La debilidad parlamentaria del Gobierno atasca la reforma de la ‘ley mordaza’ pactada en 2024

El pasado miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, mantenía en un despacho del Congreso una reunión con la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Era un encuentro más de la dirigente política vasca con un miembro del Ejecutivo para abordar cuestiones pendientes. En el transcurso de la conversación, Aizpurua recordó a Montero que, una vez superada la mitad de la legislatura, seguía atascada la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana del PP, la conocida por sus detractores como ley mordaza, a pesar del acuerdo firmado entre ambas formaciones en el otoño de 2024 para impulsarla. Fuentes del Gobierno aseguran que la vicepresidenta se limitó a tomar nota de la queja. Desde EH Bildu han declinado hacer declaraciones sobre lo tratado en aquel encuentro.

Cuando están a punto de cumplirse 16 meses desde que, el 29 de octubre de 2024, la reforma de la polémica ley pasó su primer trámite parlamentario, esta sigue en el cajón. Y eso que entonces el camino en el Congreso para sacarla adelante parecía despejado después del acuerdo alcanzado poco antes, precisamente, entre las dos formaciones del Gobierno, PSOE y Sumar, con EH Bildu, y al que se sumaron posteriormente ERC, PNV y BNG. Sin embargo, la dificultades del Ejecutivo para aprobar cualquier iniciativa legislativa ante la compleja aritmética parlamentaria ―agravada con la decisión de Junts de romper el pasado octubre el acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez ser reelegido presidente en 2023― han terminado arrumbando un proyecto que estuvo a punto de salir adelante en la pasada legislatura. Es la tercera vez que se intenta en el Congreso modificar una norma que el pasado 1 de julio cumplió una década en vigor. En 2019 se frustró por la disolución anticipada de las Cortes. Y en 2023, porque el acuerdo sobre el texto entre PSOE, Unidas Podemos y PNV fue rechazado por ERC, Junts, EH Bildu y BNG al considerarlo insuficiente.

En este tercer intento, las perspectivas no son halagüeñas. “No tiene buena pinta”, admite un diputado que participa en las negociaciones y que pide mantener el anonimato. De hecho, en los últimos meses, los pasos dados para llegar a un acuerdo se han limitado a lo que otro parlamentario califica de “contactos informales” a dos bandas y a un único encuentro multilateral, celebrado el pasado 25 de junio entre PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV. Aquella reunión, celebrada al término de la sesión de control en el pleno de aquel día, se saldó sin avances significativos, según reconocen participantes en el mismo. “Desde entonces, poco más que charlas de pasillo”, admite una fuente.

La fuentes consultadas reparten culpas entre unos y otros partidos de la situación actual de estancamiento. “El PSOE tiene parados muchos proyectos porque sabe que no tiene asegurado el respaldo ni de Junts ni de Podemos, y no quiere sumar más derrotas parlamentarias en temas que ahora considera secundarios”, señala una de ellas. Ya durante los dos primeros trámites parlamentarios ―la propia toma en consideración de la reforma en octubre de 2024 y el rechazo, dos meses después, de las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP y Vox―, estos dos partidos, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante el proyecto, dejaron claro en sus intervenciones en ambos plenos que su apoyo no estaba ni mucho menos garantizado.

A ello se suman las rivalidades políticas, que han condicionado incluso la interlocución en los contactos bilaterales. EH Bildu mantiene su tradicional buena sintonía con ERC y dialoga con Podemos; con el PNV habla principalmente el PSOE, y Sumar lo hace con Junts. El punto de partida sigue siendo el acuerdo entre PSOE, Sumar y EH Bildu que, a su vez, se sustenta en el acuerdo fallido de 2023, cuando los partidos que sostenían entonces el Ejecutivo fueron incapaces de cerrar un texto consensuado tras haber pactado modificar 36 de los 54 artículos de la ley.

Cuatro obstáculos

Entonces, la reforma zozobró en el último momento por discrepancias en cuatro puntos: la regulación del uso de material antidisturbios, sobre todo el de las pelotas de goma, para hacer frente a altercados callejeros (artículo 23.4); las sanciones por faltas de respeto a los policías (artículo 37.4); el castigo a la desobediencia y resistencia a las órdenes de los agentes (artículo 36.6), y la devolución en caliente de inmigrantes irregulares en frontera (disposición transitoria). Estos siguen siendo aún los principales obstáculos a salvar.

El ejemplo más evidente de estas dificultades son los distantes planteamientos sobre las polémicas pelotas de goma. Junts, Podemos y el BNG (un partido que no participa directamente en la negociación, pero cuyo voto es necesario para sacar adelante el proyecto) han presentado enmiendas para que este material antidisturbios sea definitivamente prohibido. Otros dos, EH Bildu y ERC, ponen plazo a su eliminación en las suyas: un año a partir de que la reforma entre en vigor. Frente a ellos, el PSOE, Sumar, y el PNV defienden la creación de protocolos “específicos” para su uso y la sustitución progresiva de este material “por otros menos lesivos”, pero sin fijar fecha para esto último.

A estas discrepancias sobre el contenido se suman diferencias políticas que van más allá de la propia reforma. En este caso, las acusaciones son cruzadas. Una de las fuentes apunta, por ejemplo, que Junts ha girado su postura a la vista de las encuestas en Cataluña, que dan un ascenso a la formación ultra Aliança Catalana de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, a su costa. “Da la sensación de que temen perder más apoyos si respaldan esta reforma junto a partidos progresistas”, señala esta fuente. Desde la formación que lidera Carles Puigdemont niegan ese cambio de posición e insisten: “Estamos donde siempre”.

Otros apuntan al PNV, partido que en la anterior legislatura fue el promotor de la proposición de ley que intentó sin éxito la reforma, y al que otras formaciones acusan de haber enmendado ahora artículos que otras formaciones consideraban ya acordados. Los nacionalistas vascos niegan haber movido su postura. “Si se convocan reuniones, nosotros nos sentamos; y si se quiere negociar, nosotros negociamos. [...] No puede haber duda de nuestra intención por mejorar esta ley”, recalcan ahora desde el grupo parlamentario del PNV.

Los hay que también señalan el supuesto “inmovilismo” de Podemos, y hay grupos que, por el contrario, responsabilizan al PSOE, desde cuyas filas se admite que “no hay movimiento” desde hace tiempo, pero que su deseo es avanzar para aprobar la reforma. “Cuanto antes lo saquemos, mejor. En el fondo estamos todos por la labor, unos con más empeño que otros, pero las líneas rojas siguen”, admiten desde las filas socialistas.

“El PSOE no ha dado en los últimos meses ninguna señal de querer avanzar en la reforma”, discrepa el diputado de otro grupo parlamentario que, por contra, pone en valor el papel de Sumar y, en concreto, de su portavoz, Enrique Santiago, al que señala como dinamizador del todo el proceso en esta y en la anterior legislatura. Sumar es, de hecho, el grupo más optimista sobre el futuro de la reforma. “Estamos más cerca de acuerdo ahora que al final de la legislatura pasada. Se han acercado posiciones en los artículos de discrepancia”, aseguran fuentes de la formación, que insisten en seguir “buscando consensos” ante el riesgo que puede suponer “para la libertad de expresión esta ley tal como está en manos de un gobierno de PP y Vox”.