La Audiencia propone juzgar al capitán del ‘Villa de Pitanxo’ y a los armadores por el naufragio que dejó 21 muertos en 2022

Ismael Moreno, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto este viernes enviar a juicio a dos directivos de la empresa armadora del Villa de Pitanxo y al capitán de la embarcación, que naufragó el 15 de febrero de 2022 a 450 kilómetros de las costas de Canadá y dejó 21 víctimas —nueve muertos, cuyos cadáveres pudieron ser recuperados, y 12 desaparecidos—. El juez da así por acabadas sus pesquisas y concluye que existen indicios para sentar a los tres en el banquillo de los acusados por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y otro contra los derechos de los trabajadores.

A lo largo de su resolución, el juez describe múltiples irregularidades supuestamente perpetradas y permitidas por el capitán Juan Enrique Padín y los armadores (José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega), que comienzan antes de zarpar. Por ejemplo, según detalla el instructor, el Villa de Pitanxo abandona el puerto de Marín (Pontevedra) el 25 de enero y tras hacer escala en el de Vigo, sale con 25 personas a bordo —una de las cuales pasó a otra embarcación el 3 de febrero—. Sin embargo, “según el Certificado de Navegabilidad en vigor, el número máximo de personas autorizas a bordo de dicha embarcación era de 22”. El magistrado añade que, además, se sumarían otros factores de riesgo, como la sobrecarga no controlada y la falta de medidas de precaución.

El 2 de febrero, el buque llegó a la zona sur de la pesquería de los Grandes Bancos de Terranova y comenzó a faenar durante 12 días. Hasta que el 15 de febrero se produjo el incidente. El Villa de Pitanxo “sufrió un embarre o espichada del aparejo (el enganche de un aparejo con algún obstáculo o su entierre en el lecho marino, quedando atrapado o dificultando su avance), motivo por el que redujo la velocidad de 3,4 a 1,3 nudos”, según explica el juez. El capitán, Juan Enrique Padín, subió entonces al puente de mandos y empezó a maniobrar “para que el aparejo quedara liberado del fondo y el fango se fuera por las mallas”.

“El tiempo iba empeorando, con olas de alrededor de 7 metros de altura, y velocidad media del viento de unos 40 nudos”, subraya el magistrado de la Audiencia Nacional, que describe a continuación cómo, “en los últimos minutos de viraje, la tolva quedó sumergida y comenzó a entrar agua en un caudal muy superior a la capacidad de achique de las bombas automáticas del parque de pesca”. “El agua comenzó a acumularse a babor y el buque comenzó a escorar”, apostilla.

Los problemas siguieron hasta que se paró el motor propulsor del Villa de Pitanxo y el buque perdió el suministro eléctrico. La nave quedó así a la deriva, a la merced del viento y el oleaje. “La temperatura del agua ronda los dos grados”, precisa el sumario, que incide en que es entonces cuando el capitán ordena el abandono de la embarcación. “El acceso al puente por las escaleras se hace difícil por la fuerte escora”. El juez dice que “varios tripulantes logran arriar una balsa salvavidas, en la que consiguen embarcar el capitán” y otros ocho tripulantes (siete de los cuales no llevaban traje de inmersión). “Otros quedan probablemente en espacios interiores o en la cubierta superior cuando el buque se hundió”.

Ninguna persona logró subir a una segunda balsa que había. Y la que se fletó sufrió un desgarro en el fondo y acabó inundada por el agua. Esto provocó que solo sobrevivieran tres tripulantes que iban en ella: el capitán, que llevaba traje de inmersión y chaleco salvavidas; su sobrino, el marinero Eduardo Rial Padín, que también portaba traje de inmersión; y otro marinero, el ghanés Samuel Koufie, que no tenía equipo especial. Durante la investigación, Koufie contó lo siguiente a la Guardia Civil: “En ningún momento, el capitán dio orden de ponerse los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban”, dijo, antes de aseverar que sus jefes lo habían estado “presionando” para no contar la verdad y que por eso, en un primer momento, había respaldado la versión de sus superiores.

Los servicios de rescate encontraron dentro de la balsa los cuerpos sin vida del español Daniel Fernando Moreno; y de los peruanos Ricardo Alfonso Cruz, Diego Andrés More y William Arévalo Pérez. Flotando en el agua, se recuperaron los cadáveres de los españoles Miguel Ángel Lumbre, Juan Antonio Cordero, Rogelio Franco Dámazo, Fernando Santomé y Apaanah Pelungo Zure. Nunca se recuperaron del mar los restos de los españoles Raúl González, Francisco de Pazo, Pedro Herrera, Fernando González, Edmond Owusu Okutu, Jonathan Calderón, Martín Quino, Ricardo Arias, Juan Martín Frías y Francisco Manuel Navarro (un biólogo marino que se sumó a la expedición como observador científico), así como los del ghanés Michael Tetteh y del peruano Edwin Andrés Córdova.

Según concluye el juez de la Audiencia Nacional, los “factores que contribuyeron a que se produjese la inundación, escora y hundimiento del buque” fueron, entre otros, “la sobrecarga del buque”: “Zarpó con un peso que excedía los valores recogidos en su libro de estabilidad para los artes de pesca y el combustible”. Tampoco “se tomaron medidas precautorias ante la posibilidad de tener que realizar una virada en condiciones meteorológicas muy adversas”. También había “una falta de procedimientos de trabajo seguros y consolidados”; “no se ejercía una supervisión eficaz sobre las tareas”; y los tripulantes “acumulaban fatiga por los exigentes horarios de trabajo y el poco descanso”.

A todo ello se añade, según continúa el magistrado, que “solo existía una escalera desde la cubierta de francobordo hacia los puntos designados de embarque en las balsas salvavidas”; y que el capitán hizo una “valoración insuficiente o inadecuada de la situación en la que se encontraba el buque en la última fase de la maniobra”, además de “incumplir las obligaciones que le eran propias” y dar las órdenes de abandono de la nave “demasiado tarde”, al “no ser consciente de la gravedad de la situación”. “Cuando las dio, las probabilidades de salvarse eran muy reducidas”, afirma el juez instructor.

Para más inri, el magistrado Moreno recalca que el “buque no estaba autorizado para navegar en zonas de formación de hielo”. Pese a ello, “se dirigió a faenar en aguas donde el riesgo de hipotermia era latente, sin que sus tripulantes contasen con formación y conocimientos específicos sobre los riesgos [...] Tanto el capitán como los armadores, conocían la falta de autorización, pero consintieron que el buque navegara en esa dirección”. “Respecto de los trajes de inmersión, no habían sido revisados conforme a la normativa ni a las instrucciones del fabricante desde el momento de su fabricación”, asegura el juez: “Las posibilidades de supervivencia de los tripulantes que no pudieron ponerse el traje de inmersión y llegaron a las balsas salvavidas eran mínimas”.

Por todo ello, el magistrado Moreno propone juzgar al capitán Juan Enrique Padín; a José Antonio Nores Rodríguez, administrador de la armadora Pesquerías Nores Marín; y a José Antonio Nores Ortega, director de flota. El juez da ahora un plazo de 10 días a la Fiscalía y al resto de partes para presentar sus escritos de acusación. Esta resolución se puede recurrir ante el propio instructor y ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.