Edmundo Bal vuelve al departamento penal de la Abogacía del Estado tras su cese por el ‘procés’

Edmundo Bal, exvicesecretario general de Ciudadanos, se reincorpora al departamento penal de la Abogacía General del Estado después de su abrupta salida por el choque con la entonces responsable de los Servicios Jurídicos del Estado, Consuelo Castro, porque el letrado quería elevar a rebelión la acusación contra los líderes del procés.

Bal, que fue jefe del departamento penal, había pedido volver porque es su “jurisdicción preferida” y finalmente le han concedido la plaza, de acuerdo con fuentes de su entorno consultadas por EL PAÍS.

Desde su despedida de la política, ejercía en la sección de lo social, principalmente en el Tribunal Supremo. A su regreso, el expolítico se encargará de coordinar las casaciones, por lo que seguirá estrechamente vinculado al alto tribunal, aunque podrá intervenir en casos de cualquier otra sede judicial.

Bal vuelve a la que fue su casa más de siete años después de tener que abandonarla. Fue cesado a finales de 2018 por Castro por su sonada discrepancia sobre qué delitos debían achacar a los líderes del procés. El letrado se negó a firmar el escrito con el que les acusaban de malversación y sedición, al reivindicar que este último delito debía reemplazarse por el de rebelión. Esto provocó que la propia Castro acabara rubricando el texto y, en último término, el cese de Bal por pérdida de confianza poco antes del juicio.

La Abogacía del Estado acusó por malversación y sedición proponiendo condenas de hasta 14 años de cárcel, penas ostensiblemente menores que las interesadas por la Fiscalía, que sí acusó por rebelión, llegando hasta los 25 años de prisión.

Bal fue reemplazado por Rosa María Seoane, que se encargó de defender la postura de los Servicios Jurídicos del Estado en la vista oral contra el exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los otros 11 acusados, que fueron condenados a hasta 12 años de cárcel e inhabilitación por delitos de sedición, malversación y desobediencia. Tras la derogación de la sedición y los indultos concedidos en 2021 por el Gobierno para las penas de cárcel, únicamente siguen vigentes las condenas a inhabilitación por la malversación. En concreto, Junqueras no podrá ejercer cargo o empleo público hasta el 17 de julio de 2031, aunque podría quedar rehabilitado antes si el Tribunal Constitucional estima su recurso de amparo contra la decisión del Supremo de no amnistiarle la malversación.

Meses después de su destitución, Bal fichó por Ciudadanos, partido encabezado por Albert Rivera que por aquel entonces estaba en plena escalada en las urnas. El letrado llegó a ser portavoz adjunto de la formación en el Congreso de los Diputados, pero en 2023 anunció su partida tras perder la pugna interna para liderar CS que se libró en la formación ante el adiós de Inés Arrimadas.

Por su parte, Castro, que fue relevada como abogada general en 2024, reapareció mediáticamente en el juicio contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Aunque su defensa la llevó en todo momento el abogado del Estado José Ignacio Ocio, Castro se sumó en el último momento para reforzar el equipo en el juicio, donde defendió la inocencia del jefe del ministerio público, que acabó condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.