El juez Pedraz desvincula la supuesta entrega de dinero en Ferraz de Carmen Pano con la trama de hidrocarburos

El juez Santiago Pedraz, a cargo del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, no cree que la licencia que el Gobierno otorgó a una de las empresas vinculadas a una trama de fraude de fuel tenga ningún vínculo con la supuesta entrega de dinero en efectivo en la sede de Ferraz en octubre de 2020. El magistrado, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado llamar a declarar a ocho nuevos testigos en esta investigación que indaga en un fraude de 231 millones de euros a Hacienda, y ha denegado la identificación de las personas que trabajaban en la segunda planta de la sede del PSOE donde la empresaria imputada Carmen Pano asegura que dejó 90.000 euros.

En un escrito de este mismo lunes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado rechaza la práctica de una serie de diligencias que había propuesto Hazte Oír. La asociación ultracatólica había instado al juez a que requiriera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la identificación de todos los despachos existentes en la segunda planta del edificio del PSOE entre los años 2020 y 2021 y de todas las personas que ocupaban dichos despachos. La intención era ahondar en esta entrega que Carmen Pano asegura que hizo de parte de Claudio Rivas. Rivas es, junto a Víctor de Aldama, cabecilla de esta causa en la que se analiza si la operadora de fuel que obtuvo una licencia del Ministerio de Transición Ecológica se utilizó, en realidad, para defraudar a través de comercializadoras que no pagaban el IVA.

Pano ha declarado tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional y ha insistido en su versión sobre que llevó 45.000 euros la primera vez en un taxi y otros 45.000 euros la segunda vez en un coche conducido por su amigo Álvaro Gallego a la sede del PSOE en 2020, cuando ella y Rivas estaban tratando de conseguir la licencia. Sin embargo, fiscal anticorrupción y juez Pedraz se han negado a seguir profundizando en este punto al no ver relación en esta supuesta entrega de dinero con el hecho de que, finalmente, una empresa vinculada a ambos lograra el beneplácito del Gobierno dos años después. “Respecto a la solicitud de libramiento de oficio a la UCO para la identificación de despachos y ocupantes de la planta segunda de la sede del PSOE en la calle Ferraz, no procede su práctica al no guardar relación alguna con los hechos aquí investigados”, refleja tajante el magistrado.

Pedraz ha denegado también la citación de ocho nuevos testigos, entre los que Hazte Oír había pedido, por ejemplo, una nueva declaración del ex jefe de gabinete de Teresa Rivera en el Ministerio de Transición Ecológica, el ingeniero Marc Isaac Pons, o la declaración de José Luis Cabo Sánchez, Subdirector Adjunto de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio. El juez también rechaza citar a Stella Duarte, esposa de Claudio Rivas, porque ella podría ampararse en su derecho a no declarar contra su marido, y a Natán González, pareja de la hija de Carmen Pano. El último informe de la UCO mencionaba algunas conversaciones entre la hija de Pano y su pareja en las que comentaban, por ejemplo, cómo se habían hecho cargo de una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) para el exministro de Transportes José Luis Ábalos con la idea de acceder a la licencia para la empresa de hidrocarburos.

“Hijo de puta, el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, escribió Natán González el 17 de junio de 2021 en relación, supuestamente, a que Ábalos había acelerado los trámites de la sociedad. La realidad fue distinta porque la empresa operadora investigada, Villafuel S.L. no logró dicha licencia hasta septiembre de 2022. El fiscal “no considera procedente” la citación de González.

El sumario del caso hidrocarburos revela un supuesto “plan” ideado por Aldama y Rivas para adquirir la operadora Villafuel y construir una estructura que les permitiera mayor autonomía operativa con el fuel. Para ello, Aldama recurrió a su contacto con Koldo García, exasesor del ministro Ábalos, y gestionó una reunión en diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria para Rivas y Pano. El último informe de la UCO aportado a estas pesquisas explica que, a partir de enero de 2022, cuando María Luisa Rivas, la hermana de Claudio Rivas, se había hecho cargo de Villafuel, pidió que se evitara cualquier “presión” y se tratara de normalizar la “relación institucional” de la sociedad con el Ministerio de Transición Ecológica, que seguía sin darles los permisos necesarios para constituirse como operadora. Para entonces ya Koldo y Ábalos no formaban parte del Gobierno y varios mensajes muestran cómo quiso que Aldama no siguiera mediando en este asunto. “No es por hacer leña, de verdad, por favor, que Víctor no llame ni trate con nadie nuestro título de operador que ya en febrero te recuerdo pusieron la cara roja”, dijo Rivas en julio de 2022. Hasta septiembre de ese año, Villafuel no obtuvo finalmente luz verde para operar con empresas de fuel.