El Supremo revisa la decisión de enviar a Ábalos y Koldo García a prisión por riesgo “extremo” de fuga

El Tribunal Supremo revisa este jueves la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de enviar a prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas para comprar mascarillas en plena pandemia, al apreciar un “riesgo extremo” de fuga.

Los tres magistrados que integran la Sala de Apelación ―Juan Ramón Bergudo, Antonio del Moral y Pablo Llarena― estudiarán los recursos presentados por Ábalos y Koldo García para salir de la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran desde el 27 de noviembre. Empezaron compartiendo celda, pero ya han dejado de hacerlo, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.

Ni el exdirigente socialista ni el que fuera su ‘mano derecha’ tienen que comparecer personalmente en su vista de apelación, por lo que estarán representados por sus abogados. En el caso de Ábalos, deberá acudir su hasta ahora letrado, el exfiscal Carlos Bautista, en un último servicio tras renunciar a su defensa por “discrepancias contractuales”, aunque su nuevo abogado, Marino Turiel, también estará presente, de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico.

El juez acordó el ingreso en prisión provisional del exdirigente socialista y García, algo que había venido rechazando en vistillas anteriores, limitándose a imponerles medidas cautelares ―prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y firma quincenal en sede judicial―, al entender que esta vez se daban una serie de circunstancias que hacían posible la huida.

Los “hitos” señalados por el magistrado fueron la cercanía del juicio, previsto para los próximos meses; y “la extensión de las penas solicitadas”, que llegan hasta los 30 años de cárcel y, en caso de condena, no serían de menos de 10 años; además de “los consistentes indicios” de que cometieron graves delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho.

El instructor también incidió en que Ábalos y Koldo García han “podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico”, destacando que durante años disminuyó “sensiblemente” la necesidad de sacar dinero de sus cuentas bancarias. Por eso, cree que podrían “disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga”.

El magistrado consideró igualmente un factor de riesgo los contactos internacionales que el exministro y su hombre de confianza amasaron durante su etapa en Transportes. No obstante, subrayó que, al dejar el ministerio, García fue contratado por distintas empresas como consultor para inversiones en países de Latinoamérica. Respecto a Ábalos, recordó que dispone de “algún inmueble” en dicha región; que “podría continuar familiarmente vinculado” a una fundación en Perú; y que “vino recibiendo periódicamente ingresos procedentes de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero”.

Las defensas denuncian un caso basado en “elucubraciones” y “lawfare”

El exministro recurrió alegando que su ingreso en prisión provisional responde a “un uso irrazonable del derecho”, basado en “suposiciones y elucubraciones no soportadas por indicios”. Ábalos atacó en particular al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, refiriéndose a su confesión ―que ha propiciado que las acusaciones solo le pidan 7 años de cárcel― como la declaración de “un arrepentido”.

La defensa adujo que “esas gigantescas cantidades de dinero” oculto que se le atribuyen “no aparecen por parte alguna”, criticando asimismo que el magistrado no valorara que, como ministro, Ábalos “tuvo cubiertos prácticamente la mayoría de los gastos sin necesidad de realizar disposiciones bancarias”. En cualquier caso, puso de relieve que los ingresos en efectivo detectados por la Guardia Civil durante el periodo investigado (2014-2024) arrojan una media de unos 500 euros mensuales, cantidad que considera irrisoria.

El exasesor ministerial, por su parte, defiende directamente que el incremento patrimonial injustificado que la UCO calcula en 317.500 euros, sería en realidad de 98.421 euros y se correspondería con “la capacidad de ahorro familiar”.

En recientes escritos, donde reclama al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopten medidas disciplinarias por supuestas filtraciones que revelarían la ausencia de un tribunal imparcial, la defensa de García habla incluso de “instrumentalización política de la justicia o lawfare”.

La Sala de Apelación resolverá con base en estos argumentos en lo que se espera que sea uno de los últimos trámites antes de que la causa llegue a juicio, que se preveía hacia febrero o marzo, pero podría retrasarse ante el cambio de defensa de Ábalos.