Los Ayuntamientos de Sanlúcar y Chipiona denuncian los vertidos mineros en el Guadalquivir ante la Fiscalía

Los Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona (Cádiz) han denunciado este martes ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos mineros en el río Guadalquivir autorizados y previstos por el Gobierno andaluz (PP), y que prevén multiplicarse por 10 en los próximos años cuando estén a pleno rendimiento las minas de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces. Junto a los Consistorios gaditanos también ha denunciado ante el ministerio público la asociación de consumidores Facua y ahora estudian hacerlo más entidades y Consistorios, como el de Coria del Río, bajo la plataforma Salvemos el Guadalquivir. Los alcaldes, agentes sociales y científicos han presentado un nuevo informe de expertos de tres universidades andaluzas que censuran cómo los vertidos de agua conllevarán una contaminación de altos niveles de metales pesados en el estuario del río.

En los próximos años a los vertidos del yacimiento Cobre Las Cruces se unirán los de la mina de Aznalcóllar, cuyos excedentes de agua se verterán al río Guadalquivir a escasos kilómetros aguas arriba de Sevilla. Este martes la plataforma Salvemos el Guadalquivir, que reúne a investigadores, alcaldes de municipios ribereños, pescadores, agricultores, consumidores y expertos en salud pública de las provincias de Sevilla y Cádiz, han dado un paso más en sus protestas. Tras exigirle sin éxito a la Junta que imponga una moratoria de explotaciones mineras y nombre un comité independiente de expertos que aclare las dudas suscitadas sobre la contaminación, han denunciado el caso ante la Fiscalía.

“Escuchando los informes técnicos de filtraciones de las minas con minerales peligrosos para la salud como el arsénico, el zinc y el cadmio, hemos recogido toda la información para trasladar a la Fiscalía hechos con indicios de un delito contra el medio ambiente por contaminación en los ríos Agrio y Guadiamar, y el estuario del Guadalquivir. Pedimos dos cosas muy sencillas: una moratoria de concesiones mineras y que se escuche a los expertos independientes. Ojalá estos datos no sean ciertos y estemos equivocados, pero pedimos las medidas cautelares oportunas”, ha anunciado el alcalde de Chipiona, Luis María Aparcero (independiente). El regidor confía en que el ministerio público avance con las pesquisas y pida informes al Seprona de la Guardia Civil, el CSIC y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “para que nos dé la tranquilidad a la sociedad civil y grupos turísticos y empresariales, y así las galeras puedan comerse también en el futuro”, en referencia a este crustáceo muy consumido en la costa gaditana.

La preocupación del alcalde de este municipio gaditano cercano a la desembocadura es compartida por otras localidades como Trebujena (Cádiz), o Coria del Río (Sevilla), cuyos dirigentes también han acudido a la rueda de prensa conjunta en la Universidad de Sevilla. El alcalde de Coria, Modesto González (Andalucía por sí), abundó: “Llevamos miles de años poblando la ribera del Guadalquivir y no podemos acabar ahora con el estuario. Ha llegado el momento de dar un paso adelante”.

La plataforma pide a la Junta que un comité de expertos aclare el nivel de contaminación y cómo afectan los metales pesados a los peces y los alimentos regados en los márgenes del estuario con sus aguas. “Pedimos que se escuche a los científicos para parar este disparate. No podemos consentir que se ponga en riesgo las actividades económicas de los pueblos ribereños”, ha añadido el alcalde de Trebujena, Ramón Galán (IU). “Cualquier acción que repercuta en la salud del río afectará a la salud de las familias, a las marismas, a Doñana y a Sanlúcar”, ha rematado Carmen Polo, concejal de medio ambiente de la localidad gaditana, cuyo Ayuntamiento (IU) ha confirmado a través de un portavoz que se suma a la denuncia ante Fiscalía. A continuación, expusieron sus quejas las cofradías gaditanas de pescadores, agricultores y un representante de las mareas blancas sanitarias, alarmados por la contaminación que prevén multiplicarse en el estuario.

La protesta de los Ayuntamientos y colectivos sociales viene respaldada por un nuevo estudio de investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada, que concluyen que las autorizaciones de vertidos mineros al Guadalquivir concedidas por el Ejecutivo andaluz “no tienen una base científica y técnica sólida”, ha criticado Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla. “Cuando analizamos en profundidad los vertidos de Cobre Las Cruces y Aznalcóllar, concluimos que podrían tener graves impactos ambientales, socioeconómicos y de salud pública en el estuario”, matiza el investigador, uno de los ocho que firman el artículo publicado hace tres meses en la revista Integrated Enviromental Assessment and Management de la editorial Oxford Academic.

Los expertos critican que para autorizar los vertidos, la Junta haya ignorado los efectos acumulativos y sinérgicos de sumar ambas minas en marcha a la vez y durante al menos una década. “Ya tenemos medidas de arsénico en galeras en la desembocadura del Guadalquivir que están al borde de lo permitido en comercios para carne de crustáceo en la Unión Europea”, ha incidido Castillo.

Por último, el catedrático ha denunciado que desde hace un mes sale un drenaje ácido de las escombreras de la mina de Aznalcóllar, vinculado a las últimas lluvias, con un Ph de 2,8 y “elevadísimas concentraciones de metales pesados”, que contaminan el río Agrio, conectado con el río Guadiamar y que muere en Doñana. De este modo, Minorbis-Grupo México, que gestiona las balsas mineras, contamina el dominio público hidráulico, según censura el investigador.

De momento, la Consejería andaluza de Industria, Energía y Minas no se pronuncia sobre la moratoria y el comité de expertos que pide la plataforma, y se limita a defender la legalidad de los vertidos mineros: “Las autorizaciones de vertido contenidas en las autorizaciones ambientales garantizan el cumplimiento de los límites legales establecidos para el desarrollo de cualquier actividad ya sea agrícola, residencial, industrial o minera, entre otras. Sin autorización ambiental favorable, no se autorizan los proyectos industriales o mineros”, responde por escrito una portavoz.

El pasado octubre dos profesores ingenieros de la Universidad de Sevilla, Benito Navarrete y Eladio M. Romero, presentaron un informe que bendecía la salud del estuario tras un encargo de la minera Cobre Las Cruces, y descartaba “un impacto ambiental adverso significativo sobre la calidad del agua ni sobre los sedimentos del estuario”. La presidenta de la plataforma Salvemos el Guadalquivir, la microbióloga Antonia Herrero, ha reflexionado al respecto este martes: “Esto refuerza nuestra petición de un comité científico independiente, que es donde se pueden contrastar unos estudios y otros, unos puntos de vista y otros, y llegar a un consenso”.