PSOE y Sumar abren una disputa jurídica para ver cómo frenar las subidas del alquiler

Desde la formación del Gobierno de coalición a finales de 2019, la vivienda ha sido uno de los asuntos centrales de la disputa interna. Esta fue de las cuestiones centrales ya del 15M en 2011, del que acabó surgiendo Podemos y otros movimientos a la izquierda del PSOE ahora fraccionada entre Sumar y el partido de Ione Belarra. De nuevo, la vivienda coloca la coalición en un momento de tensión política importante, aunque Pedro Sánchez trató de restar hierro al asunto este lunes en La Moncloa y confió en poder resolverlo internamente. La discusión es política y casi la misma desde 2019 ―cómo intervenir el mercado de la vivienda, en especial el del alquiler― pero ahora también jurídica.

Ante la realidad de que 1,6 millones de personas se van a ver afectadas por los 630.000 contratos de alquiler que se tienen que renovar en este año, según los datos que dio Sánchez y que antes había planteado Sumar, el sector socialista apuesta por un incentivo a los propietarios de hasta el 100% de lo que pagan en el IRPF por esas rentas del alquiler para que no las suban y Sumar exige una intervención directa, vía decreto, para congelar esas subidas como se hizo en pandemia.

La Moncloa sostiene que sus informes jurídicos, incluida una consulta a la Abogacía del Estado, señalan que esa congelación sería inconstitucional porque afectaría de forma retroactiva a contratos ya firmados y asegura que en 2020 se pudo hacer bajo el estado de alarma por la pandemia, pero ahora lo tumbaría el Constitucional y sería aún peor para los inquilinos. Sumar sostiene que no es así, y que esto es una excusa para no afrontar de raíz un problema grave y no tocar a los propietarios, que según señala el grupo de Yolanda Díaz son los grandes beneficiarios de la crisis de la vivienda al dispararse precios de venta y alquileres y, por tanto, no pueden además ahora recibir más regalos fiscales.

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Sumar no apoyará los incentivos fiscales a los propietarios que no suban el alquiler

Sumar lleva tres meses intentando convencer al PSOE, y ha hecho de esto una gran bandera, tanto que presentó su propia propuesta de decreto que incluía esta congelación. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y que ha liderado este proyecto, señaló este lunes que la propuesta de incentivos fiscales del PSOE es “injusta e ineficaz”. “La renta media de los caseros en España es prácticamente el doble que la de los inquilinos y esa brecha no para de aumentar. En esas circunstancias destinar recursos públicos a los propietarios y seguir agrandando esa brecha es injusto, y que lo haga un gobierno de izquierdas, inexplicable. La prórroga no debe ser opcional, y sobre todo no puede ser un premio a los `buenos caseros”, sentenció, aunque destacó en positivo otras medidas del decreto anunciado por Sánchez como “la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para impedir algunas de las formas de abuso más escandalosas que sufren inquilinos e inquilinas en este país”.

Sánchez se mostró aun así confiado en llegar a un pacto interno con Sumar antes de que este decreto llegue al Consejo de Ministros “en las próximas semanas”. El presidente explicó que este texto se ha hecho imprescindible porque muchas comunidades autónomas, todas las del PP, se niegan a aplicar la ley de vivienda que sí permitiría frenar esos aumentos de los alquileres.

“Por eso proponemos incentivar a los propietarios para no renovar al alza esos alquileres. Es un real decreto que vamos a trabajar con todos los socios, también con Sumar, pero necesitamos crear herramientas para contener esa revisión desmesurada. Pese al debate que hay, también dentro del Gobierno de coalición, estoy convencido de que los grupos aprobarán una medida que no enfrenta a propietarios e inquilinos”, explicó Sánchez. Ese es el corazón de la discusión política entre el PSOE y Sumar: los socialistas no quieren poner en guerra contra ellos a los propietarios, porque hay millones entre sus votantes, también con varias viviendas que alquilan como complemento al sueldo o la pensión, mientras Sumar insiste en que este sector ha sido el gran ganador de la crisis de la vivienda y al que hay que proteger es al de los inquilinos. Es un debate no resuelto y una gran disputa en la coalición, que además tiene otro añadido: se pacte lo que se pacte, Junts tiene la última palabra para su aprobación o no en el Congreso, y ya ha dejado muy claro que en cuestiones de vivienda está mucho más cerca del PP y Vox que de la mayoría progresista.

Además, este lunes Sánchez también defendió por primera vez el nuevo modelo de financiación autonómica, que está generando un gran rechazo no solo del PP sino también del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, al que ha contestado de alguna manera. “Once años después de caducado el modelo anterior, el Gobierno presenta uno nuevo que respeta la solidaridad, en el que todas las autonomías ganan, con el que podemos garantizar una financiación extra porque España está creciendo de manera robusta”, ha explicado.

“Este Gobierno ha dado más recursos que nunca, un 47% más. Este modelo aumenta en 21.000 millones de euros. De donde sale, de la renuncia de la Administración del Estado a financiar otras políticas, porque queremos que vayan a robustecer sanidad, dependencia, educación, vivienda, servicios sociales. De eso estamos hablando. No hay mejor manera de unir a los españoles que reforzando los servicios públicos, eso es lo que cohesiona una sociedad. Pedimos a los presidentes que dejen de un lado la disputa ideológica y piensen en sus ciudadanos, en cómo financiar los servicios públicos. Vamos a dialogar con todos”, remató.