Los abogados de Ábalos renuncian a su defensa por desavenencias económicas

El exministro de Transportes José Luis Ábalos vuelve a quedarse sin abogados. Es la segunda vez que le ocurre y esta vez, el principal imputado del caso Koldo ha recibido la noticia en la prisión de Soto del Real (Madrid) donde se encuentra acusado de graves delitos de corrupción. La defensa que ejercía el despacho Chabaneix Abogados Penalistas ha renunciado a continuar en el procedimiento por desavenencias económicas, según confirman fuentes jurídicas.

El exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista y actual abogado del mencionado despacho cogió las riendas de la defensa de esta instrucción el pasado mes de octubre. En ese momento, Ábalos había roto con el que había sido su letrado desde el inicio, José Aníbal Álvarez, con quien en la última etapa tuvo fuertes discrepancias. Aníbal era partidario, por ejemplo, de que Ábalos abandonara su escaño para que la causa por la compra fraudulenta de mascarillas dejara de estar en el Tribunal Supremo y así ganar tiempo. Le había recomendado también iniciar una colaboración con la Fiscalía Anticorrupción que finalmente no llegó a término.

El escrito de renuncia de Bautista, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que ya ha sido presentado formalmente ante el Tribunal Supremo, no detalla los motivos de dicho desistimiento, si bien algunas fuentes jurídicas precisan que el político ha incurrido en el impago de los honorarios al despacho. El propio abogado ha acudido personalmente a la prisión madrileña este miércoles para comunicarle la decisión del despacho.

Esto abre un limbo legal, ya que el día 15 de enero, la próxima semana, habrá una vista en el Tribunal Supremo para revisar el recurso que había interpuesto el exministro contra la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente de enviarle a prisión provisional por riesgo de fuga. No es descartable que el exfiscal Bautista tenga que acudir a la cita si ningún abogado se hace cargo antes de la defensa. “Con el fin de no generar indefensión”, el letrado ha pedido igualmente al Supremo que “se paralicen los plazos procesales pendientes”.

Tanto Ábalos como el que fuera su asesor Koldo García permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, acusados del amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia y de haber dado acceso preferente en el Ministerio de Transportes al empresario Víctor de Aldama quien, a cambio, les obsequió con prebendas. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión y multa de más de 3,9 millones de euros para el exministro Ábalos, y otros 19,5 años y 3,9 millones de multa para quien fuera su asesor, Koldo García. Fuentes jurídicas prevén que el juicio se celebre durante la próxima primavera. Ambos están acusados de cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

El último encargo: el escrito de defensa

La renuncia del despacho ha sido presentada en el alto tribunal junto a un escrito de defensa de más de 70 páginas y una pericial de parte que los letrados han adjuntado casi como un último encargo. Dicho documento rebate todos los argumentos por los que Ábalos se deberá sentar en el banquillo y habla de vulneración del derecho a la defensa (“se ha cercenado de manera brutal”) porque el instructor no ha practicado muchas de las diligencias pedidas por el exministro y porque la acusación “se basa en la declaración de un pentito [en referencia al comisionista Víctor de Aldama] y en una hoja de anotaciones por él elaborada”.

“De lo hasta ahora actuado”, dice el escrito de defensa, se desprende que Ábalos ni “formó parte de una organización criminal con Koldo García, ni era jefe oficioso del arrepentido Víctor de Aldama, ni realizó ni llevó a cabo un plan criminal encaminado a la facilitación de contratos públicos a cambio de una comisión”. Y prueba de ello, dice, es que la empresa que suministró las mascarillas —Soluciones de Gestión, propiedad de Aldama— no solo se las vendió a Transportes, sino también a Interior y a las administraciones de Canarias y Baleares.

Entre los más de 60 testigos propuestos para el juicio, la defensa de Ábalos incluye, precisamente, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a quien fuera su número dos Rafael Pérez; a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al ministro Ángel Víctor Torres; al ex CEO de Air Europa Javier Hidalgo; o a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

El exministro se desvincula de cualquier favor a Air Europa y de cualquier gestión a la empresa de hidrocarburos Villafuel (vinculada a Aldama). También niega que el piso que el entorno del comisionista sufragó a Jésica Rodríguez (expareja de Ábalos) entre diciembre de 2019 y marzo de 2022 fuera por petición del exministro o que hayan existido irregularidades en la contratación de esta por parte de las empresas públicas Ineco y Tragsatec.