La Autoridad Portuaria desahucia a una mujer vulnerable de 71 años del barco donde vivía en Las Palmas de Gran Canaria

A las 11 de la mañana, Puertos de Las Palmas cumplió su amenaza y con la ayuda de media docena de agentes de la Guardia Civil desalojó a Margarita, una mujer asturiana de 71 años que vivía sola desde hace cinco en su barco Claudine atracada en La Marina Las Palmas, conocida en Las Palmas de Gran Canaria como el muelle deportivo. Es el último capítulo, desarrollado bajo un ambiente de tensión y las protestas de diversos colectivos por el derecho a la vivienda, de la lucha que mantienen desde hace más de un año varios centenares de ciudadanos para seguir residiendo en sus barcos ante la aguda crisis de la vivienda. La mujer asegura no tener a dónde ir. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura estar prestando asistencia a la persona afectada y está “trabajando para garantizarle una solución habitacional adecuada” pese a no tener competencias.

Dos centenares de personas llevan más de un año litigando para no ser echados de las embarcaciones en las que residen, y denuncian tácticas de “amedrentamiento y acoso” por parte del organismo público. Puertos de Las Palmas Se basa, para ello, en sus propias ordenanzas, que prohíbe residir en las embarcaciones.

En el caso de Margarita, sin embargo, la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria ha alegado en un comunicado emitido este lunes que el desahucio de Margarita se debe a “motivos de conservación, higiene, flotabilidad y seguridad” del Claudine, y no al hecho de que su propietaria lo utilizara como vivienda. “La pintura del casco está en mal estado y tiene aluminosis, incrustaciones calcáreas y acumulación de residuos en la cubierta”, explica el organismo, y recalca que la embarcación “carece de los elementos de seguridad necesarios y puede poner en peligro la vida de la persona” que reside en ella.

“No es cierto”, asegura este martes en el muelle Antonio Pérez, otro de los residentes sobre los que pende el desahucio y portavoz de los afectados. “El barco está en perfectas condiciones y puede navegar con su motor. Se puede observar perfectamente. Es una excusa para asaltar a una persona vulnerable”.

Margarita es de origen asturiano, pero reside en Canarias desde 1990, según explican sus allegados. Trabajó como transportista. Su golpe más devastador se produjo en 2012, año en que perdió a su hijo por cáncer. “Creo que desde entonces se quedó tocada”, aseguran sus vecinos. Con su pensión no le daba para alquilar una casa y, menos aún, podía pensar en comprar una.

Tanto la organización Derecho al Techo y el movimiento Mi barco, mi casa presentes en todo momento en el lanzamiento, defienden que la comunicación no se ha realizado con al menos diez días de antelación, que no ha contado con presencia judicial y que Margarita ha sido informada del proceso “sin apoyo administrativo ni social, en un contexto de aislamiento, fragilidad y dificultades para gestionar trámites administrativos, circunstancia reconocida como un factor de vulnerabilidad en personas mayores que viven solas”.

En su comunicado, Puertos de Las Palmas asegura que “en el procedimiento judicial de entrada en domicilio, la propietaria no formuló alegaciones, así como tampoco manifestó situación de vulnerabilidad”. Por ello, explica, el procedimiento culminó en un auto fechado el 17 de noviembre, el cual autorizaba la entrada y la ejecución del lanzamiento en el plazo máximo de dos meses. “Es una pobre señora que se ha visto comida por las circunstancias y que ha sido engañada”, asevera Rafael, de 83 años, otra persona que batalla en los juzgados contra el desahucio.

El plazo vencía el sábado, pero las autoridades han decidido ejecutar el lanzamiento este martes. Poco después de las 10 de la mañana, media docena de agentes de la Guardia Civil bloquearon los accesos al pantalán donde residía Margarita. Dentro, agentes del cuerpo armado y de la Policía Portuaria, acompañados de la gerente de La Marina, Dácil La Camera, comenzaron a dialogar desde el pantalán con Margarita, asistida por dos personas del colectivo y bajo la mirada (y los gritos) de la veintena de asistentes. Una hora después, la Guardia Civil entró por la fuerza en la embarcación y desalojó a la septuagenaria, la cual fue introducida en una ambulancia del Servicio Canario de Salud antes de ser evacuada del Muelle Deportivo.

El Ayuntamiento de Las Palmas ha explicado este martes que el desahucio fue ejecutado por la Autoridad Portuaria en un espacio que no pertenece al término municipal y sobre el que no tiene competencias. El Consistorio, además, ha asegurado que la Autoridad Portuaria informó de los hechos a la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud mediante correo electrónico a las 09:50 de la mañana, indicándole que el lanzamiento se produciría el miércoles. “El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, ha explicado en nota de prensa la concejala Carmen Luz Vargas, “ha procedido a la intervención y el acompañamiento de la señora para ofrecer alojamiento temporal hasta que sea solventada dicha situación. Lo primero son las personas y con la intervención técnica se depurarán las alternativas”.

Batalla judicial

El caso de Margarita difiere, en cierta medida, del de las otras aproximadamente 50 personas —de los dos centenares de personas que viven en barcos—, que batallan en los juzgados por seguir residiendo en el Muelle Deportivo ante la emergencia habitacional que se da en las islas. “Después de dos o tres cartas de la Autoridad Portuaria, hemos acabado en los juzgados”.

Para justificar su decisión, el organismo dependiente del Ministerio de Fomento esgrime una ordenanza, aprobada casi exprofeso para llevar a cabo estos desahucios el 19 de diciembre de 2024 y publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 22 de enero siguiente. Este texto incide en su preámbulo en el uso habitacional de las instalaciones. “De seguir esta tendencia, la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas quedará relegada a la aparición de asentamientos de infraviviendas, como ya está sucediendo”.

“Es mentira que seamos chabolistas, aquí casi todos los barcos están en condiciones de navegar”, recalca Antonio Pérez, de origen madrileño, quien adquirió su barco Esperance en 2016, llegó al muelle deportivo en julio de ese año y tiene su puerto base aquí desde 2022. Sostiene que vivir en sus veleros está amparado tanto por la Constitución, el Tribunal Supremo como por la legislación europea. El pasado año constaban más de 250 personas como empadronadas en esta dársena, según el Ayuntamiento.