La Audiencia Provincial condena a 28 años de prisión al hombre que mató y robó al canónigo de la Catedral de Valencia

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de prisión de 28 años a un hombre que asfixió hasta la muerte al canónigo emérito de la Catedral de Valencia, Alfonso López Benito, de 79 años, el 21 de enero de 2024 en su casa. El magistrado que presidió el juicio considera al culpable, un cocinero peruano de 43 años que aterrizó en Valencia en 2022, responsable de los delitos de asesinato, robo con violencia y un delito continuado de estafa. La sentencia —dictada después de que un jurado popular emitiera veredicto de culpabilidad el pasado 3 de febrero— no contempla ninguna indemnización en concepto de responsabilidad civil al no considerar probada la existencia de familiares directos de la víctima que pudieran reclamar por su fallecimiento. La condena del jurado contó con siete votos favorables, los mínimos exigidos.

Según la investigación policial y el relato de vecinos y del conserje del edificio, situado en pleno casco histórico de la ciudad y a escasos metros del Palacio Arzobispal y la Catedral, el canónigo supuestamente solía mantener relaciones sexuales con indigentes, toxicómanos y personas con problemas de salud mental a cambio de dinero. El jurado consideró probado que sobre las once de la noche del 21 de enero de 2024 el procesado —acompañado de otra persona no identificada con la que había ideado un plan previo— acudió al domicilio de la víctima, con la que le unía una relación de amistad desde hacía meses.

El relato de hechos probados sostiene que los agresores aprovecharon que el septuagenario se encontraba solo en su domicilio y el acompañante del condenado le atacó con una maniobra que acabó con la vida de la víctima, que no tuvo oportunidad alguna de defenderse del ataque. Acto seguido, los agresores se apoderaron del teléfono del anciano y de dos tarjetas de crédito que se quedó el penado. Con una de ellas, el condenado sacó dinero en efectivo y realizó compras por valor superior a los 2.300 euros. Según consideró probado el jurado popular, le entregó parte del dinero en efectivo al autor material del asesinato mientras que con la otra tarjeta realizó compras por valor de 375 euros.

Durante la celebración del juicio, el condenado mantuvo que no participó en el asesinato ni el robo, que no estuvo en la casa y que fue un hombre llamado Manuel el que le entregó las tarjetas y el teléfono móvil de la víctima en la calle. Sin embargo, el presidente del tribunal considera, de conformidad con el veredicto del jurado, que esta tesis no quedó probada debido a que, a la hora de la muerte, los datos de posicionamiento móvil acreditan que “estaban situados en el mismo lugar los teléfonos móviles de la víctima y el acusado, puesto que desde las 2:04 horas, (…) el teléfono de la víctima empieza a tener actividad y desde el mismo se realizan varios intentos de acceso” a las aplicaciones bancarias y comerciales de la víctima.

Añade la resolución que este hecho probado se refuerza con la declaración espontánea del condenado ante la Policía tras su detención, en la que describió el estado en el que se encontró el cadáver de la víctima. Esas manifestaciones “concuerdan con las imágenes del finado tumbado encima de la cama”, circunstancia que coincide con que la entrega de tarjetas y teléfono móvil se realizó en la casa en la que ocurrieron los hechos y no en la calle. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El asesinado asesoraba al arzobispo de la ciudad, Enrique Benavent. Tras hallar su cuerpo, que apareció desnudo, boca arriba, con signos de asfixia y con la cara repleta de arañazos, la policía detuvo en menos de 24 horas al condenado. El posicionamiento de su móvil, según las pesquisas, le situaba en la zona. Durante el juicio, el reo reconoció que, tras el crimen, llamó nueve veces al banco del clérigo para tratar de conseguir el pin de su tarjeta. Y que, tras la negativa de la operadora, descubrió que la clave estaba en la funda del teléfono del cura y sacó 2.500 euros de cajeros.