Azcón subvenciona el primer curso de bachillerato en centros concertados estando en funciones

En plenas negociaciones con Vox, el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, ha movido ficha con una subvención a la enseñanza concertada. Este miércoles, el Boletín Oficial de Aragón ha publicado una orden del departamento de Educación para subvencionar el primer curso de Bachillerato en centros concertados a partir del próximo septiembre. Una iniciativa que acomete el Gobierno en funciones y con las cuentas de 2025 prorrogadas. La comunidad educativa y la oposición política están contra la medida.

Según la orden, a partir de este miércoles, los centros concertados que ya ofrecen Bachillerato disponen de 10 días para solicitar su concertación y en mayo recibirán una respuesta. De momento, el Gobierno aragonés plantea destinar 2,7 millones de euros para el primer trimestre del curso 2026-27, con la previsión de concertar hasta 65 aulas en un máximo de 23 centros. Los alumnos pagarían una cuota mensual de entre 18 y 36 euros. Será la primera vez que se concierta el Bachillerato en Aragón.

La medida, que forma parte del programa electoral del PP en esta comunidad, fue anunciada en octubre por la consejera de Educación, Tomasa Hernández. Pero entonces, el Gobierno negociaba los presupuestos con Vox y se interpretó como una forma de presión a la ultraderecha para que diera luz verde a las cuentas, que no sólo no salieron, sino que acabaron provocando —según argumentaron los populares— el adelanto de las elecciones al pasado 8 de febrero “porque no se podía gobernar sin presupuestos”, según decía entonces el jefe del Ejecutivo regional.

Ahora, sin embargo, no hay presupuestos ni se ha formado un nuevo Ejecutivo tras los comicios. Por eso, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáez, lo deja muy claro: “No se puede impulsar una medida como esta estando en funciones”, y esgrime la ley del propio Gobierno de Aragón que, en su artículo 21, dice que “el Gobierno en funciones no podrá aprobar o autorizar convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón”.

El Gobierno contraviene su ley y la propia consejera de Educación contradice lo que dijo en octubre cuando aseguró que “el concierto del bachillerato estaba condicionado a aprobar unos presupuestos porque evidentemente no podía hacerse con las cuentas prorrogadas”. Esta semana, Hernández ha justificado este cambio de postura alegando que “todos los años hay una modificación presupuestaria que ampara económicamente a la enseñanza concertada”. “Y este año haremos lo mismo”, apuntó. El Gobierno ve como una mera cuestión formal el estar en funciones y justifica la medida “porque ya estaba en el programa electoral del PP” y “si no, el calendario corre”. Pero incluso a Vox, con quien negocian el pacto de gobierno, le ha chirriado el momento. El partido de Abascal opina también que este concierto llega tarde y se queda corto, pues optaban porque se concertaran los dos cursos de esta enseñanza superior no obligatoria.

Todo lo contrario piensan en la comunidad de la educación pública, que ya ha anunciado movilizaciones. Para la portavoz de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la enseñanza pública, Nieves Burón, “ni hay Gobierno ni hay dinero para plantear una medida como esta”, e indica que la rechazan porque “hay una oferta suficiente de plazas escolares en la red pública”. También los sindicatos como CC OO o CGT aseguran que “la medida es innecesaria e ideológica” y supone “un despilfarro de dinero público cuando en el sistema público hay más de 1.300 plazas vacantes”. Otro sindicato, STEA, ha ido más allá y espera que el recurso que ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sirva para paralizar esta concertación.

La oposición política también se ha expresado en contra. La portavoz del PSOE, la exministra de Educación Pilar Alegría, rechazó la medida en redes sociales criticando que “el Gobierno esté en funciones sólo para asfixiar a la educación pública”. Según ella, la medida “supone un desprecio absoluto hacia la enseñanza pública y una forma de segregación”. En la misma línea, la coordinadora de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ha calificado de “vergüenza” que el anuncio se haya producido en pleno proceso de escolarización y con el Gobierno en funciones.

Y mientras la Marea Verde recupera las pancartas para salir a la calle, el Gobierno asegura que el procedimiento cuenta con todas las medidas legales, según la vicepresidenta Mar Vaquero, que apunta que “paralizar esto ahora no es posible”.