La Fiscalía reclama prisión sin fianza para Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han solicitado al juez que envíe a prisión sin fianza al exministro de Transportes, José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga. Ahora deberá ser el magistrado Leopoldo Puente el que tome la decisión. En ocasiones anteriores, el instructor ha asumido el criterio de Anticorrupción, que hasta ahora nunca le había solicitado que encarcelara al exministro del PSOE y actual diputado del Grupo Mixto. Tras la comparecencia de Ábalos le ha llegado el turno a su antiguo asesor, Koldo García, quien ha llegado al Supremo a las 12.25, cinco minutos antes de la hora a la que estaba citado.

Puente, instructor de la causa abierta por los supuestos amaños de contratos en torno al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, ha rechazado hasta ahora las peticiones que han hecho las acusaciones populares (agrupadas bajo la dirección del PP) para que envíe a prisión preventiva al exministro y a su antiguo asistente, pero la última vez que negó esa posibilidad, en octubre pasado, advirtió de que existía un riesgo “creciente” de fuga a medida que se acercaba la fecha de juicio. La vista oral está ya próxima una vez que Puente propuso el pasado 3 de noviembre sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por la supuesta trama corrupta centrada en la compraventa de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

Ese paso dado por el juez ha llevado a que Anticorrupción y las acusaciones populares presentaran la semana pasada sus escritos de acusación, en los que reclaman penas muy altas de cárcel para Ábalos (24 años la Fiscalía y 30 las acusaciones) y García (19 años y medio y 30, respectivamente). Y en esos escritos, ambas han solicitado al juez la celebración de una vista para revisar las medidas cautelares. La petición de penas elevadas de prisión es uno de los criterios que habitualmente se tienen en cuenta para valorar el riesgo de fuga, uno de los peligros que la ley permite conjurar con la prisión preventiva.

Fuentes judiciales señalan que, durante la vista celebrada este jueves Ábalos ha pedido la palabra para decir que no se iba a fugar porque tiene dinero ni dónde ir. Su abogado, por su parte, ha dicho que el ingreso en prisión preventiva supondría una vulneración del derecho de los diputados a la representación política.

Anticorrupción acusa a Ábalos y Koldo García de cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además de las penas de cárcel, el ministerio público reclama para ellos una multa superior a los 3,9 millones de euros y una indemnización de 34.477,86 euros de forma subsidiaria entre Ábalos y García para Ineco y 9.500,54 euros para Tragsatec, las dos empresas públicas en las que, supuestamente, la trama enchufó a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Para Aldama, el ministerio público solo pide 7 años de cárcel al aplicarle la atenuante de confesión, ya que se ha autoinculpado en el caso y ha entregado documentación que, según Luzón, aporta “información relevante” para la investigación.

Hasta ahora, el único miembro de la trama corrupta que tuvo su epicentro en Transportes que ha estado en prisión ha sido Santos Cerdán, a quien el juez mandó a la cárcel sin opción de fianza el 30 de junio pasado y mantuvo encarcelado hasta el pasado 19 de noviembre. En su caso, el instructor no justificó esta medida por riesgo de fuga, sino de destrucción de pruebas, debido a su papel de “cierta preeminencia” dentro de la trama. Cerdán quedó en libertad después de que la Guardia Civil registrara las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid y otras empresas vinculadas a la trama, donde requisaron dispositivos electrónicos y documentación.