Uno de los detenidos por sumisión química en el caso que manipuló la policía: “Yo no fuerzo. Solo un poco. Al límite de lo legal”

Un investigado por sumisión química en el caso que le costó a España una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) presumió, en un grupo de WhatsApp que administraba, de “jugar al límite de lo legal”. Al responder a otro miembro que le pedía que diera señales tras las detenciones de los condenados de La Manada en Pamplona, el investigado, llamado David y cuñado de un policía, dijo: “Yo no fuerzo. Solo un poco”. “Otro integrante del grupo se muestra tranquilo, en otro mensaje, al apuntar que para encontrar una prueba tendrían que analizarles el cubata.

El tribunal de Estrasburgo condenó el pasado otoño a España por no investigar realmente dos denuncias por presunta agresión sexual mediante sumisión química cometida en Pamplona en diciembre de 2016, cinco meses después de la violación del grupo de La Manada en los Sanfermines de ese año. “Está claro que nuestro caso quedó todo a la sombra de La Manada”, opina, nueve años después, Marina L., una de las dos denunciantes a las que el TEDH ha dado la razón frente a la balanza de la justicia española que se inclinó siempre del lado de la impunidad. “No me gusta que un caso sea que sí, y los otros que no. No somos víctimas de segunda”, añadió.

Hace un mes, y en su despacho de Pamplona, el abogado de Marina y su amiga, José Luis Beaumont, comparaba también ambos casos, pero con el calendario en mente. “Con La Manada, desde la condena de la Audiencia Provincial al Tribunal Supremo pasaron dos años, cuatro en total desde los hechos. En nuestro caso, han pasado nueve”. A diferencia también del caso de La Manada, en el de Marina y su amiga la jueza que lo instruyó ni siquiera citó a declarar a los encausados y la fiscal no acudió a la declaración de las víctimas. Durante estos nueve años, recalca Beaumont, “nadie del Gobierno regional ni del Ayuntamiento nos ha apoyado en nada”.

La comparación, sin embargo, va más allá de lo especulativo. La propia policía, al analizar parte del contenido que se pudo rescatar de los teléfonos de los dos denunciados por Marina y su amiga, atendió a las conversaciones que uno de los denunciados había mantenido durante los días de La Manada, en julio de 2016. En concreto, las conversaciones de David, dueño del piso donde cinco meses después, el 8 de diciembre de 2016, despertaron las dos amigas que acabarían denunciándolos, y que era cuñado de uno de los policías encargados de la investigación.

David (Pamplona, 38 años) fue uno de los dos acusados por las presuntas agresiones sexuales mediante sumisión química de diciembre de 2016 y es cuñado del policía expulsado de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), Borja Vázquez Fernández, tras descubrirse de casualidad el parentesco que el policía había ocultado a la investigación. Desde 2009, David administraba un grupo de WhatsApp llamado “Potensia [sic] que deja huella”, con 30 miembros, que estuvo particularmente activo durante los Sanfermines de La Manada.

De hecho, cuando saltó la noticia de las detenciones de La Manada, acusados de una violación múltiple en un portal en julio de 2016, uno de los del grupo “Potensia” se dirigió a David:

—Detenidos por violar. David, por favor, manda un wasa [sic]”.

David respondió enseguida:

—Yo no fuerzo, Fernan. Solo un poco. Juego al límite de lo legal.

La investigación policial puesta en marcha a raíz de las denuncias contra David y Raúl, el otro acusado de la presunta agresión del 8 de diciembre de 2016, apuntaba a que los detenidos podrían haber usado la sumisión química, metiendo a escondidas alguna sustancia psicoactiva en las bebidas de las denunciantes sin su conocimiento, para luego aprovecharse de sus efectos: desinhibición, olvido de lo que ocurre a continuación (amnesia anterógrada) y su muy difícil detección a las pocas horas.

El medio es el cubata

A pesar de que se destruyeron las principales pruebas, incluido un análisis forense del móvil de David realizado en la Comisaría General de la Policía Nacional de Madrid, dos años después, en la propia comisaría de Pamplona consiguieron extraer algunos archivos y mensajes del móvil. Y se analizaron.

El Informe Técnico de Policía Judicial del 17 de abril de 2019, dadas las posibles sustancias utilizadas en el caso, enfocó su análisis en el conocimiento que David, el cuñado del policía, podía tener de la llamada burundanga —la escopolamina—, una sustancia que “produce diversos efectos depresores del sistema nervioso central”, según un dictamen del Instituto Nacional de Toxicología aportado a la causa.

