo se dedicó a acompañar a Gómez en su actividad institucional, sino que también la ayudó a impulsar su actividad privada y esto supone un desvío de fondos públicos a través del sueldo de esta trabajadora. En el auto desliza la posibilidad de que pueda haber más responsables porque, dice, que la actividad desarrollada por Álvarez para las actividades particulares de la esposa del presidente del Gobierno era “tan pública y de tanta intensidad que no podía escapar del conocimiento de sus superiores jerárquicos y responsables administrativos”. Así, remacha que se realizó “con la autorización de los mismos o al menos con su anuencia”. Cabe recordar que el juez ha tratado de buscar dentro del Gobierno quién tenía el control de la actividad de esta trabajadora y quién fue el encargado de su contratación. Además del intento de imputación de Bolaños ―por su trabajo en como secretario general de Presidencia antes de ser ministro―, Peinado también mantuvo investigado durante meses al actual delegado del Gobierno, Francisco Martínez, por su paso por La Moncloa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid avaló el archivo de su imputación. Finalmente, la intención del magistrado de escalar la causa ha naufragado.

El ‘software’, un producto “terminado, operativo y listo”. El juez expone como indicio de apropiación indebida (uno de los cuatro delitos en liza) el hecho de que Begoña Gómez inscribiera a su nombre un software que se emplearía en la web que llevaba el mismo nombre que el máster que dirigía (Transformación Social Competitiva) para que pequeñas y medianas empresas pudieran comprobar si cumplían con los objetivos de sostenibilidad marcados por la ONU. El relato del juez expone que el “daño patrimonial” para la Complutense es mayor a los 108.765 euros de costes de la elaboración de esta plataforma porque, a su juicio, el alcance económico no debe ceñirse al “desarrollo técnico”, sino a un “activo integral que incorpora el know-how generado, el trabajo acumulado, la validación técnica y el resultado final de un proyecto plenamente funcional”. Para Peinado, Gómez no se apropió solo de un proyecto incipiente, sino de un “producto terminado, operativo y listo para su explotación”. Para él, la estimación real excede los 300.000 de euros y puede situarse “por encima del medio millón de euros”. Todo ello, a pesar de que la defensa de Gómez siempre ha sostenido que si registró la marca a su nombre fue porque se lo indicaron en la Universidad y que el software nunca llegó a estar operativo. Así lo declaró también Blanca de Juan, la coordinadora de la cátedra con la que la esposa del presidente codirigía la cátedra, quien relató ante el magistrado que el software daba “muchos problemas y errores” y nunca estuvo disponible.

La falta de jurisprudencia por Fernando VII. Uno de los puntos más llamativos del escrito está en la página en la que Peinado busca doctrina para apuntalar el delito de tráfico de influencias en el hecho de que Begoña Gómez se reuniera con empresarios en La Moncloa y termina reflejando que para encontrarla “hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII”. “Por mucho que se busque en la jurisprudencia [...] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, sostiene.

Los encuentros con los directivos. El juez desgrana también los encuentros con los directivos de las grandes empresas que presuntamente aportaron sus conocimientos técnicos o su financiación para el desarrollo del citado software. Detalla, por ejemplo, la reunión de Begoña Gómez con el expresidente de Telefónica José María Álvarez Pallete, “a la que siguieron contactos con altos cargos de la citada entidad mercantil en relación con el apoyo al proyecto”; el encuentro con el director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google, Miguel Escassi; o el de Marc Murtra cuando era presidente de Indra. Sobre este último añade el juez que “un testigo calificó una reunión de ese nivel como inusual y fuera de lo habitual”. Para Peinado, por tanto, no se trata de “una interlocución residual” o de “contactos aislados, accesorios o puramente protocolarios”, sino que es una “actuación continuada, directa y operativa” con “máximos niveles de decisión empresarial”.