Procesado el ex ‘número dos’ del PSOE andaluz y un exconsejero por los cursos de formación

El juez instructor José Ignacio Vilaplana ha procesado al ex vicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en una pieza separada del caso de los cursos de formación, que investiga cuatro ayudas públicas concedidas a la empresa Aulacen Cinco. Entre los procesados sobresalen tres ex directores generales de Formación, Antonia M., esposa de Velasco, tres hermanos suyos, Pedro, Inmaculada y Rafaela, así como un técnico del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En total, son procesadas 10 personas por contribuir a la entrega irregular entre 2006 y 2009 de 193.900 euros en cuatro ayudas públicas de la Junta y del Fondo Social Europeo para la academia que tenía el antiguo número dos del partido socialista.

El magistrado da por concluida la instrucción de la pieza separada, abierta hace 10 años, y procesa a los acusados por malversación, falsedad documental y prevaricación administrativa. A continuación, da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que formulen escrito de acusación u opten por el archivo de las pesquisas. El caso investiga si el Gobierno andaluz, en época del PSOE, concedió a la empresa de Velasco subvenciones ajenas a la ley. Junto al exconsejero Fernández, condenado a siete años de prisión en el caso de los ERE fraudulentos, han sido procesados los ex directores generales María José Lara, Manuel Brenes y Manuel Jesús García.

El antiguo número dos del PSOE andaluz Rafael Velasco dimitió de su cargo orgánico y como diputado autonómico en 2010, después de varias informaciones periodísticas sobre la academia de formación para desempleados que dirigía su esposa, y que recibió 726.209 euros en subvenciones durante cuatro años.

La tesis del juez Vilaplana es que la sociedad del exdirigente socialista recibió, gestionó, justificó y liquidó subvenciones “de manera irregular” a través de distintos expedientes administrativos de concesión de subvenciones que otorgó el SAE. “Al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas, en especial, de las del mismo sector de actividad y desempleados”, reza el auto, fechado el pasado lunes.

El magistrado considera que para otorgar las ayudas a la empresa de la familia de Velasco, el SAE ignoró la concurrencia competitiva y despreció “las elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo”. De este modo, el juez acusa a los antiguos responsables del SAE de dar “un trato de favor” a la firma Aulacen Cinco SL como beneficiaria de las ayudas. Dos hermanas de Velasco recibieron 19.000 y 60.965 euros “de forma injustificada” como docentes de la academia.

La empresa vinculada a Velasco se constituyó “tan solo tres días antes de la finalización del plazo de solicitud de la subvención para los programas de F.P.O. del año 2006” y la solicitud para participar en los programas de formación profesional se entregó en la sede cordobesa del SAE el 15 de diciembre de 2006, el día que concluía el plazo de entrega, sin tener la condición necesaria de “centro colaborador”, según el juez.

“Aulacen Cinco SL carecería de personalidad jurídica efectiva para asumir las obligaciones derivadas de la referida subvención”, destaca el auto. El juez censura que la firma fue elegida sin tener en cuenta “los trámites esenciales” establecidos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas desde la Junta andaluza. “No habiéndose llevado a cabo evaluación alguna de las solicitudes presentadas (…) y sin la emisión del correspondiente informe del órgano colegiado referido en la ley 38/2003”, resalta el magistrado.

La investigación policial determinó que a pesar de que las solicitudes de subvenciones aseguraban que Aulacen Cinco daría a los alumnos de formación prácticas y otras gestiones para su inserción laboral, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que dichas prácticas no existieron ya que nunca se encontró documentación al respecto. “La realidad es que no se llegaron a hacer ni las prácticas, ni otras gestiones encaminadas a la inserción laboral, como entrevistas y reuniones con diferentes empresas”, reza la resolución motivada del juez Vilaplana.

Por último, el juez descarta que los hechos puedan haber prescrito porque “constituyen una unidad delictiva íntimamente cohesionada, integrada por una pluralidad de acciones u omisiones -presuntamente ilícitas-, reiteradas y continuadas en el tiempo”.