Las búsquedas de la palabra burundanga en el archivo del chat arrojaron varios resultados. El mismo Fernan que el día de San Fermín había preguntado a David si él era uno de los detenidos en el caso de La Manada, envió un día después a ese mismo grupo la foto de una copa sostenida con la mano derecha y escribió al pie de la imagen: “Pa’ que nos pillen el medio tienen que analizar el cubata”.

El informe policial rescata de ese grupo de 30 participantes otros mensajes más cercanos al día de los hechos de diciembre. Un día después de la presunta agresión en Pamplona contra Marina y su amiga, otro del grupo comenta el 9 de diciembre: “Javi, cuando menos te lo esperes te echo burundanga en el gyntonic”. A lo que un tercero responde: “Cómo te gusta echar cosas, eh. Puto Panorámix”.

Los autores del informe explican la referencia al personaje “que encarna al druida de los galos que elabora la poción mágica que hace invencibles a los romanos” en Astérix y Obélix. Por tanto, concluyen los agentes, “se desprende de este chat que en este grupo no son ajenos ni mucho menos al uso de la burundanga, siendo David [...] el propietario del grupo”. El mismo David comenta dos horas después: “Yo creo que de pequeño me caí en la marmita de eso”, en referencia a la burundanga citada en otro mensaje anterior.

Más allá de la burundanga de esos meses previos, el informe analiza también los días posteriores a los hechos de diciembre. El sábado 9, al día siguiente de que las dos amigas despertaran en el piso del cuñado del policía, David y Raúl también volvieron a salir.

—David: “Hoy dos pijitas, Raúl”.

—Raúl: “Sí, sí, dos y como putas ratas a la 1.15”.

Ninguno de los dos, ni el cuñado de David han querido atender a este diario. Según el análisis policial, su plan era repetir “lo acontecido con [la amiga] y Marina” y de ahí una referencia al taxi que el día anterior había llamado David: “Teletaxi tenía que darnos una comisión”. Marina y su amiga, con quienes se habían cruzado en un bar del Casco Viejo de la ciudad, no recordaban nada más allá de las 2.15.

El cuñado policía empezó a rastrear posibles denuncias contra David en la base de datos el 13 de diciembre, una semana antes de que las víctimas se plantearan siquiera denunciar.

Seis días después, cuando la UFAM de Pamplona había recibido ya el parte médico enviado desde el hospital, aunque la denuncia no se había presentado aún, Raúl y David hablaron de salir a hacer deporte y de la noche que estuvieron con Marina L. y su amiga. David afirma: “La última vez te quedaste con las ganas [...] Y ahora lo que quieres es reventarla a puñetazos, ¿no? Te quieres poner en forma para matarla”. Raúl: “Si te sirve, hoy he hecho tríceps y bíceps, así que a puñetazos”.

La amiga de Marina, contactada por la policía, declaró tres días después en comisaría que de aquella noche solo recordaba los gritos de Marina en la otra habitación; y por la mañana le vio el cuello marcado. Con los días, afloraron los moratones en Marina: en el cuello y en un costado, además de dolor en la mandíbula.

Sin embargo, la jueza del caso, Inés Hualde Juvera, nunca llamó a declarar a los investigados, que solo habían declarado tras su detención ante el juez de guardia —un párrafo calcado en ambos casos alegando que las relaciones habían sido consentidas—. Declararon sin la presencia de la fiscalía ni de la acusación particular —no estaban personadas aún en la causa judicial— y cuando la mayoría de las pruebas, incluido el análisis del contenido que se pudo recuperar de los móviles, aún no se había analizado.

Luego, las pruebas más importantes fueron destruidas, tal y como recoge la condena de Estrasburgo a España por no investigar de verdad las denuncias. Y la jueza pidió que investigara la destrucción de pruebas al mismo cuerpo, la Policía Nacional, responsable de su desaparición y borrado, algo que también censura la corte europea porque incumple el mínimo de independencia de la investigación.

Las víctimas fueron llamadas a declarar año y medio después de denunciar los hechos. La fiscalía no acudió a la declaración de guardia de los investigados y la fiscal del caso, Pilar Larráyoz, tampoco acudió a la de las víctimas. El caso se cerró seis años después sin ningún procesado: ni por las presuntas agresiones, ni por la “pérdida y manipulación sistemáticas” de “pruebas cruciales” de las agresiones.

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